La Audiencia de Barcelona se declara incompetente, por 25 votos contra 13, sobre la querella por Banca Catalana
El Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona decidió ayer, por 25 votos contra 13, declararse incompetente para tratar sobre la querella instada contra Jordi Pujol y otros 24 antiguos directivos de Banca Catalana. Los fiscales encargados del caso, José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, presentarán en breve un recurso de súplica ante la misma Audiencia insistiendo en la competencia del mencionado pleno para tratar de los temas relativos a parlamentarios catalanes. En la hipótesis de que la Audiencia desatendiera las razones de los fiscales y no se declarase competente para entender del asunto, la querella se trasladaría a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que debería designar el órgano competente para entender del caso.
El Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona, máximo órgano de justicia en Cataluña, inició a las 12.40 horas su reunión para examinar la querella presentada por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida en Banca Catalana. La sesión, qué duró aproximadamente una hora, se celebró a puerta cerrada en la Sección Quinta de lo Penal, antigua sede del Tribunal de Cassació de Catalunya en la época republicana, mientras numerosos periodistas, abogados y procuradores esperaban el acuerdo del pleno en los pasillos contiguos a la sala.La reunión estuvo presidida por el presidente de la Audiencia Territorial, Cesáreo Rodríguez Aguilera, y a la misma asistieron un total de 38 magistrados, de los 42 asignados a Barcelona. Entre los ausentes se encontraban el presidente de la Sección Primera de lo Penal, Manuel Derqui Balbuena, que se encuentra enfermo desde hace varias semanas; Francisco Javier Béjar García, que está de permiso tras su reciente matrimonio, y Luis María Díaz de Valcárcel, que se halla en Madrid, en comisión de servicios.
El presidente de la Audiencia Territorial abrió la sesión con la lectura de la querella, redactada en 25 folios, y a la que se adjuntan más de 1.000 documentos. A continuación se produjo un debate sobre la competencia o no del pleno para tratar el tema. En el debate intervinieron tres magistrados: el presidente de la Audiencia Provincial, Alfonso Hernández Pardo, y los magistrados de lo penal Francisco Talón Martínez y Terenciano Álvarez Pérez. Estos dos últimos sostuvieron, desde dos ópticas diferentes, que el pleno de la Audiencia Territorial no era el órgano competente para tratar el tema y que el caso debía remitirse a la Sala Segunda del Tribunal Supremo o a la Audiencia Nacional.
Cambios de opinión
Alfonso Hernández Pardo reclamó la competencia para el Pleno de la Audiencia Territorial. Los partidarios de que se adoptara esta postura, después de escuchar las palabras de este magistrado especializado en Derecho Procesal, decidieron no hacer uso del segundo turno de interpelación, por considerar que sus posiciones habían quedado fielmente resumidas y recogidas en las palabras del presidente de la Audiencia Provincial. Se alinearon en defensa de la competencia del pleno en el asunto la derecha sociológica, determinados sectores ideológicamente próximos al nacionalismo de Convergència y los que parecían preocupados por la situación de "inseguridad jurídica" provocada en torno al presidente de la Generalitat.
La votación, como en casos similares, se realizó de forma nominal, lo que permitió comprobar cómo algunos de los magistrados cambiaba de opinión en relación a la sesión del pasado 3 de mayo, cuando votaron afirmativamente sobre la competencia para tratar el asunto de la querella por injurias presentada contra Pujol por Josep Maria Bricall, entonces candidato independiente en las listas socialistas al Parlament. En aquella ocasión asistieron a la reunión 36 magistrados y, por sólo tres votos, acordaron declararse incompetentes. Esta resolución provocó que un sector del pleno firmara un segundo auto en el que hacía constar su voto reservado, reclamaba la competencia del caso y manifestaba su preocupación por el "vacío legal" y la situación de "inseguridad jurídica creada en torno al presidente de la Generalitat, y urgía la formación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Pero lo que más llamó la atención ayer fue comprobar cómo incluso alguno de los magistrados que habían firmado el voto reservado el pasado día 3 de mayo, reclamando la competencia sobre el asunto, votaba en favor de la declaración de Incompetencia, sin que aparentemente se hubieran aportado nuevos datos y argumentos.
Una hora más tarde, y una vez finalizada la reunión, el presidente dé la Audiencia Territorial, Cesáreo Rodríguez Aguilera, dio a conocer un escueto comunicado que calificó como de "muy breve" y de "sencillo". Aseguró que previamente a la votación se había leído el texto íntegro de la querella y que a continuación se intercambiaron impresiones por parte de algunos miembros del tribunal, pasando después a la votación, con la que se decidió declararse no competentes adoptándose este acuerdo por mayoría. Cesáreo Rodríguez Aguilera se negó a ampliar cualquier otro aspecto de la sesión.
Joan Piqué Vidal, abogado de Pujol, manifestó su preocupación por la situación de "inseguridad jurídica" creada en tomo al presidente de la Generalitat, aunque dijo no estar sorprendido por la resolución, por cuanto significa una decisión coherente con la adoptada en casos similares por la Audiencia, que siempre se ha declarado incompetente para tratar los temas que afectan a parlamentarios.
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