La Fiscalía del Estado investiga presuntos delitos monetarios y fiscales en las cuentas de 1982 de la federación de Porta

La Fiscalía General del Estado, según ha trascendido, investiga presuntos delitos monetarios y fiscales en las cuentas de la Federación Española de Fútbol de 1982, fecha en que se disputó en nuestro país el Mundial. El Consejo Superior de Deportes, hace casi ya un mes, pasó a la Fiscalía General del Estado el informe que la Intervención General del Estado realizó sobre las cuentas de esta Federación, correspondientes a esa fecha, por si sus irregularidades presuponen materia delictiva. La Federación Española de Fútbol, a través de portavoces oficiosos -se asegura que no se pronunciará oficialmente hasta el viernes, fecha en que se reunirá su Junta de Gobierno-, insiste en que la Administración no es competente para fiscalizar sus ingresos propios, que como tales consideran los correspondientes al Mundial-82.La investigación que desde hace ya varios días inició la Fiscalía General del Estado podría alcanzar, por otra parte, a altos cargos de la Administración anterior. El secretario de Estado para el deporte, Romá Cuyás, ya insinuó el pasado lunes, en la conferencia de prensa que celebró para dar cuentade la auditoría de la federación de 1982, la posibilidad de que el propio Consejo Superior de Deportes, organismo de la Administración, pudiese ser considerado responsable subsidiario de determinados acuerdos.

Este asunto se refiere, principalmente, al pago de determinadas cantidades a los clubes Atlético de Madrid, Valencia, Athlétic de Bilbao y Zaragoza para la instalación de videomarcadores en sus respectivos terrenos de juego. En la Federación Española se asegura que el entonces secretario de Estado, Jesús Hermida, firmó un documento por el que dicho organismo se comprometió a sufragar esa instalaciones y que dicha subvención es independiente de la que se presupuestó para el organismo federativo en ese año.

La Fiscalía General del Estado, por otra parte, comenzó ya sus trabajos de investigación para estimar si existe materia delictiva o no en las cuentas federativas de 1982. En este senticro solicitó ya diferentes documentos al Consejo Superior de Deportes y al propio organismo federativo.

Justificaciones federativas

Fuentes de la federación, por otro lado, recurrieron ayer al artículo 23.7 de la Ley de Cultura Física y del Deporte para justificar la incompetencia de la Administración en auditar los ingresos propios de una entidad de carácter privado como es el organismo federativo. El Consejo Superior de Deportes, indica, puede: "fiscalizar las subvenciones económicas y de equipamiento que hubiese concedido". Según dirigentes federativos, en este artículo se habla únicamente de subvenciones y no de ingresos propios.También aseguraron las mismas fuentes que se ha incumplido por parte de la Administración el artículo 25.6 del real decreto 177/ 1981 de 16 de enero, sobre clubes y federaciones deportivas, que establece textualmente: "Las verificaciones contables deberán realizarse por dos censores jurados de cuentas, designados de común acuerdo por la Entidad y el Consejo Superior de Deportes". Dirigentes de la federación aseguraron que dicho acuerdo no se produjo y que los dos censores jurados que auditaron en principio sus cuentas fueron designados únicamente por el Consejo Superior de Deportes.