La reforma sanitaria y la organización médica colegial

La polémica sobre el modelo sanitario, abierta desde 1975, al llegar nuestro actual sistema a su completo agotamiento, ha sido muy crispada dentro del colectivo médico, pero expresada de manera muy desigual. La organización médica colegial y su cúpula dirigente, el Consejo General de Médicos, han dejado de lado el principio de que una organización de adscripción obligatoria, como un colegio, debe ser cauce de expresión de todos los puntos de vista, y ha servido exclusivamente a los intereses de un grupo determinado. Quienes mantenemos posiciones diferentes hemos tenido que, para poder expresar nuestras opiniones, organizarnos al margen de los colegios que sostenemos con nuestras cuotas.La postura del consejo general sobre la reforma sanitaria figura en un documento publicado en octubre pasado, cuya filosofía -que se reclama del modelo liberal de medicina- se centra en la libre elección de médico. Creemos que la libre elección, entendida en el marco de una planificación sanitaria, es algo importante, además de un derecho elemental de la persona; pero para la OMC la defensa de la libre, elección tiene otra finalidad: el pago por acto médico. En nuestra opinión, en España, con una plétora de médicos desordenada y una población sin educación sanitaria, el pago por acto médico no puede llevar más que a una medicina de complacencia (someter la objetividad científica del médico a la subjetividad del paciente, porque paga), acientífica, ruinosa y más caótica que la actual.

Ese método no beneficia a la población, que no vería mejorada su situación sanitaria con este modelo más que con un servicio nacional de salud, y que, además, terminaría pagando de su propio bolsillo la diferencia marginal de las tarifas acordadas entre la Seguridad Social y las entidades privadas, y los costes reales generados libremente por la ley de la oferta y la demanda. Tampoco beneficiaría a los médicos, salvo a los ya bien instalados, y significaría un agravio comparativo importante para otros colectivos profesionales: médicos de urgencias, médicos monoempleados en hospitales y ambulatorios de la Seguridad Social, médicos rurales y, sobre todo, médicos en paro. Sólo beneficiaría, si acaso, a las sociedades privadas de seguro libre.

Se apoya la OMC en el ejemplo de la Comunidad Europea y la necesidad de equipararnos a ella. Pero al hacerlo pasa por alto deliberadamente que la CEE no tiene una estructura sanitaria unificada, sino todo lo contrario. Holanda e Irlanda tienen modelos mixtos; el Reino Unido, Dinamarca e Italia, modelos nacionalizados tipo Servicio Nacional de la Salud; solamente Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Francia -espejo ésta de los dirigentes corporativos- poseen modelos liberalizados.

Los que propugnamos un Servicio Nacional de la Salud no lo hacemos por razones ideológicas o políticas, sino porque, aunque no exista un modelo definitivamente superior a los demás, los indicadores de salud de los países con modelos nacionalizados son mejores que los de lo países liberalizados. Veamos.

Según la Organización Mundial de la Salud, las causas de mortalidad infantil por enfermedades infecciosas y parasitarias por 100.000 nacidos vivos, en 1975, eran para el Reino Unido y Dinamarca (modelos nacionalizados) de 56,9% y 28%, respectivamente. Por el contrario, para Alemania y Francia (sistemas liberalizados) eran del 87,9% y 94%. Si observamos las causas de mortalidad global, también por dichas enfermedades, por 100.000 habitantes y en 1974, vemos que el Reino Unido y Dinamarca tienen cifras de 6,2% y 5,6%, mientras Alemania y Francia, 10,3% y 15,4%. El doble.

Un proyecto aceptable

Estos datos, entre tantos que se pueden exhibir, demuestran que países como Francia y Alemania, ejemplos paradigmáticos de liberalización, no solamente no tienen una sanidad mejor, sino que -en datos de la OCDE de 1981- gastaron en sanidad mayor porcentaje del producto nacional bruto, lo que es lógico, porque un sistema que hace descansar los ingresos de los médicos en la cantidad de actos médicos individuales realizados, difícilmente puede controlar la multiplicación de actos médicos innecesarios. Lo que demuestra, a la vez, que los incentivos materiales y profesionales para evitar la burocratización del médico no pueden basarse sólo en la ganancia.

Por todo ello, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública -en cuyo nombre escribo- entiende que el anteproyecto ministerial de ley general de Sanidad (más allá de críticas que hemos publicado) es un proyecto bastante aceptable en líneas generales y en los fines que se propone, que permitiría instaurar en España un Servicio Nacional de la Salud -de corte similar al de los países occidentales señalados- que, ajustándose plenamente a las directrices de la OMS, haría posible para la población y para los profesionales una sanidad integral donde los factores de la promoción de la salud y la medicina preventiva no queden supeditados a los de la medicina curativa o reparadora.

Defender estos postulados nos ha situado en una posición de confrontación abierta -desde fuera; desde dentro es imposible- con la organización médica colegial, cuyas consecuencias últimas han sido, tras el informe enviado por el consejo general a los laboratorios farmacéuticos que financian las revistas médicas, que nuestras opiniones hayan sido silenciadas en la mayor parte de esos medios, después de haberlo sido en los colegios y en sus boletines informativos que todos sufragamos.

Pareciéndonos mal las opiniones del doctor Ramiro Rivera y sus correligionarios, creemos, sin embargo, que son plenamente legítimas, y haríamos cualquier cosa porque pudieran seguir manifestándolas, porque solamente escuchando lo que no nos gusta oír nos sentimos en una sociedad democrática. Pero también haremos todo lo posible paría que nadie pueda utilizar contra nadie métodos que ya no son propios de la época y del país en que vivimos. Y lo que haremos será impulsar el cumplimiento del artículo 36 de la Constitución ("la estructura interina y el funcionamiento de los colegios profesionales deberán ser democráticos") de la única manera que nos parece que esas dos premisas se pueden abordar: exigiendo la supresión de la colegiación obligatoria, no para vaciar los colegios, sino para rellenarlos de contenido democrático. Este es el reto que tenemos por delante.