La Audiencia Nacional pide al Gobierno español que tramite la solicitud de extradición de Ruiz-Mateos

La Audiencia Nacional ha propuesto al Gobierno que tramite la solicitud de extradición de José María Ruiz-Mateos al Gobierno de la República Federal de Alemanía para que sea juzgado en España de todos los delitos de los que está acusado. Los jueces centrales de instrucción números 3 y 4 -Luis Lerga y Carlos Dívar, respectivamente- elevaron las solicitudes de extradición al presidente de la Audiencia Nacional, Rafael de Mendizábal, quien, a su vez, las ha remitido al ministro de Justicia para su tramitación,El juez Luis Lerga reclama a Ruiz-Mateos por "diversos delitos de falsedad en documento mercantil", cuyas penas pueden oscilar entre los seis meses y un día y los seis años de prisión y multa por cada delito; "delitos de estafa", cuya sanción, según las circunstancias, puede alcanzar desde un mes y un día hasta 12 años de cárcel; "delitos de apropiación indebida", castigados con penas que oscilan entre un mes y un día y 12 años de prisión; y "delitos de carácter monetario" penados con seis años y un día a 12 años de privación de libertad. El titular del Juzgado Central número 4 procesó al financiero por delito de injurias al Jefe del Estado, castigado con una pena superior a los seis años y un día de prisión e inferior a 12 años. Carlos Dívar señala en su solicitud que los hechos por los que fue procesado Ruiz-Mateos se encuentran comprendidos en el artículo 22 del Convenio Europeo de Extradición, que ha sido ratificado por España y Alemania Occidental, y también en el artículo 9º del convenio de extradición bilateral entre ambos países.

Luis Lerga, que ratifica la petición a las autoridades judiciales alemanas de los documentos intervenidos a Ruiz-Mateos en el momento de su detención en Francfort para su unión al sumario penal de Rumasa, considera que todos los delitos por los que reclama al ex propietario del holding de la abeja están comprendidos en los convenios de extradición ratificados por España y la República Federal de Alemania, y sus sanciones superan el límite de un año de privación de libertad fijado en los citados convenios para acceder a la solicitud.

La petición de ambos jueces está respaldada por la existencia de dos autos de procesamiento diferentes contra Ruiz-Mateos. El primero, dictado, por el Juzgado Central número 3 el 6 de julio de 1983 por todos los delitos presun tamente cometidos en la dirección de Rumasa, y el segundo, dictado por el Juzgado Central número 4 el 27 de febrero de 1984 por injurias al Jefe del Estado, como consecuencia de unas declaraciones de Ruiz-Mateos a una revista, en las que trataba de involucrar al Rey en una operación económica encaminada a destituir a un alto cargo del Banco de España. La citada operación consistía en un supuesto soborno realizado en 1981 por medio de una transferencia de tres millones de dólares (450 millones de pesetas) de un banco suizo a una cuenta de un banco de Nueva York.

Juicio limitado

En medios jurídicos solventes consultados por EL PAÍS no se duda de que las autoridades judiciales y el Gobierno alemán concederán la extradición del ex presidente de Rumasa. El problema que se plantea es si los alemanes admitirán la solicitud por todos los delitos por los que se reclama a Ruiz-Mateos o si limitarán el juicio del financiero. En el caso de que Alemania del Oeste no concediera la extradición por los delitos monetarios, que es la parte más débil de la petición, los tribunales españoles no podrían juzgar a Ruiz-Mateos por esos delitos, qué en España son la parte más importante l de la acusación que pesa contra él.Ruiz-Mateos fue procesado como máximo responsable de Rumasa, cuyas empresas se apropia ron entre 1977 y 1982 de 5.200 millones de pesetas producto de los impuestos sobre trabajo personal y de las personas físicas de sus asalariados, de 5.600 millones por retenciones del impuesto sobre la renta del capital y sociedades, y de 8.500 millones de pesetas por im puestos de lujo y tráfico de empresas de facturas y otros documentos mercantiles de cobro. Igualmente, entre 1981 y 1983 las empresas de Rumasa adeudaban a la Seguridad Social 10.774 millones de pesetas.