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Reportaje:

Policías de bata blanca y portafolios

A base de ordenadores y documentos, 10 policías intentan controlar el destino de los tres billones de pesetas que presupuesta la Seguridad Social

Con más de tres billones de pesetas anuales de presupuesto, la Seguridad Social constituye un pastel apetecible a pícaros de todo tipo. Para combatirlos existe, desde hace siete años, con base en Madrid, un grupo policial altamente especializado en la investigación de delitos relacionados con las prestaciones sanitarias y económicas de esa institución: robo y falsificación de recetas oficiales, cobro indebido de subsidios de desempleo o pensiones falsas declaraciones empresariales, médicos toxicómanos y otros casos, como el de Alfonso Pardo, médico titular de la Seguridad Social de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, que falsificaba recetas para proveerse de metasedín.

Son policías de un tipo distinto del habitual. No tienen siempre a mano una metralleta y un chaleco antibalas, como los que a veces se enfrentan a tiros con atracadores o terroristas.Sus principales herramientas de trabajo son billetes de avión, reservas de hoteles y portafolios abarrotados de leyes, reglamentos, catálogos de fármacos y listados de ordenador.

Los chorizos que atraen su atención son también muy especiales. La mayoría de las 349 personas que el grupo de investigación de la Seguridad Social puso a disposición de la autoridad judicial en 1983 era gente de cuello blanco: abogados, médicos, empresarios, gestores y funcionarios, presuntamente implicados en un total de 112 delitos de tipo sanitario y económico. Los funcionarios arrestados sumaron 14. También fueron denunciadas 16 personas jurídicas.

El grupo de investigación de la Seguridad Social fue creado hace siete años y está formado por 10 personas. Son, mitad y mitad, inspectores del Cuerpo Superior de Policía y miembros del servicio de información de la Guardia Civil, especializados en navegar por el laberíntico universo de los ambulatorios, hospitales, farmacias, entidades bancarias, despachos y oficinas de empleo. Su base está en Madrid, pero su trabajo les lleva a cualquier ciudad o pueblo de España. Los investigadores pasan unos 120 días al año fuera de sus hogares. Pedro Justo, un policía de rostro sanguíneo y barba entrecana, es el jefe del grupo. Justo, que antes de la creación de esta unidad estuvo destinado en la Brigada de Estupefacientes, afirma que lo que más cuesta a los hombres que se incorporan al grupo es llegar a conocer al dedillo el funcionamiento administrativo y económico de ese monstruo burocrático que es la Seguridad Social española.

De la complejidad de este trabajo policial da cuenta el hecho de que sus protagonistas dependen de tres ministerios: Interior, Sanidad y Consumo, y Trabajo y Seguridad Social. Una investigación del grupo empieza cuando, por ejemplo, Luis García de Blas, secretario general de la Seguridad Social, o Jose Luis Merino, subdirector general de la Inspección de Servicios Sanitarios del Insalud, informan a Pedro Justo que se ha detectado en Burgos el cobro de pensiones de personas fallecidas o que en Alicante se sospecha que un médico puede estar expendiendo en masa recetas de productos psicotrópicos.

Trabajo de despacho

Los investigadores llegan a su destino y ponen manos a la obra en estrecha colaboración con los inspectores de los servicios médicos, farmacéuticos y económicos de la Seguridad Social. Gran parte del traba o es de despacho: pedir la información a los ordenadores, bajar a los archivos y sacar polvorientos legajos, o, también, revisar contratos y facturas. Pero hay aspectos de la investigación exclusivamente policiales, que no pueden hacer los funcionarios de la Seguridad Social: seguimientos, registros, interrogatorios y detenciones. Finalmente, como afirma Pedro Justo, "hay que llevar el servicio bien amarrado y documentado al juez, porque este tipo de delitos son muy resbaladizos".

Los investigadores dividen los delitos cometidos en el ámbito de la Seguridad Social en los relacionados con las prestaciones sanitarias y los que afectan a las económicas. Del primer tipo es, por ejemplo, la presunta estafa detectada en julio de 1983 en San Sebastián, donde 10 clínicas particulares, concertadas con la Seguridad Social, facturaban días extras de estancia a los pacientes del seguro. El montante global de la estafa se evaluó en unos 350 millones de pesetas.

El robo de recetas es otra de las lacras de la Seguridad Social. Se calcula que el pasado año desaparecieron 800.000 recetas oficiales de ese organismo, la mayoría de las cuales se destinaron a la adquisición de anfetaminas. El caso más sonado tuvo como escenario Oviedo, donde tres hombres del grupo de la Seguridad Social, tras una investigación que duró un mes, denunciaron, en noviembre de 1983, a 222 personas, como presuntos componentes de una red de tráfico y consumo de anfetaminas. Un celador robaba recetas del servicio de traumatología de la residencia sanitaria de la capital asturiana; unas veinte personas las ponían en circulación y el resto eran consumidores. Una caja de maximabato, cuyo precio oficial está en tomo a las 200 pesetas, se vendía en el mercado negro por unas 6.000.

