El dinero que España recibirá de Europa

La adhesión de España a la CEE tendrá innumerables consecuencias económicas. A pocos meses del próximo otoño, en que finalmente debiera caer la flor del acuerdo, los negociadores de una y otra parte afilan sus lápices, con la grave seriedad casi religiosa del contable que perfila el escandallo. Quedan aún algunos capítulos por culminar en los que la discusión provocará roces, fundamentalmente el agrícola. Pero un buen número de temas está ya visto para sentencia y sobre los pendientes se han realizado miles de estudios.Uno de los aspectos que menor atención pública ha concitado es el de los flujos financieros entre la Hacienda española y la comunitaria. Quizá porque su broche final suele quedar para la noche final de la negociación. Quizá porque, a tenor de los cálculos realizados, no parece que pueda entrañar mayores disgustos a los interlocutores de una y otro lado. Quizá porque las finanzas de Bruselas, paralizadas por el estira y no afloja de la dama de hierro, Margaret Thatcher -que enarbola con ardor el pendón de que la contribución británica a las arcas comunes es excesiva en relacion con lo que de ellas recibe-, tienen ahora mismo otras ur gencias.

Y sin embargo, los flujos financieros Europa-España tendrán una cierta importancia cuantitativa, sobre todo en un futuro a medio plazo, que exigirá ineludiblemente un sustancial aumento de los recursos propios de la Comunidad. Hoy día estos recursos son, comparativamente con otras magnitudes, relativamente pequeños. El escaso volumen del presupuesto, cifrado para 1984 en 3,24 billones de pesetas -que representan en torno a un 0,8% del PIB de los diez, y poco más del 2,5% de los presupuestos de todos los Estados miembros, como ha recordado en las jornadas de Calella, organizadas por el Patronato Catalán Pro-Europa y la Universad Autónoma de Barcelona, el vicesecretario general técnico de Hacienda, Francisco de la Riva- dice mucho de la cicatería y de la escasa vocación supranacional de los actuales dirigentes de los países del club comunitario. Dice tanto, al menos, como el hecho de que se estén empleando tantos esfuerzos por un quítame allá 350.000 millones de pesetas, que es el déficit previsto para este año.

En cualquier caso, los flujos financieros España-CEE tendrán una importancia cuantitativa: el Estado español aportará unos 230.000 millones de pesetas a Bruselas, y las intervenciones financieras de la CEE en España costarán a la Comunidad en torno a los 275.000 millones de pesetas. Tendrán, también, una importancia cualitativa, al menos porque el saldo neto, según todas los estudios realizados, será en principio favorable a España, en una cantidad próxima a los 45.000 (275.000-230.000) o 50.000 millones de pesetas. El capítulo financiero, eso no ofrece dudas, arrojará un saldo positivo para el país adherente. Esta previsión es otra de las causas, junto al disparo de los gastos, el problema de la contribución británica o la urgencia de desarrollar nuevas políticas tecnológicas, que hacen necesaria una reforma/aumento valiente de los niveles presupuestarios de la Comunidad, y cuya irresolución en las últimas cumbres de Atenas y Bruselas mantiene a la misma en una situación de asfixia financiera y sopor de iniciativas.

Las cifras mencionadas hay que tomarlas con cautela. Proceden de un estudio realizado hace un año largo por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Haciena español sobre datos de 1980 y con carácter estático, es decir, si la integración se hubiera realizado en ese momento y sin considerar las consecuencias dinámicas de la misma y las variaciones en la marcha de la propia CEE. Evidentemente la adhesión provocará modificaciones en la estructura económica y en las corrientes comerciales de ambas áreas. Además, la actual crisis financiera comunitaria debe alumbrar nuevas políticas y modificar las anteriores.

El quinto contribuyente

¿Qué repercusiones tendrán estos hechos sobre el presupuesto y sobre los flujos hispano-comunitarios? Las arcas de Bruselas se nutren fundamentalmente de tres fuentes: prélèvements o exacciones agrícolas sobre las importaciones extracomunitarias (que aportan en 1984 un 13% del presupuesto total), derechos aduaneros sobre la base de la tarifa exterior común (un 30%) y porcentaje del Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA, (un 57%). Y con ello se alimenta una política agrícola proteccionista de garantía para los mercados agrícolas (la parte del león de los gastos, un 65%), fondos como el social o el regional (un 15%), investigación energética (7%), funcionamiento administrativo (5%), contribuciones al Tercer Mundo y reembolso a los Estados miembros (un 4% de los gastos, respectivamente).

Pues bien, las políticas comunitarias recién iniciadas de contención de gastos agrícolas y de fomento de nuevas tecnologías pueden afectar tanto al capítulo de ingresos -aumentando determinadas importaciones y por tanto este capítulo de ingresos- o disminuyendo otras, dedicando más recursos a los fondos estructurales, etcétera. La ampliación modificará -está modificando ya- la estructura económica peninsular, las corrientes comerciales con los diez y con terceros países, de forma aún incuantificable, lo que hará variar la aportación en concepto de derechos sobre aduanas y en función del IVA. Son muchas variables.

Pese a todas estas incógnitas, todos los otros estudios realizados por Bruselas o por Madrid coinciden en líneas generales con el mencionado: el saldo neto anual será favorable a España en unos 300 o 400 millones de ecus, entre 38.400 y 51.200 millones de pesetas. Además, están las posibilidades de financiación, vía préstamo, que ofrece el Banco Europeo de Inversiones para las regiones menos desarrolladas y que podrían ascender a unos 100.000 millones de pesetas anuales para España.

Aparte del signo del balance neto está la cuestión de la contribución bruta a Bruselas de los diferentes países. Según los últimos cálculos de la Comisión, ofrecidos esta semana en Calella por el director general del Presupuesto, Daniel Strasser, España podría situarse como quinto contribuyente al presupuesto, -al aportar el 7,8% del total de una CEE a doce, sobre datos de 1983- tras la República Federal de Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia, como se aprecia en,el cuadro adjunto

Equilibrio de la aportación

Dicha aportación será proporcional a la riqueza del país, a diferencia de lo que sucede con Gran Bretaña (aportación del 22,3% para un PIB del 19,4%) o Bélgica (contribución del 5,4% para un PIB del 1,5%).

Los porcentajes son similares a los que barajan los expertos españoles. La partida más importante será la del IVA, casi la mitad de la contribución española total, y que supondrá traspasar a Bruselas en torno al 10% de lo que se recaude por este concepto (algo más de 100.000 millones de pesetas sobre una recaudación previsible de un billón). La segunda corresponderá a las exacciones agrícolas -dado el gran volumen de importaciones españolas, sobre todo en maíz y sorgo- y en tercer lugar quedarán los derechos de aduanas (a diferencia del segundo puesto que esta partida tiene en el conjunto de los diez), dado el escaso peso de España en las transacciones comerciales internacionales.