La televisión (privada) pronto llegará

EL PRESIDENTE del Gobierno confirmó la semana pasada su opinión favorable a la ruptura del monopolio estatal de Televisión Española y su propósito de autorizar el funcionamiento de las televisiones privadas en España. Felipe González había dejado en claro su postura al respecto en otras intervenciones públicas. Sin embargo, las anteriores declaraciones del jefe del poder ejecutivo no fueron seguidas por acuerdos del Consejo de Ministros o por iniciativas del grupo parlamentario del PSOE encaminadas a poner en marcha la lenta y complicada maquinaria legislativa, a quien corresponde establecer el marco general de actividad de la televisión privada. En cambio, los diputados del PSOE rechazaron hace un año una proposición de ley, presentada por Alianza Popular y apoyada por las minorías vasca y catalana, para regular las televisiones privadas. En aquella ocasión, el socialista Pedro Bofill agotó el repertorio de acusaciones tópicas para tratar de justificar el voto de su grupo.Al parecer, el presidente del Gobierno desea congelar la situación hasta que el próximo congreso del PSOE se pronuncie sobre la debatida cuestión y dé luz verde a las televisiones privadas. Sin embargo, no parece que esa demora esté justificada. Con independencia de que el último congreso del PSOE no aprobó la intangibilidad del monopolio estatal, el programa socialista -único documento que establece de manera fehaciente los compromisos del partido con sus votantes- se limitó a propugnar la defensa y el fortalecimiento del carácter público de TVE, objetivo altamente elogiable en sí mismo y que no implica en modo alguno la exclusión de las televisiones privadas. Al ocuparse de otras cuestiones relacionadas con RTVE, el programa del PSOE se limitó a exponer algunas generalizaciones sobre la "gigantesca revolución" implicada en las innovaciones tecnológicas, a condenar la "colonización cultural" de que han sido víctimas los españoles y a prometer que RTVE se convertiría "en un instrumento fundamental de la oferta cultural". Dicho sea de paso, quien compare esas bellas palabras con la realidad de ahora podrá comprobar el aparatoso fiasco de la gestión de Calviño en el intento de lograr la "culminación" del proceso de "institucionalización democrática" de Televisión Española para situarla "al servicio de toda la comunidad". La prometida elevación de "los niveles técnicos, culturales y estéticos de sus programas" no sólo no ha sido cumplida, sino que ha dejado su lugar a una clara degradación de la oferta televisiva y a tal confusión sobre los criterios, que se pide al Consejo de Administración que se pronuncie sobre el eventual anuncio de preservativos a través de la pequeña pantalla. Por lo demás, si la "colonización cultural" se mide en términos de la contratación de telefilmes y películas de escasa calidad fabricadas fuera de España y del agobiante aumento de los anuncios de las grandes empresas multinacionales, también cabría concluir -pero nosotros no lo hacemos- que algunos directivos de TVE se comportan como verdaderos cipayos.

Nada impide al Gobierno dar una respuesta favorable y rápida a la creciente demanda social -registrada de forma espectacular en los sondeos de opinión- en favor de la ruptura del monopolio estatal y de que el diálogo sobre los contenidos de la televisión aborde temas más interesantes que el referido a los condones. Los 16 meses transcurridos desde la irrupción en RTVE del equipo designado por el Gobierno y por su mayoría parlamentaria demuestran el fracaso de cualquier pasada por la izquierda, mientras subsista el monopolio, para rescatar a Televisión Española de la desprestigiada sima en la que vive. Televisión Española lleva las marcas indelebles de sus orígenes y de las aportaciones sucesivas que hicieron a su monstruosa malformación ministros del antiguo régimen, como Gabriel Arias-Salgado, Manuel Fraga o Alfredo Sánchez Bella. Ya entonces se fraguó el desastre de ahora.

Conviene, así, deshacer un peligroso equívoco, propalado por la burocracia de RTVE, siempre dispuesta a confundir sus intereses particulares con los del Estado o de la sociedad. La defensa y el fortalecimiento de la televisión pública no sólo no implica el mantenimiento del monopolio estatal, sino que en las actuales circunstancias exige su ruptura. La televisión de Estado en España es, en realidad, una televisión que genera negocios privados con fondos públicos, que produce toda clase de mediocridades profesionales, arbitrariedades políticas y errores empresariales, y que es, a la vez, como un verdadero monstruo, el principal elemento de propaganda del partido en el poder -sea cual sea- y la principal fuente de deterioro de quienes la emplean con estos fines. Resulta lamentable contemplar que el PSOE no haya aprendido la lección de UCD en este terreno. La única conclusión es la de que quienes se lucran de esta situación de deterioro quieren que el deterioro continúe.

Como ha demostrado sobradamente el ejemplo de la radio, el sector público gana en eficacia, agilidad y calidad cuando se ve sometido al reto de la competencia de la iniciativa privada. Pero, además, la Constitución española define un Estado descentralizado y democrático, en el que la libertad de empresa no sólo está permitida, sino que forma parte del conjunto estructural sobre el que se asienta la convivencia democrática. Para salvarse Televisión Española de su ruina actual debe luchar por su audiencia a través de la mejora de su programación y de la racionalización de sus estructuras. Y debe planterase seriamente, en cualquier caso, una política publicitaria no vejatoria para los ciudadanos. Las experiencias de los terceros canales -también públicos-, regidos por las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco, han mostrado, además, el terror pánico de Calviño a sus competidores (a quienes pretende reducir a la condición de amables folkloristas) y las servidumbres de cualquier televisión sometida a control político.

De acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de marzo de 1982, el derecho a la creación de televisiones privadas no es una "derivación necesaria" del artículo 20 de nuestra norma fundamental, pero tampoco se halla "constitucionalmente impedida". En cualquier caso, la gestión por empresas privadas de un servicio público como es la televisión "requiere una decisión del legislador y un desarrollo legislativo. La implantación de televisiones privadas depende de una decisión política, que debe ser instrumentada a través de una ley orgánica. Esa ley debe garantizar que las televisiones privadas respeten "los principios de libertad, igualdad y pluralismo". Hay razones para suponer que los proyectos que el Gobierno envíe al Congreso para regular esta cuestión suscitarán una amplia y viva polémica. Si verdaderamente Felipe González desea zanjar la cuestión dentro de esta legislatura, es necesario evitar cualquier retraso y que el Consejo de Ministros remita al Congreso cuanto antes los proyectos correspondientes.