Los últimos presidentes de la diputación creen que la auditoría no revelará irregularidades

El anuncio de que el Tribunal de Cuentas realizará una auditoría sobre los ejercicios de la extinguida Diputación Provincial comprendidos entre 1975 y el 14 de junio de 1983, fecha de su disolución en la nueva Comunidad Autónoma de Madrid, ha sido recibido con aparente indiferencia por los actuales gestores de la Comunidad de Madrid y por los últimos presidentes de la diputación, quienes en general consideran que no se detectarán irregularidades importantes.César Cimadevilla, actual vicepresidente del Gobierno regional y presidente de la Diputación los últimos cuatro meses de su existencia, manifestó que le parece bien la auditoría. "Hasta lo que yo sé, no hay problemas. Nuestra actuación fue correctísima y estuvo sometida a intervención".

"Creo que es un procedimiento sano. No sólo me parece muy bien sino que estimo que los ciudadanos tienen el derecho a estar informados de cómo se administran sus fondos", manifestó por su parte Carlos Revilla, ex presidente de la Diputación, elegido por el PSOE, y actual presidente de la federación madrileña del Centro Democrático y Social. "Durante el tiempo que yo estuve al frente de la Diputación, entre abril de 1979 y octubre de 1980", añadió Revilla, "no hubo ninguna irregularidad ni la hubiera consentido".

José María Rodríguez Colorado, actual gobernador de Madrid y presidente de la Diputación en los años 1981 y 1982, manifestó que no eonoce los motivos de la petición del Grupo Popular. "Si es porque disponen de indicios de que se cometió alguna irregularidad, no tengo ningún temor y asumo la responsabilidad de mi mandato Si lo hacen sólo por cuestión de orden, pienso que la generalización del procedimiento bloquearía el Tribunal de Cuentas".

Del Grupo Popular

La realización de la auditoría, que obligará a mover miles de papeles, había sido pedida en 1983 por el Grupo Popular en una proposición no de ley que desestimó el Grupo Socialista, mayoritario en la Asamblea Legislativa regional. Entonces los socialistas argumentaron que no era necesario contratar los servicios de los miembros del Instituto de Censores de Cuentas de España y que para hacer una auditoría como la que se pedía estaba el Tribunal de Cuentas.Gabriel Usera, diputado del Grupo Popular, que defendió la citada proposición no de ley, manifestó ayer que su grupo se puso en contacto con el Tribunal de Cuentas, al que solicitó un estudio de las cuentas. "La respuesta confirma que un cambio de situación como el paso de la diputación a la Comunidad Autónoma exigía un análisis claro de lo que se recibía". Usera añadió que con este estudio "se aclarará el alcance de las adjudicaciones de obras sin concurso y el estado de las cuentas que recibió la Comunidad".

""Se han visto cogidos en su propio juego. Sólo puedo expresar mi satisfacción", manifestó Luis Guillerrno Perinat, portavoz del Grupo Popular. "Tenemos que saber de qué base partimos. No queremos hacer frente a posibles irregularidades por el sólo hecho de heredarlas", dijo.