La fiscalía tiene ya preparada la querella contra Jordi Pujol y otros antiguos directivos de Banca Catalana

El ministerio fiscal tiene ya preparada la querella criminal contra Jordi Pujol y otros antiguos directivos de Banca Catalana por las responsabilidades contraídas en su gestión con anterioridad a la adquisición de esta entidad por el Banco de Vizcaya, según ha sabido este periódico de fuentes solventes de la fiscalía. Está previsto que la querella sea anunciada el martes próximo y se interponga al día siguiente. El propio fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, dio ayer su conformidad a la querella, que deberá formalizar el fiscal-jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona, Alejandro Sanvicente.

A falta de los últimos detalles técnicos sobre las concretas acusaciones que se dirigirán contra un total que puede aproximarse a las 30 personas, las imputaciones que por el momento se considera que figurarán en la querella son las de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida, entre otros delitos económicos. La implicación de Jordi Pujol, actual presidente de la Generalitat, podría ir desde el grado de complicidad hasta el de autoría en los delitos mencionados de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Los presuntos hechos objeto de la querella se remontan hasta 1968. Pujol ha expresado que se desvinculó formalmente de la entidad en 1977. La prescripción de las figuras delictivas de referencia, cuando el montante supera las 600.000 pesetas, es de 10 años.En todo caso, la acusación no se referirá a conductas personales de los querellados, sino a su participación en determinadas actuaciones irregulares, en su calidad de miembros del Consejo de Administración de Banca Catalana. La competencia de la Audiencia Territorial de Barcelona es consecuencia de la implicación de Jordi Pujol, cuya condición de miembro del Parlamento de Cataluña exige que la decisión sobre su inculpación o procesamiento sea adoptada según establece el Estatuto de autonomía de Cataluña, por el Tribunal Superior de Justicia catalán, y, hasta tanto exista éste, por el Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona, que asume mientras tanto sus futuras competencias. Pero, desempeñando ese papel, en una reciente querella contra Pujol, el Pleno de la Audiencia se declaró no competente.

Actuación de los fiscales

La investigación sobre las irregularidades en la anterior gestión de Banca Catalana fue encomendada a principio del pasado mes de marzo a los fiscales de la Audiencia de Barcelona Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena Álvarez, tras largos meses de paralización. Después de un largo estudio, en el que utilizaron como instrumento esencial de trabajo un extenso informe del Banco de España, los dos fiscales citados culminaron su trabajo el 24 de abril, pero el fiscal-jefe, Alejandro Sanvicente, hasta el momento no ha asumido el1rabajo de sus subordinados y no ha formalizado la querella.

En la mañana de ayer, Carlos Jiménez-Villarejo y José María Mena se entrevistaron en Madrid con Luis Antonio Burón; fiscal general del Estado, y con otros miembros de la fiscalía, para estudiar el extenso informe realizado por los dos fiscales, del que se deduce la apreciación de indicios delictivos en la actuación de los anteriores responsables de Banca Catalana. Los reunidos se mostraron sensibles a perseguir los delitos económicos, sean quienes sean los implicados. La discusión, de casi dos horas de duración, se centró desde un principio, por expresa voluntad del fiscal general del Estado, en los aspectos técnico-jurídicos de la querella.

Ante las posibles resistencias de Sanvicente a asumir la presentación de la querella, Luis Antonio Burón decidió ayer cursarle instrucciones por escrito, para que formalice el escrito de acusación. En la reunión citada, se acordó comunicar a la opinión pública la presentación de la querella el próximo martes, mediante una nota de Prensa que difundirá la propia Fiscalía General del Estado. Asimismo, se decidió que la querella sea presentada ante la Audiencia Territorial. de Barcelona al día siguiente, miércoles.

El PAÍS intentó confirmar la noticia con el fiscal general del Estado, pero no fue posible encontrarle en su despacho oficial ni en su domicilio, a pesar de las insistentes llamadas. Fuentes de la fiscalía confirmaron la voluntad de presentar la querella, aunque expresaron su escepticismo sobre la viabilidad de su tramitación. "No sabemos dónde ni quién la parará, pero estamos seguros de que no seguirá adelante", señalaron estas fuentes.