Falsa amenaza de bomba en el careo ante un juez de 12 guardias civiles supuestamente implicados en torturas

Los 12 guardias civiles reclamados por un juzgado de San Sebastián en relación con las diligencias instruidas por un supuesto delito de torturas, del que habría sido víctima en enero de 1982 la vecina de Guetaria Juana Goikoetxea Azcue, declararon a lo largo del día de ayer ante José María Gómez y Díaz de Castroverde, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de esta ciudad. Una falsa amenaza de bomba, recibida minutos antes de las 13.30 horas, provocó el desalojo del Palacio de Justicia, pero no consiguió interrumpir el careo. Los guardias civiles no habían comparecido a su primera citación judicial alegando necesidades del servicio.

La instrucción de estas diligencias correspondía, en principio, al Juzgado de Instrucción número 1, cuyo titular, José Luis Barragán, fue recusado el miércoles por seis de los 12 guardias civiles que prestaron ayer declaración. La Audiencia Provincial deberá pronunciarse en fechas próximas sobre el fundamento de la recusación presentada por el abogado de la defensa, José Antonio Suárez de la Dehesa.La denunciante, una mujer de 55 años, fue puesta en libertad sin cargo alguno tras haber permanecido nueve días sometida a la legislación antiterrorista en dependencias de la Guardia Civil en San Sebastián y en Madrid.

En el escrito de recusación se atribuye a este magistrado una actitud de enemistad manifiesta para con la Guardia Civil, se invoca a unos supuestos antecedentes policiales y se valor a como trascendental el hecho de que el magistrado haya sido expedientado, junto con otros miembros de la Junta de Jueces de San Sebastián, por el Consejo General del Poder Judicial. Los argumentos del abogado de los guardias civiles han suscitado gran malestar entre los jueces donostiarras y los funcionarios judiciales.

Durante el careo celebrado ayer, Juana Goikoetxea, Azcue reconoció a varios de los guardias civiles que presuntamente la torturaron durante los interrogatorios que tuvieron lugar en la comandancia de San Sebastián.

Relato estremecedor

Los acusados esgrimieron la teoría de que las lesiones que sufrió la mujer debió de habérselas producido en el momento de su detención o negaron haberla conocido con anterioridad. Según los informes médicos facilitados por la acusación, las lesiones tardaron más de 400 días en curar e incapacitaron a la denunciante para realizar su actividad laboral durante un período de seis meses. Juana Goikoetxea Azcue padece todavía secuelas de tipo nervioso, según afirman los médicos. Fuera de la sala, a pocos metros del lugar donde permanecía el grupo de guardias civiles, Juana Goikoetxea manifestó a los informadores, en una de las bre ves interrupciones del careo, que los guardias que la interrogaron en enero de 1982 trataron en todo momento de relacionarla con las actividades de un familiar suyo que se encuentra huido e Francia. Ofreció un relato estre mecedor de sus supuestas torturas y dijo que prefería morir antes que volver a pasar por una experiencia semejante. "Los cuatro primeros días, me mantuvieron haciendo flexiones, y cada vez que me caía agotada o no las hacía lo rápido que ellos querían, me daban patadas y me arrastraban cogiéndome de los pelos. Me dejaron calva y todavía me llamaban sucia porque decían que les había dejado el suelo perdido de mechones y de pelos"."El primer día", señaló Juana Goikoetxea, "me dieron sopa, pero luego me tuvieron tres días sin comer ni beber, y casi sin dormir; al cuarto, me trajeron un bocadillo, pero, como no podía tragar nada, tuve que esperar a que me dejaran beber un poco de agua". La mujer afirmó que sus interrogadores la sometieron a la bañera y a otras prácticas de tortura, además de llevarla al monte en vanas ocasiones y de disparar muy cerca de ella.

De otra parte, medio centenar de intelectuales, artistas, profesionales y políticos de Euskadi han hecho pública su solidaridad con los cuatro magistrados, miembros de la Junta de Jueces de San Sebastián, expedientados semanas atrás tras la publicación de un acuerdo en el que denunciaban la práctica de la tortura en el País Vasco. Estas personas, entre las que figuran Gabriel Celaya, José Ramón Rekalde, Fernando Savater, Eduardo Chillida, Juan Maxía Bandrés y Manuel Tuñón de Lara, sostienen que el acuerdo adoptado por los jueces expedientados muestra una actitud de defensa de la independencia y la dignidad de la justicia.