Desacuerdo de los grupos mayoritarios sobre la jubilación de los funcionarios

La edad de jubilación y los porcentajes fueron temas básicos que impidieron ayer el cierre de las conversaciones que mantienen en el Congreso de los Diputados el Grupo Socialista y el Popular para el consenso de la Ley de Reforma para la Función Pública. Este y otros temas clasificados como espinosos que figuran en las disposiciones adicionales y transitorias del proyecto, y que hacen referencia a la unificación de cuerpos y escalas, obligarán a mantener una nueva reunión el próximo miércoles.

En las conversaciones de ayer participaron por parte socialista el secretario de Estado para las relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero; el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Francisco Ramos; los directores generales de este departamento, Francisco Velázquez y Julián Álvarez, en su calidad de técnicos, y los diputados Sáez de Consculluela, Eduardo Martín Toval y Justo Zambrana. El Grupo Popular mantuvo como negociadores a sus diputados Migue Herrero de Miñón y Arturo García Tizón.

Sobre las cuestiones económicas de la jubilación, que suponen para determinados cuerpos unas pensiones medias de 120.000 pesetas, existen notables divergencias, fundamentalmente por el coste que puede suponer mantener la tesis popular de que el porcentaje a aplicar al adelantar la edad de jubilación sea del 150% y sólo a partir de los 70 años se les aplique el 80%. -

El sistema de jubilación para los funcionarios a partir de los 65 años costaría al erario público, 5.000 millones de pesetas si sólo se les aplicase el 100% a las retribuciones básicas, de acuerdo con lo que propone el Grupo Socialista.

Por lo que respecta a las incompatibilidades, se ha estimado conveniente remitirse a la ley específica sobre esta cuestión, pero en la reforma de la función pública se mantendrá un criterio general.

Unificaciones

En el proyecto de ley se facultaba al Gobierno para que realizara la unificación de cuerpos y escalas que estimara conveniente, pero tras las negociaciones se ha llegado al acuerdo de que sea la propia ley la que establezca tales unificaciones. Los técnicos de Presidencia acudieron ayer a la reunión con el listado de los cuerpos considerados idóneos.En las conversaciones se ha avanzado sustancialmente en el compromiso de un nuevo modelo de estructura de la función pública, pero existen posturas contrapuestas en la definición de qué cuerpos van a ser facultativos y cuáles de los existentes se integran en ellos.

Mediante el proyecto se crea la Escuela Nacional de la Administración (ENA), que expedirá los diplomas de las especialidades general, exterior, financiera y tributaria, económica y laboral y empleo y Seguridad Social. Una de las discusiones que se mantienen trata de aquilatar cuáles son los cuerpos a considerar como ya poseedores de uno de los citados diplomas.

Otra de las cuestiones sin definir es la referida al modo de establecer el trasvase del cuerpo facultativo al civil.