Garaikoetxea recurrirá el decreto de su nombramiento porque lo afirma Felipe González y no el presidente del Parlamento vasco

Carlos Garaikoetxea, presidente del Gobierno vasco, anunció ayer, durante el acto de constitución del nuevo Gabinete autónomo, que presentará ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el propio real decreto que recoge su nombramiento como lendakari, cuyo texto fue publicado ayer en el Boletín 0ficial del Estado. El motivo del recurso es que el decreto va firmado por el jefe del Gobierno, Felipe González, y no por el presidente del Parlamento vasco, Juan José Pujana. La toma de posesión de los consejeros vascos se desarrolló ayer en un ambiente de crispación con la Administración central.

En un tono de enfrentamiento que recordaba el estilo de la pasada legislatura, el acto fue calificado por los nacionalistas de íntimo; y por la oposición, de sectario. No estuvieron presentes los miembros de la Mesa del Parlamento autónomo ni el delegado del Gobierno para el País Vasco, Ramón Jáuregui.Los 11 miembros del Gabinete de Garaikoetxea juraron su cargo ante el lendakari con la mano derecha en la Santa Biblia, en presencia de los cinco consejeros salientes. Los nuevos colaboradores de Garaikoetxea reprodujeron en euskera, a excepción de los dos independientes, que lo hicieron en castellano, la misma fórmula utilizada por los consejeros del Gobierno vasco en 1936: "Prometo cumplir fiel y lealmente los deberes del cargo, que asumo con arreglo a la ley y al servicio de Euskadi".

No perdió el tiempo Carlos Garaikoetxea en referirse a la tensión con que iniciaba su andaduara el segundo Gobierno autónomo en relación a la Administración central: en el mismo acto de toma de posesión de los consejeros anunció su intención de presentar un recurso contra el real decreto de su nombramiento, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, que no viene refrendado por el presidente del Parlamento vasco. El hecho de que el nombramiento real del lendakari apareciera publicado en el Boletín Oficial de Estado (BOE) refrendado por el presidente Felipe González, según las previsiones del artículo 64 de la Constitución, y no por el presidente del Parlamento autónomo, según establece la ley del Gobierno vasco, provocó profundo malestar en Ajuria Enea, sede de la presidencia.

Los miembros del Gobierno vasco, especialmente sutiles hacia el nombre de la persona sobre la que recae la responsabilidad del nombramiento del lendakari (Felipe González o Juan José Pujana, presidente del Parlamento vasco) insistían en que la ley de Gobierno vasco, que resulta contradictoria con la Constitución, fue aprobada por unanimidad en la Cámara autónoma el 30 de junio de 1981.

"Ni siquiera el Grupo Parlamentario Socialista puso pegas, y el Gobierno de UCD, que estudió la posibilidad de presentar algún recurso, al final no lo hizo", señalaron.

Contacto telefónico

Se interpretaba en Ajuria Enea que, si bien es cierto que el artículo 64 de la Constitución prevé que los actos reales vayan refrendados por el presidente del Gobierno, ello "se refiere a los actos de los órganos generales del Estado, y no se refiere necesariamente a los derivados del título VIII, de las comunidades autónomas".

Carlos Garaikoetxea, pendiente siempre de la imagen que de sí mismo pueda ofrecer al espectro nacionalista vasco, explicó con este argumento la justificación de la presentación del recurso. La publicación del decreto fue tan mal encajada por el lendakari que estuvo a punto de realizar un plante político. "Podíamos haber paralizado sine die la constitución del nuevo Gobierno", dijo Garaikoetxea. Sin embargo, el lendakari explicó que se formaba el nuevo Gobierno sin perjuicio de que su primer trámite sea recurrir contra el propio decreto de su nombramiento.

En este sentido reconocía el lendakari que en las últimas horas había mantenido un contacto telefónico con Felipe González:

"En esta conversación hemos convenido en que recurrir es una cosa natural y que decidan los tribunales". Sin embargo, el delegado del Gobierno para el País Vasco, Ramón Jáuregui, precisó que, dada la contradicción de normas, al producirse una colisión entre dos leyes, "debería prevalecer la jerarquía normativa, la ley de mayor rango; es decir, la Constitución".