Los diputados del PDP siguieron ausentes en el final de la discusión sobre función pública
Socialistas y conservadores covirtieron en un segundo debate de totalidad la discusión de la parte final del proyecto de ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y repitieron los argumentos de fondo de la primera sesión. Fue aceptada una enmíenda de supresión al preámbulo de ley que separadamente presentaron populares y catalanes; y del hemiciclo estuvieron ausentes, de nuevo, los diputados del Grupo Popular pertenecientes al Partido Demócrata Popular (véase EL PAIS de ayer).Miguel Herrero, del Grupo Popular, volvió a acusar al Gobierno de desprofesionalizar la función pública y de politizarla. Incluso acusó al socialista Eduardo Martín Toval de haber hecho buena carrera administrativa por medio de la política. Martín Toval respondió rápidamente que su carrera la había hecho bajo el franquismo y con la persecución de todos los delegados de Trabajo de Barcelona. Miguel Herrero, del Grupo Popular, insistió en que en todo el proceso de la ley los funcionarios han sido marginados. Martín Tova¡ reafirmó que la ley establece una carrera administrativa más profesionalizada y garante de los derechos del funcionariado.
La cuestión autonómica la replanteó el Andoni Monforte, del Grupo Vasco, quien expuso que la cuota de solidaridad de las comunidades autónomas obliga a a aceptar el personal excedente, pero esta cuota no contiene cuantías ni plazos. El diputado conservador Javier Gómara, de la Unión del Pueblo Navarro, defendió a título individual, lo que no pudo hacer Julen Guimón, del PDP, el derecho foral navarro, que permite una función pública propia.
Los socialistas sólo aceptaron la enmienda de supresión por la que desapareció del texto la frase "y a las reivindicaciones más profundamente sentidas por nuestros funcionarios". Pero la admisión de esta enmienda la matizaron los socialistas diciendo que, aunque era idéntica la presentada por populares y catalanes, la votaban por los argumentos de éstos.
En el problema económico de las jubilaciones, los conservadores pidieron que se aplique a los funcionarios, en la pensión, tanto el concepto de retribución básica como el complementario. Arturo García Tizón, del Grupo Popular, consideró que el proyecto no acomete la previsión social de los funcionarios y es una arbitrariedad y una injusticia que no estén debidamente reguladas. Para los 15.000 funcionarios que van a ser jubilados forzosamente, por cumplir los 65 años o haberlos rebasado, el diputado popular aseguró que van a ver reducidas sus percepciones en más de un 40%.
Fernando Gimeno aseguró que existen niveles de pensionistas en los que se perciben 104.000 por devengos salariales y 110.000 de la mutualidad. La pensión media de las clases pasivas del funcionariado está en las 49.000 pesetas, mientras que en el régimen general de la Seguridad Social la media está en las 18.000. Para Llibert Cuatrecasas, de la Minoría Catalana, es necesario sentar el principio de que el salario base sea acorde con los ingresos reales.
