Una recusación política

La recusación del juez José Luis Barragán, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, por seis de los 10 guardias civiles citados para un careo, acusados de presuntos malos tratos, ha suscitado sorpresa en diversos sectores jurídicos e indignación en medios progresistas de la judicatura.En tales medios se pone en contraste la intachable trayectoria jurídica y democrática del magistrado y la profesionalidad de José Antonio Suárez, el abogado que ha recurrido a descalificaciones políticas propias de la etapa franquista para que sus defendidos rehuyan una diligencia judicial.

José Luis Barragán, natural de Ciudad Real, de 28 años, soltero, ingresó en la carrera judicial en 1980 y acreditó su profesionalidad en sus anteriores destinos en el juzgado canario de Los Llanos de Aridane y en Denia (Alicante), así como en su actual juzgado de San Sebastián, en donde ha quedado repetidamente de manifiesto su voluntad de cumplir y hacer cumplir los preceptos de la Constitución. Es miembro de Jueces para la Democracia, corriente progresista de la magistratura.

El magistrado recusado ha investigado repetidamente las denuncias de torturas y ha llegado a iniciar diligencias contra el director general de la Guardia Civil, teniente general José Sáenz de Santa María, por el posible delito de denegación de auxilio a la justicia, con ocasión de la repetida no comparecencia de los guardias civiles llamados a efectuar una diligencia de careo por el presunto delito de torturas. Esta actitud de escrupuloso cumplimiento de la ley ha sido convertida en el escrito redactado por el abogado José Antonio Suárez en un argumento para la recusación del magistrado.

En cuanto a la imputación de pertenencia a la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), Jaime Pastor, dirigente de este partido, declaró desconocer este extremo, que estimó en cualquier caso irrelevante, ya que la LCR es un partido legal desde 1977 y luchó durante la etapa franquista por la implantación de la democracia en nuestro país. Barragán, de ideología izquierdista, no ha estado afiliado a ningún partido.

Pero es cierto, que como tantos estudiantes que hoy ocupan puestos de responsabilidad en la vida española, fue detenido en 1975 en Madrid, durante una manifestación universitaria, y se le impuso una multa gubernativa de 50.000 pesetas, que en aplicación de la legislación de orden público, fue sustituida por un arresto en la cárcel de Carabanchel.