Boyer asegura que no hubo "intencionalidad política" en la acción del fiscal
"No creo que haya habido jamás en España menos intencionalidad política en un expediente judicial que en el caso de Banca Catalana", declaró ayer el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, en el acto de inauguración de un seminario sobre hacienda organizado para periodistas, en El Paular, situado en las cercanías de Madrid.El ministro negó que hubiera dicho que no existían responsabilidades penales y recordó sus afirmaciones del 16 de junio de 1983 ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, en el sentido de que el Gobierno tenía indicios de responsabilidades graves en Banca Catalana.
Frente a las versiones ofrecidas en algunos medios políticos de la oposición, Boyer aseguró: "jamás he dicho que no hubiese responsabilidades, sino que el Gobierno respetaría el procedimiento establecido en casos anteriores", mediante el envío de los informes procedentes del Banco de España al Ministerio Fiscal.
El ministro de Economía y Hacienda añadió que, por otra parte, "jamás me he permitido nombrar a personas, porque esto sería", dijo, "una extralimitación de mis funciones". Preguntado sobre si existía semejanza entre los casos de José María Ruiz-Mateos y Jordi Pujol, respondió tajantemente: "No lo creo".
En la sesión informativa celebrada el 16 de junio de 1983 por la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, a la que hizo referencia ayer Miguel Boyer, el citado ministro manifestó (véase EL PAIS del 17 de junio de 1983): "El Gobierno tiene indicios de irregularidades graves en Banca Catalana y por ello solicitó el pasado 19 de mayo al Banco de España que le remitiera toda la información para la posible depuración de responsabilidades de los antiguos administradores de la entidad".
Irregularidades mayores
Boyer explicó entonces que las irregularidades detectadas no eran muy diferentes a las descubiertas en otras entidades financieras en crisis, aunque con la peculiaridad de que el grupo Catalana era muy grande y por ello las irregularidades eran mayores.Informó el ministro de Economía y Hacienda que el motivo de solicitar la información al Banco de España era su ulterior traslado a la fiscalía general del Estado, por si hubiera que depurar responsabilidades de cualquier índole.
El ministro de Economía y Hacienda consideró que la iniciativa privada era capaz de gestionar mejor el cobro de los 51.000 millones de pesetas de morosos de lo que lo pudiera hacer la Administración, que por otra parte evitaba asumir unas pérdidas equivalentes a unos 41.000 millones de pesetas aproximadamente.
La decisión gubernamental de no ejercitar el derecho de adquisición preferente fue objeto de la felicitación por parte de los diferentes grupos de la oposición.
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