ETA y GAL

LOS NUEVOS crímenes perpetrados por ETA militar en Pamplona -de los que han sido víctimas el comandante de Infantería retirado Jesús Alcocer y los policías nacionales Tomás Palacín y Juan José Visledo- despejan cualquier duda acerca de la continuidad y persistencia de la voluntad asesina de los terroristas. El espaciamiento temporal de sus agresiones no tiene otra explicación que las dificultades técnicas para realizarlas, como consecuencia del estrechamiento del cerco policial español, de la mayor vigilancia en el País Vasco francés y del reflujo de militantes y colaboradores de la propia organización. Es probable que los períodos de calma durante los que ETA no golpea no sean sino el reflejo de la impotencia relativa de los terroristas. La preparación de sonados atentados, que tratan de conseguir una gran re percusión política -como el asesinato en Madrid del teniente general Quintana Lacaci-, concentra los esfuerzos y los recursos de esa banda terrorista. Crímenes como los perpetrados en Pamplona, tal vez a cargo de los llamados comandos legales, nutren, de forma tan cruel como sanguinaria, esos lapsos de espera.Al tiempo, la policía francesa ha detenido en Burdeos a siete presuntos miembros de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). A nadie puede causar sorpresa que esos sospechosos estén relacionados, de una u otra forma, con los bajos fondos o que su historial incluya episodios de colaboración con las organizaciones de la extrema derecha que combatieron contra la V República y por la Argelia francesa. Casi desde el primer momento, las hipótesis que se barajaron acerca de los GAL daban por supuesto que algunos de los autores materiales y de los cómplices sobre el terreno de los crímenes perpetrados por esta siniestra organización terrorista habían sido reclutados dentro del submundo del crimen organizado del Mediodía francés, resaca de las bandas que la ultraderecha del país vecino había utilizado en la década de los sesenta. Ahora bien, el desciframiento del misterio de los GAL exige algo más que la revelación de la identidad y el historial de algunos de los asesinos materiales y de los cómplices integrados en la organización. Resulta necesario -recordar -ante la sordera sincera o fingida de muchos- que delincuentes de ese género no actúan por aberrantes móviles políticos, sino por dinero contante y sonante. Ni siquiera el más entusiasta defensor de la tesis de la absoluta virginidad de los aparatos institucionales -sean del Estado, sean de la sociedad civil- en ese comercio del crimen podría ignorar la pesada carga de la prueba que significa tener que demostrar que unos cuantos mafiosos, buscavidas y profesionales del delito hayan decidido emprender acciones terroristas por su cuenta y riesgo, animados por los ideales de la civilización cristiana occidental, contra las bandas, también terroristas, de ETA.

¿Quién paga a estos mercenarios, para quienes liquidar la vida de un ser humano es un trabajo asimilable al que realiza un carnicero para abatir una res? ¿Cómo tienen lugar las operaciones de reclutamiento y de remuneración de esos criminales? ¿De dónde proceden los fondos asignados a esa repugnante contratación? ¿Quién señala, identifica y localiza a las víctimas que deben ser eliminadas por los asesinos a sueldo? ¿Cuáles son las coberturas y los refugios de que disponen una vez concluida su tarea? En última instancia, ¿de quién depende esa organización de delincuentes?

Hacer estas preguntas puede ser incómodo e incluso resultar impopular cuando las bandas terroristas de ETA siguen asesinando sin piedad en nuestro suelo. Pero la defensa de los valores y de los principios demo cráticos no puede permitirse hurtar el bulto ante un pro blema de esta naturaleza. Mientras el GAL exista con sus perfiles actuales, una ominosa sospecha se seguirá cerniendo en torno a sus orígenes y organizacion. Una sospecha que nos incumbe a todos en este país.