Las tensiones latentes entre catalanes de origen y catalanes de adopción no se han traducido en conflictos

Muchos temían los conflictos. Han pasado cuatro años y Pujol ha visitado como presidente de la Generalitat todos o casi todos los barrios obreros, formados por inmigrantes, con altos índices de población en paro, con elevado impacto de la delincuencia, sin servicios ni equipamientos, sin que su presencia generara tensiones especiales. Le arrojaron algunos tomates en cierta ocasión en Santa Coloma de Gramenet, el primer año de su mandato, y su presencia ha sido contestada en algún otro caso, pero el rechazo ha sido poco significativo, sobre todo si se tiene en cuenta el malestar de fondo por la crisis y los recelos de algunos sectores populares frente a toda la clase política.El Gobierno de Convergència i Unió (CiU) no ha realizado una política expresamente dirigida a los inmigrantes, a pesar de que la mitad de la población actual de Cataluña sea de origen no catalán. No podía hacerlo y, de haberlo intentado, habría sido acusado, sin duda alguna, de practicar una fórmula de apartheid: aquí los autóctonos, para los que se lleva a cabo tal y cual acción de gobierno, y allá los inmigrantes, para los que se ejecuta la acción integradora. El establecimiento de la categoría de inmigrante habría sido una discriminación.

Sucede, sin embargo, que en Cataluña el 37% de la población ha nacido en otras partes de España. Y como las olas de emigración se han sucedido de manera casi ininterrumpida desde principios de siglo hasta 1980, muchos de los nacidos en Cataluña son hijos de inmigrantes. Ésta es la causa de que el castellano sea la lengua materna de prácticamente la mitad de los ciudadanos de Cataluña. El Gobierno de la Generalitat no ha actuado sobre la inmigración, pero ha intentado abordar la situación del idioma catalán para que éste recuperara su perdida condición de lengua de uso público hegemónica y mayoritaria en Cataluña. La Generalitat no ha querido actuar sobre la inmigración, pero en la medida en que la actual crisis económica ha pesado especialmente sobre los eslabones más débiles de la cadena productiva, ha debido ocuparse de la franja de obreros sin trabajo y sin subsidio.

La población de origen inmigrado vive sobre todo en los núcleos industriales, que en la actual Cataluña son, sobre todo, dos: Barcelona y su zona metropolitana, y Tarragona y su entorno. En ambas áreas los inmigrantes viven en grandes barrios, construidos muy por debajo de los mínimos urbanísticos aceptables y que carecen por lo general de servicios sociales, educativos, culturales, deportivos, sanitarios y de ocio. La Generalitat empieza a disponer de competencias en estas materias. Aunque el Gobierno de CiU no ha efectuado una política expresa para los inmigrantes, sí que ha construido escuelas, piscinas, bibliotecas, etcétera.

La política de inversiones

Pero, para saber si el Gobierno catalán ha atendido esas necesidades de todo tipo con la dedicación que requieren esos puntos críticos del país, para saber si ha atendido bien a los inmigrantes, sería necesario conocer la distribución territorial de las inversiones realizadas por la Generalitat en los últimos cuatro años, y esos datos no son conocidos.En las áreas de Cataluña donde se agrupa la población inmigrada y obrera se concentra, también, el voto de los partidos de izquierda, de manera que en su casi totalidad están regidas por ayuntamientos con alcaldes socialistas y comunistas. La izquierda ha acusado al Gobierno de CiU de discriminar a estas ciudades en la distribución de las inversiones. Y, en consecuencia, de discriminar a los inmigrantes. Una acusación formulada por Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, es concretamente que el Gobierno de CiU ha efectuado solamente un 20% de las inversiones en una parte de Cataluña, la zona metropolitana de Barcelona, donde vive el 50% de la población de todo el país. Y, en contrapartida, la diferencia -un 30%- ha ido a primar a las comarcas de Cataluña donde hay más catalanes de origen y menos inmigrantes, es decir, también, proporcionalmente, más votantes de CiU.

El Gobierno de CiU tiene un poderoso argumento para justificar por qué efectúa determinadas inversiones en comarcas del interior: la necesidad de frenar el proceso de vaciado de población y de depauperación creciente de las comarcas rurales deprimidas, especialmente, las del Pirineo leridano y de la cuenca del Ebro.

Otra cuestión es la consciencia de integración que experimentan los contingentes de inmigrantes establecidos en Cataluña. No existen datos estadísticos fiables sobre el particular. En una mesa redonda realizada en septiembre de 1983, un trabajador inmigrante explicó, refiriéndose al estado de ánimo imperante en los barrios obreros del cinturón de Barcelona, que "hace unos años todos teníamos interés en aprender el catalán, y la verdad es que en estos últimos años hemos asistido a un progresivo desinterés y automarginación porque las expectativas de integración se han visto defraudadas".

Síntomas como éste hay muchos. La crisis económica ha cortado la corriente migratoria hacia Cataluña, y se registra un saldo de población levemente negativo desde 1980. Se estima que ha habido unos 100.000 retornos de inmigrantes a sus lugares de origen. Y eso no se debe, como se llegó a decir hace cinco a seis años, a una libre voluntad de retorno o a un rechazo nacionalista, sino a que la dureza de la crisis económica ha expulsado por segunda vez al inmigrante.

Tres conclusiones pueden formularse cuando el Gobierno Pujol finaliza su mandato:

-Ante el temor de que se le acusara de practicar una política de imposición idiomática, la actual Generalitat ha seguido una pauta prudente y no se ha atrevido ni a realizar el mapa sociolingüístico de Cataluña. El resultado, según algunos, es que apenas se ha avanzado en la recatalanización profunda.

-Ante la imposibilidad de resolver los problemas de los segmentos de la población más castigados por la crisis, entre los que hay una gran mayoría de inmigrantes, Pujol se ha limitado a aplicar una política de beneficencia.

-Ante la caótica situación urbanística y sociocultural heredada por los grandes núcleos metropolitanos el Gobierno de CiU ha practicado allí una política de inversiones tan tímida que no ha conseguido modificar en nada las condiciones generales de vida en ellos.