La Audiencia de Barcelona examinó 12 recursos de apelación por fraude a la Seguridad Social

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia de Barcelona examinó ayer 12 recursos de apelación interpuestos por empresarios procesados por su presunta intervención en el fraude a la Seguridad Social, cuyo montante total ascendió a más de 3.000 millones de pesetas. Mientras el fiscal y la acusación popular ejercida por el sindicato de CC OO de Cataluña mantuvieron sus tesis iniciales sobre la participación de los procesados en los delitos de cohecho, falsedad en documento público y estafa, los abogados defensores alegaron la improcedencia de los procesamientos y reclamaron la revocación de los autos correspondientes.Los recursos de apelación contra los procesamientos examinados ayer habían sido interpuestos por los empresarios y directivos Vicente Gil García, empresario individual; Luis Agustí Sans, de Agustí Lámparas, SA; Manuel Rodríguez Cruz y José Ortiz Almansa, del grupo Ortiplás, SA, Estudios Gema, SA, y Gema 1, SA; Marlo Travelini, fallecido hace pocos meses y representante de Elbi, SA; Pedro Morilla Sagués, de Hilados Dusol, SA; Antonio Almirall, de Almar, SA, y Suministros Cerármicos del Vallés, SA; José Delgado Garrido, de Textil Roger Dieste, SA; Ernesto Santacana y Francisco Javier Masana, de Fábrica Electrotécnica Josa, SA; y Pedro Prat González y Arsenio Méndez de Vives Vidal, SA.

En total, las cantidades supuestamente defraudadas por la totalidad de las empresas representadas en los recursos de ayer ascendía a cerca de 283 millones de pesetas. La mayoría de los procesados representan a pequeñas empresas de diversos sectores industriales. Fábrica Electrotécnica Josa, SA, de Rubí, es la de mayor dimensión y también la presuntamente implicada en mayor medida en el fraude, por un total de 175 millones de pesetas.

Los abogados de los procesados insistieron en que no ha existido defraudación, sino únicamente levantamientos casuales de requerimientos de pago de cuotas a la Seguridad Social por debajo de las cantidades debidas, sin que en ello interviniera la voluntad de sus defendidos. Afirmaron por ello que, al menos en sus respectivos casos, los procesados no fueron autores ni participaron en los delitos de falsedad, cohecho y estafa. El abogado Joan Coscubiela, en representación de la acción popular ejercida por CCOO, argumentó, por el contrario, que todos los procesados conocían el delito y se beneficiaron de él, en tanto que ingresaron a la Seguridad Social cantidades ostensiblemente inferiores a las debidas, tras haber influido para que ello fuera así, mediante el cohecho y la falsificación de documentos.

20 recursos de apelación

Un total de 20 recursos de apelación contra los procesamientos, que afectan a más de 100 empresas catalanas, han sido ya vistos ante la Audiencia Provincial de Barcelona desde junio de 1983 hasta la actualidad. La Sala confirmó los procesamientos de todos los recurrentes, excepto en el caso de Fausto Berini Geli, directivo de la empresa J. Coma Cross, SA, del grupo Juncadella, aunque mantuvo asimismo los procesamientos de Francisco Bayón y Javier Juncadella, de la misma empresa, por considerar que estos últimos tuvieron presuntamente la actuación principal en aquel caso.Un total de 18.803 trabajadores resultaron afectados por actas fraudulentas a la Seguridad Social, según un balance provisional efectuado por la acusación popular de CC OO. Los requerimientos correspondieron a 125 empresas y significaron una defraudación de 3.443 millones de pesetas. La fase instructora del ya gigantesco sumario, cuyo volumen supera los 14.000 folios, se prolonga desde enero de 1983, a causa de la gran cantidad de personas implicadas y recursos de apelación interpuestos, de los que sólo una pequeña parte han sido examinados por la Audiencia de Barcelona.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona dictó un total de 73 procesamientos, 58 de los cuales corresponden a empresarios y directivos de empresa, tres inspectores de Trabajo, dos abogados, dos graduados sociales, seis asesores intermediarios y dos funcionarios. La principal implicación en el fraude se atribuye a 10 personas, que actuaron de forma múltiple en los hechos. Entre éstos se encuentra el ex delegado de Trabajo en funciones de Barcelona, Graciniano Gómez Catón, y el inspector de Trabajo Ramón Ballesteros, ambos huidos de España desde el descubrimiento de la defraudación.