Muerte el la carretera

COMO VIENE siendo habitual en los puentes primaverales y en los comienzos y finales de los períodos veraniegos, las vacaciones de Semana Santa también han quedado ensombrecidas este año por la lista de muertos y heridos producidos en las carreteras españolas. La aceptación por la Administración de esa carnicería vacacional como algo irremediable pertenece más bien al terreno de la resignación. Un aparato tan costoso como el Estado se justifica en buena medida por su eficacia para amparar la vida de los ciudadanos.Una vez más hay que levantar acta del lamentable estado de nuestro sistema de comunicaciones y las escandalosas carencias de los servicios públicos de transporte. Los ciudadanos se ven casi obligados a lanzarse a las carreteras en sus propios vehículos por la deficientísima oferta de los ferrocarriles y las líneas aéreas, empresas situadas, para colmo, en el sector estatal. A medida que España avanza hacia el siglo XXI, la Renfe parece firmemente dispuesta a retroceder hacia el mundo decirnonónico. Salvo algunas líneas privilegiadas, la cochambre de trenes y estaciones, la lentitud de los desplazamientos, el regular incumplimiento de los horarios, el lamentable estado de las vías férreas y la falta de atención a los usuarios convierten en un sacn*ficio casi penitencial el recurso a los servicios de la Renfe. El diseño de la red, que toma a Madrid como centro inexcusable, hace, por lo demás, casi inviable la comunicación entre las zonas periféricas.

De esta forma, los españoles, quiéranlo o no, tienen que abrocharse los cinturones de seguridad y emprender azarosos recorridos, empedrados de atascos, retenciones, caravanas y accidentes, para llegar a su punto de destino. El deficiente estado de la red de carreteras españolas se encarga de incrementar los riesgos y de entorpecer la circulación en los tramos teóricamente exentos de aglomeraciones ciudadanas. Todavía existen en algunas carreteras nacionales cuellos de botella -como Burgos, Aranjuez, Alcalá de Henares o Talavera-, producidos por travesías urbanas. Y, salvo las autopistas ya en funcionamiento, no existe en nuestro país una red viaria digna que permita circular con rapidez, comodidad y seguridad razonable. Resulta, por ejemplo, difícil de entender que la capital del Estado no esté comunicada por autopistas o por autovías con las fronteras y que el viaje desde Madrid a Burgos y Zaragoza, donde se puede entroncar con autopistas, o a Valencia, Sevilla y Badajoz constituya una arriesgada aventura. Pero la comunicación dentro de la Península -por ejemplo, entre Andalucía oriental y Andalucía occidental, o a lo largo de la costa atlántico-cantábrica, desde Vigo a Santander- es todavía mas incómoda y azarosa.

Los años de gobierno del centrismo fueron un espacio en blanco para la modernización de nuestro sistema de transportes por carretera. Pero tampoco el cambio se ha hecho sentir en este terreno. El programa del PSOE sentó la doctrina de que "las obras públicas inciden de modo importante en la modernización de la economía y en la creación de empleo" y "proporcionan al ciudadano servicios indispensables para alcanzar una aceptable calidad de vida". También anunció que la política de carre,teras de los socialistas se dirigiría "preferentemente hacia la mejora de la calidad de la infraestructura existente", a la culminación de las autopistas iniciadas y a la racionalización de la explotación de las existentes. No se aprecia, hasta el momento, señal alguna de que esos propósitos superen su fase de enunciación retórica. El fetiche de la rentabilidad prohíbe, al parecer, emprender tales "servicios indispensables" al servicio de la "calidad de vida" de los españoles, aunque no impida, sin embargo, gastar ingentes sumas en armamento o en despilfarro de gastos corrientes para la mayor gloria de los gobernantes. Las transferencias a las comunidades autónomas podrían en el futuro mejorar la situación de nuestra red viaria, pero parece que las nuevas autoridades territoriales prefieren gastarse los dineros en televisiones propias -con la elogiable excepción de Andalucía, tras la designación de José Rodríguez de la Borbolla- o en proyectos más orientados hacia el fortalecimiento del poder de los administradores que hacia el bien de los administrados.