Desestimada la recusación de tres miembros del tribunal que juzga a partir de hoy a los presuntos implicados en el 27-O

El capitán general de Madrid, teniente general Gustavo Urrutia, ha desestimado, según informó ayer el Ministerio de Defensa, la recusación de dos generales y un coronel miembros del tribunal que juzgará, a partir de las 10 de la mañana de hoy, a los cuatro jefes procesados por su presunta implicación en el denominado golpe del 27-O. La recusación fue planteada por dos abogados defensores, "por razones seriamente fundadas de defecto de imparcialidad, animosidad política y merma de independencia" en la designación de tres integrantes del tribunal, según dijeron los abogados. Como prueba de esta afirmación, los abogados citaron una información publicada en EL PAÍS el pasado día 1. Al no desechar esta prueba el juez Juan Gómez Calero, designado especialmente para resolver la recusación, fue citado el director de EL PAÍS, Juan Luis Cebrián quien prestó declaración en el Gobierno Militar de Madrid a última hora de la tarde de ayer.

La recusación fue presentada en la mañana de ayer por los abogados José Zugasti y Adolfo de Miguel, defensores, respectivamente, de los procesados coroneles Luis Muñoz y Jesús Crespo Cuspinera. Ambos letrados recusaban a tres de los cinco miembros del tribunal del consejo de guerra: al presidente del tribunal, general de división Juan Bautista Sánchez Bilbao, jefe de la División Acorazada Brunete número 1; al general de brigada Manuel Oltra, jefe del Estado Mayor de la I Región Militar (Madrid), designado vocal del tribunal, y al vocal ponente, coronel Juan Cortés.En un escrito que hicieron público a mediodía, los dos abogados defensores afirmaban que "la politización de la justicia daña y compromete su recta imparcialidad, y ello tiene eco en la opinión pública". "Estas defensas, con toda serenidad y todo respeto, pero también con toda firmeza, no se resignan a lo que consideran irregular, y plantean su queja, que seguirán manteniendo y reproduciendo donde sea menester, por sus cauces adecuados, a nivel nacional y hasta supranacional", añade el comunicado.

Los dos abogados insistían en su escrito sobre la realidad de sus afirmaciones, "hasta el extremo de que así se ha hecho pública y ha sido expresamente comentada en la Prensa (EL PAÍS, 1 de abril de 1984, página 15), sin que haya sido desautorizada ni rectificada por parte de los recusados ni por los servicios de prensa e información de la autoridad que hizo la designación de los juzgadores, quedando así en pie las trascendentes imputaciones de selección de jueces ad hoc, que no serían toleradas de ser ciertas".

El escrito se refería a la citada información de EL PAÍS, y señalaba que en la misma se recordaban, con respecto al general Juan Bautista Sánchez Bilbao, "antecedentes de pretéritos agravios, que no pueden por menos de traducirse en perjuicio hostil a la línea ideológica atribuida a los procesados". En la información de este periódico se recordaba que el padre de Sánchez Bilbao, que fue capitán general de Cataluña, murió en extrañas circunstancias después de haber exigido al general Franco la instauración de la monarquía en la persona de don Juan de Borbón. Los abogados también decían que EL PAÍS calificaba al coronel Juan Cortés de "hombre de confianza" y "cuidadosamente elegido". Con respecto al general Oltra, los letrados invocaban que "depende estrecha y directamente del capitán general".

Declaró el director de EL PAÍS

La presentación de la recusación podía originar el retraso en la celebración del consejo de guerra contra los cuatro jefes militares procesados, por lo que desde la Capitanía General de Madrid se realizaron con rapidez las correspondientes gestiones para resolver el problema antes de la hora prevista para el inicio de la vista. En primer lugar, el propio capitán general de Madrid, teniente general Gustavo Urrutia, en su calidad de autoridad judicial de la región, designó al coronel auditor Juan Gómez Calero como juez especial para dilucidar el problema.

A media mañana, el juez especial citó para pocas horas después en el Gobierno Militar de Madrid a los dos generales y al coronel recusados, a la vez que fueron llamados los dos abogados defensores. Según fuentes próximas a capitanía, también el capitán general de Madrid estuvo durante toda la jornada pendiente de la resolución del caso.

Paralelamente, el coronel Gómez Calero también citó, a primera hora de la tarde, telefónicamente, y a las 18.20 horas, mediante documento escrito, al director de EL PAÍS. Juan Luis Cebrián fue convocado en el Gobierno Militar para las siete de la tarde. A través del juez especial, los dos abogados que plantearon la recusación preguntaron a Cebrián sobre el origen de la información difundida y "la razón de ciencia y certeza" de la noticia. También fue preguntado por si la información había sido rectificada en alguno de estos días pasados.

El director de este periódico respondió que el origen de la información era un redactor de plantilla del diario y que se había publicado por su interés periodístico, de acuerdo con las normas profesionales básicas. También contestó que no se había recibido rectificación alguna al texto, y que todas las informaciones aparecidas en EL PAÍS se publican con la convicción moral de que son ciertas en todos sus extremos.

Tras estas gestiones, el juez Gómez Calero, según informaciones procedentes del Ministerio de Defensa, comunicó sus conclusiones al capitán general de Madrid, y éste decidió rechazar la recusación de los abogados, si bien este extremo aún no había sido hecho público oficialmente a última hora de la noche de ayer. En caso de no haberse resuelto el problema antes de la hora prevista para el inicio del consejo de guerra, la vista hubiera tenido que ser retrasada.

Los abogados defensores de tres de los cuatro presuntos implicados en en Golpe del 27-O solicitaron la libertad provisional para sus defendidos el 2 de abril pasado, ya que, según alegaron, se habla cumplido ya, en esa fecha, el tope máximo de 18 meses para la prisión preventiva. El cuarto procesado, el teniente coronel Fernández Hidalgo, se encuentra desde hace meses en libertad provisional.

Los abogados defensores han pedido la libre absolución de sus patrocinados, por considerar que no hubo conspiración para el delito de rebelión militar.