El MOPU da vivienda a las familias desalojadas en Vallecas, "al constatar que la necesitan"

Dos de las tres familias numerosas violentamente desalojadas el martes por la policía de viviendas pertenecientes al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), que habían ocupado de forma ilegal, obtuvieron ayer del delegado provincial del departamento citado, Santiago de la Fuente, garantías plenas de que serán realojadas de inmediato, provisionalmente, hasta que se les asigne una vivienda definitiva. Por otra parte, representantes de entidades vecinales de Vallecas han acordado presentar una denuncia contra el capitán que mandaba la dotación de la Policía Nacional que efectuó los desalojos, que, según los vecinos del barrio, pertenece a una dependencia policial de Portazgo. Fuentes oficiales explicaron que la Policía Nacional actuó bajo la dirección de funcionarios del MOPU.

Un portavoz del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo explicó que el desalojo se había ordenado "para garantizar una vivienda digna a otras personas, con igual o mejor derecho que los ocupantes". Desde que comenzó el presente año, se han realizado en la zona de Palomeras, en Vallecas, 50 desalojos con orden de lanzamiento de familias que se negaban al derribo por expropiación de su vivienda, dentro del plan de remodelación de barrios. Fuera de Palomeras se han producido 40 desalojos por derribo y 54 por ocupación ilegal. Fuentes oficiales insistieron ayer en que en ninguno de estos casos fue necesaria la intervención directa de la fuerza pública.Las familias que ayer se presentaron en la delegación provincial del MOPU para expresar su protesta por la actuación policial y reclamar una solución a su carencia de vivienda son los matrimonios formados por Ángel Manuel Vázquez Cenalmor y Ana María Ruiz García, y Pilar Miranda y Miguel Ángel Romero. Los dos matrimonios carecen de fuentes de ingresos, por encontrarse en paro, y cada uno tiene cinco hijos de corta edad.

El acuerdo a que llegaron ayer con el delegado provincial del MOPU consiste en trasladarse a una vivienda del Poblado Dirigido de Orcasitas o a un albergue de Chamartín, donde quedarán provisionalmente alojados con un contrato en precario que les exime de pagar la renta mensual, aunque deberán abonar los gastos de la vivienda. Además, se iniciará la tramitación necesaria para que se les asigne una vivienda en el plazo más breve posible y con carácter definitivo. La entrega de viviendas ha sido debida a que "se ha constatado que estas familias las necesitaban". Tal constancia no existía con anterioridad, aseguró ayer un portavoz del MOPU.

La misma fuente informó que el departamento carece de cualquier tipo de referencia sobre María Jiménez Casanova, la otra cabeza de familia, madre de cuatro hijos -incluida una muchacha embarazada- expulsada el martes de una vivienda. En los archivos del ministerio no consta que haya solicitado vivienda, pero el MOPU anunció que si esta mujer entra en contacto con los responsables provinciales recibirá el mismo trato que los anteriores y se pondrá a su disposición un alojamiento provisional hasta que se le asigne un piso.

Denuncia contra la policía

El mismo portavoz desmintió que las tres viviendas ocupadas en la calle de Rafael Fernández Hijicos, de las que fueron desalojadas las familias citadas, formen parte del cupo del 5% que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo se reserva para asignar a familias que "representen casos especiales", como habían argumentado algunos ocupantes desalojados. El actual ministro de Obras Públicas, Julián Campo, renunció a este cupo, al parecer porque consideraba que su distribución podía prestarse a arbitrariedades.Representantes de asociaciones vecinales y entidades ciudadanas de Vallecas celebraron a primera hora de la tarde de ayer una asamblea en la que se acordó presentar ante el juzgado una denuncia contra el capitán responsable de la dotación de la Policía Nacional que intervino en el desalojo.

Algunos de los testigos presenciales y vecinos que participaron en los enfrentamientos han asegurado que en ningún momento trataron de oponerse al desalojo, y que sólo pretendieron obtener alguna garantía de que las tres familias no se verían obligadas a pasar la noche en la calle. Los mismos vecinos insisten en que no tienen ningún motivo de queja por el comportamiento de los inspectores del Cuerpo Superior de Policía, los funcionarios del MOPU o la Policía Municipal, que en algún caso se interpuso entre los vecinos y la Policía Nacional, y aseguran que fue la agresividad de algunos agentes de este último cuerpo lo que desencadenó los incidentes.

En cuanto a la Policía Nacional, actuó siguiendo instrucciones de funcionarios del MOPU, según aseguraron ayer fuentes policiales, que añadieron que existía un ambiente de gran tensión. En torno a las 18.30 horas, según la policía, algunos vecinos arrojaron desde las ventanas objetos contundentes que hirieron de carácter leve a dos agentes. La agresividad de los vecinos era tal, de acuerdo con la misma fuente, que algunos de los mozos contratados por el MOPU para sacar los muebles de las viviendas se negaron a hacerlo y tuvieron que ser sustituidos.

El Gobierno Civil de Madrid confirmó ayer que su intervención en el desalojo se limitó a prestar apoyo policial a los funcionarios del MOPU, responsables de la dirección de la operación.