Riesgos para la coordinación administrativa entre el Estado y las comunidades autónomas

Las concesiones hechas por el PSOE a las minorías nacionalistas en ponencia y comisión, tras la ruptura de las negociaciones con el Grupo Popular, pueden poner en riesgo la necesaria homogeneidad a nivel estatal de determinadas funciones básicas de la Administración y la movilidad de los funcionarios. En este punto coinciden varios sindicatos y diputados del Grupo Popular, que advierten que se puede producir un desmembramiento administrativo del Estado si los Parlamentos autonómicos, a falta de unas bases comunes que racionalicen todas las administraciones, comienzan a legislar sobre sus propios funcionarios.El adelanto en cinco años de la edad de jubilación forzosa de los funcionarios también se explica, incluso por parte de algún diputado socialista, en la necesidad de facilitar el proceso de transferencias a las comunidades autónomas. La medida va a afectara unos 11.000 funcionarios, lo que supone un buen número de vacantes -aunque algunos puestos se amortizarán- que podrán ser cubiertas por las propias comunidades autónomas.

La disposición transitoria octava del proyecto de reforma administrativa, que también provoca fuertes críticas de los sindicatos, establece que "hasta que se concluyan las transferencias de medios personales a las comunidades autónomas, no se podrán convocar vacantes en los servicios centrales para ser cubiertas por personal con destino en los servicios periféricos", y que "el personal en comisión de servicios se considerará destinado en su puesto de origen".

Esta disposición, calificada como "restos del naufragio de la LOAPA" por el PNV, asegurará, sin embargo, funcionarios suficientes a muchas comunidades autónomas (Castilla-León, Castilla-La Mancha, etcétera).