Vecinos de la cooperativa de viviendas Pablo Iglesias denuncian al juzgado supuestas irregularidades económicas

La Asociación de Vecinos de la urbanización construida en Rivas-Vaciamadrid por la coperativa Pablo Iglesias, cuyas primeras viviendas se entregaron hace año y medio, ha presentado denuncia ante un Juzgado de Madrid contra el anterior consejo rector de la cooperativa, que presidía Ramón Muñagorri, por entender que durante su gestión se han cometido irregularidades económicas que pueden ser constitutivas de delito.

Una denuncia similar, ampliada con otras presuntas irregularidades de tipo administrativo, se ha presentado en la Unión Territorial de Cooperativas (Uteco), y otras más se han ido presentado a lo largo de este año ante la dirección provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU). Al cierre de esta edición no había sido posible hablar con los denunciados para conocer su versión de lo ocurrido.La cooperativa de viviendas Pablo Iglesias, situada en el kilómetro 15 de la carretera de Valencia, en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid, está formada por 939 socios. Fue promovida por militantes o simpatizantes del PSOE, si bien posteriormente se sumaron otras personas y luego fueron publicados anuncios en la Prensa para atraer a nuevos cooperativistas. En su día, se presentó como "algo más que una cooperativa", una urbanización de gentes de izquierda, con un arraigado sentimiento de convivencia democrática y de claridad en la gestión de los asuntos comunes.

"Ha sido esta quiebra de la convivencia, además de las irregularidades económicas, lo que ha afectado también profundamente a un sector de los cooperativistas, que no lo éramos sólo por conseguir una vivienda a buen precio", afirma Luis Vega, presidente de la asociación de vecinos y primero de los firmantes de la denuncia. Otro grupo de unos 120 socios ha firmado un documento en el que expresa su apoyo a los denunciantes.

La denuncia presentada ante el juzgado de guardia se centra en dos presuntas irregularidades. La primera, el pago que hizo el consejo rector de la cooperativa, sin conocimiento de los socios, de una factura por importe de 19.467.000 pesetas -10 millones en una letra y el resto en metálico-, a favor de la empresa Muebles Ayala. Esta firma había suministrado 200 cocinas que luego no se logró hacer funcionar, según la denuncia. La empresa en cuestión no ha cambiado las cocinas, cuyo importe, según los denunciantes, ha corrido a cargo de todos los cooperativistas, no sólo de quienes las recibieron.

Deforma similar, sin autorización de la asamblea general, el consejo rector que presidía Muñagorri prestó 4.700.000 pesetas a la cooperativa de alimentación Copima, y otras 1.585.000 pesetas a la guardería de la cooperativa Pablo Iglesias.

El 10 de mayo pasado, 132 cooperativistas presentaron otras tantas denuncias ante la delegación provincial del MOPU. Cada uno de ellos daba cuenta de las deficiencias de construcción en sus casas: fisuras en las paredes interiores y exteriores, goteras, entradas de agua de lluvia por puertas y ventanas mal encajadas, y malos olores provenientes de unos servicios defectuosos, entre otros aspectos. De estas deficiencias hacen responsable al arquitecto Manuel Ayllón.

Piscina ilegal

En agosto de 1983 la cooperativa tuvo que realizar un gasto de 30 millones de pesetas para pintar de nuevo las fachadas, que se habían deteriorado en muy poco tiempo. Flor otra parte, las viviendas, que estaban presupuestadas en 2.800.000 pesetas por

término medio, han subido a 4.100.000. De todo este cúmulo de presuntas anomalías se dio cuenta a Alfonso Guerra, vicesecretario general del PSOE, unos días antes de las elecciones municipales de mayo de 1983.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se ha negado, según los denunciantes, a recepcionar la urbanización, ante las deficiencias que presenta. El ayuntamiento teme, al parecer, que asumir las obras le obligue a efectuar gastos de reparación y mantenimiento que rebasen su capacidad económica.

Por último, la presunta mala gestión de los responsables de la cooperativa, según los denunciantes, se refleja en la existencia de una piscina ilegal, instalada sobre terrenos cuya calificación urbanística prohíbe cualquier construcción. Así consta en la carta de fecha 28 de abril de 1983 que Eduardo Mangada, entonces delegado del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana (Coplaco), envió al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid para informar de la denegación de la correspondiente licencia, solicitada cuando la piscina ya estaba en obras. Tres meses depués de que se recibiera la denegación de licencia, la piscina fue solemnemente inaugurada.