Delincuencia y cambio social

Hace unas semanas, un diario de Madrid publicaba un artículo que recogía perfectamente algunos tópicos sobre el aumento de la inseguridad ciudadana. En él se respondía a unas declaraciones que relacionaban el aumento de la delincuencia con el progreso del país. Su crítica se basaba en una interpretación muy simplista de la relación entre ambos conceptos, que puede resumirse así: "El progreso es bueno, y la delincuencia, mala, luego no tienen nada que ver". Este argumento sugiere la siguiente matización: dado que la palabra progreso puede resultar algo imprecisa, el término más adecuado parece ser el de desarrollo social, el cual engloba tanto los aspectos puramente económicos del crecimiento como sus dimensiones sociales. Entre estas últimas hay que destacar el cambio de estructuras que se produce en las sociedades al avanzar en su proceso de modernización. Se trata, por tanto, de un concepto más amplio que el de crecimiento económico y más preciso que el de progreso. En este sentido, la transición política que se produce en España desde 1975 es desarrollo político, ya que implica una racionalización del orden político, una legitimación de sus instituciones.En segundo lugar, esta acepción del término responde al concepto de cambio social, ya que implica transformaciones en las instituciones más importantes de la sociedad para hacer frente a nuevas situaciones. Todo proceso de cambio lleva consigo fenómenos sociales de distinto signo; toda transformación exige reajustes en los sistemas de organización social. Entre los de signo adverso para el libre ejercicio de las libertades, el aumento de la delincuencia es uno de los que más destacan, debido a su incidencia en la vida cotidiana y a su carácter espectacular.

A grandes rasgos, se pueden distinguir dos grupos de procesos sociales que están relacionados con el aumento de la delincuencia en nuestro país. Por una parte, aquellos que pueden tipificarse como estructurales y están vinculados a las transformaciones que experimentan las instituciones y formas de vida de las sociedades modernas. Por otra parte, factores coyunturales, que se presentan de forma temporal y están relacionados con los desajustes producidos por los primeros en instituciones directamente vinculadas con los sistemas de control social. Entre los primeros cabe destacar el aumento del paro, la transformación de instituciones claves en la educación de los jóvenes, su sustitución por otras (escuela, medios de comunicación), los cambios en los sistemas de creencias, la intensificación del conflicto entre generaciones, la proliferación de subculturas marginadas y las condiciones de vida en las grandes ciudades.

Respecto a la segunda clase de factores, los tres primeros que se venían considerando eran la incapacidad de respuesta al incremento de los delitos por parte de la Administración de justicia, la antigüedad del sistema procesal y las medidas de gracia decretadas en 1975 y 1977. A éstos, recientemente, ha venido a sumarse un nuevo elemento que opera en la misma dirección, multiplicando su impacto: la excarcelación de un importante sector de la población reclusa en virtud de la reforma de las disposiciones legales sobre prisión preventiva.

Este hecho es clave, tanto por su potencial incidencia en el reciente aumento de los delitos como porque pone de manifiesto la naturaleza del proceso, la complejidad de este tipo de problemas. Las reformas realizadas eran ineludibles en un Estado de derecho, cuya pieza fundamental, el principio de legalidad, establece que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Sin embargo, la cuestión de fondo consiste en determinar si esas reformas ineludibles también eran inaplazables, si no debieran haberse realizado de otra forma y disponiendo de un aparato de justicia capaz de enfrentarse a la nueva situación, al aumento del número de presuntos delincuentes en libertad.

La evolución de la delincuencia en los últimos años (1975-1982) resulta más inteligible si partimos de esta tipología. El aumento gradual de los delitos responde a la acción de factores estructurales, asociados a los procesos de cambio de la sociedad española: una evolución que puede considerarse normal en países industriales de Occidente. Los bruscos aumentos que se producen en determinados períodos -como el otoño de 1978, los años 1979 y 1983- responden a la acción de factores coyunturales. Su carácter transitorio ha de reflejarse en la delincuencia, restando gravedad y dramatismo a su evolución.

Finalmente, otro tópico también bastante extendido, y en muchos casos identificado con el anterior, sustituye la relación anteriormente expresada por la siguiente: la democracia genera un debilitamiento del principio de autoridad, que es la causa del aumento de la delincuencia. La coincidencia de esto último con la instauración del sistema constitucional en España es utilizada como evidencia de esta idea, que es radicalmente falsa por las siguientes razones:

1. Gobierno democrático no es sinónimo de crisis de autoridad, sino todo lo contrario: significa Gobierno legítimo, y por tanto, fuerte; autoridad reforzada por el refrendo popular.

2. El aumento de la delincuencia no tiene su punto de arranque en el año 1975, sino que viene de antes. Al igual que el terrorismo, se registra ya en el anterior régimen autoritario.

Según el Instituto Nacional de Estadística, entre 1954 y 1969 el total de sumarios incoados aumentó en un 180%, y el aumento más fuerte se produce entre 1960 y 1969: es decir, en los años de mayor crecimiento económico que ha conocido el país. Una evidencia más sobre la relación entre delincuencia y cambio social.

es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.