También existen organizaciones dedicadas a falsificar recetas. La más singular fue descubierta en abril de 1980 en Madrid, y de ellas formaban parte un litógrafo, un visitador médico y una tercera persona. El primero había confeccionado unas planchas con las que, en una imprenta de la calle de Telémaco, fabricaba falsas recetas de la Seguridad Social. Con esas recetas, la tercera persona visitaba a diario cuatro o cinco farmacias de la ciudad y retiraba medicamentos caros, a precios del seguro. Pero el negocio era más complejo.

El litógrafo falsificaba no sólo las recetas, sino también los envoltorios de los productos adquiridos en las farmacias. Estos medicamentos, con sus envoltorios nuevos, eran revendidos por el visitador médico a a un almacén de Murcia. Según la estimación de los investigadores, el trío manejaba al mes unas 1.600 recetas, que, tras todas las operaciones citadas, producían un beneficio de 2.800.000 pesetas. El asunto se descubrió por una mayúscula mal puesta en las recetas.

Los pícaros han inventado toda suerte de trucos para burlar a la Seguridad Social, según se desprende del trabajo del Grupo de Investigación. Hay personas que ejercen la Medicina en centros sanitarios públicos sin haber cursa-

Policías de bata blanca y portafolios

do la carrera: en la corta vida del grupo se ha descubierto que tres estudiantes trabajaron meses y meses en otros tantos establecimientos de la Seguridad Social como facultativos titulados. También hay doctores toxicómanos. El caso descubierto en fecha reciente en Boadilla del Monte (Madrid) no es el único. En 1981 fue detenido en Logroño un doctor que consumía un frasco diario de bustaid. Teóricamente esa dosis de anfetamina es mortal, pero él la necesitaba.Incluso hay quien sustrae las placas de rayos X usadas en los hospitales, para revenderlas luego por el valor de las sales de plata que contienen. Cuando en octubre de 1980 fue detenido un inspector médico de la Seguridad Social en Palencia, se estimó que había obtenido unas 800.000 pesetas por este sistema.

Delitos de guante blanco

En el campo de los delitos relacionados con prestaciones económicas, los cobros fraudulentos del subsidio de desempleo ocupan el primer lugar. El pasado febrero, fue detenido Antonio Ortiz Cano un valenciano al que se investigaba desde junio de 1983. Ortiz era el propietario de una empresa fantasma donde empleó a 170 personas. El supuesto mpresario cobraba entre 50.000 y 100.000 pesetas a los trabajadores por darles de alta en la Seguridad Social; no pagaba ni las cuotas empresariales ni las obreras; luego los despedía se hacía un simulacro ante la Magistratura del Trabajo y los su puestos trabajadores pasaban a cobrar el subsidio. Para eludir las inspecciones, Ortiz, cuya empresa ni funcionaba ni cotizaba a la Seguridad Social desde 1969, cambiaba constantemente de domicilio social. El fraude ascendió a unos 100 millones de pesetas.

En este tipo de asuntos también se han visto implicados algunos funcionarios. En 1981 se descubrió en Madrid que un funcionario de la Seguridad Social había inscrito por procedimiento similar al del valenciano citado y también a cambio de remuneraciones en metálico, a unas 80 personas en el desempleo. Las empresas utilizadas eran Manfisa e Impertesa, ya desaparecidas. El fraude, que en esta ocasión ascendió a unos 50 millones de pesetas, se basa en que el trabajador no pierde su derecho a cobrar el subsidio aunque la empresa no haya cotizado a la Seguridad Social.

Algunas gestorías también han intentado aprovecharse del río revuelto de la Seguridad Social. En 1983, el grupo de investigadores detectó presuntas estafas en 10 de estas oficinas, repartidas por toda España. Sin embargo, el caso más sonado de los últimos años fue descubierto en diciembre de 1982, en Málaga. Una gestoría de esa ciudad había falsificado sellos del Banco Central, con los que daba apariencia de veracidad a supuestos recibos por ingreso de las cuotas empresariales y obreras a la Seguridad Social. La gestoría se quedó con unos 100 millones de pesetas de unas 65 empresas debían haber abonado a la Seguridad Social.

Pero el caso más curioso tuvo como protagonista al secretario del Ayuntamiento de un pueblo de Almería, que era también juez de paz y corresponsal de la Seguridad Social. Pedro Justo lo investigó en persona en 1979 y descubrió que el secretario cobraba desde hacía años las pensiones de cuatro personas fallecidas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de abril de 1984

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