Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Tribuna:TRIBUNA LIBRE

Heroína: mercado y poder político

La heroína ocupa el lugar central en la problemática del consumo de la droga tanto en Europa como en España, señala el autor de este trabajo, quien asegura que este mercado supone en nuestro país 117.000 millones de pesetas al año. A su juicio, la lucha contra la droga requiere, primero, la prevención y asistencia a los toxicómanos; la represión judicial y policial, después, y por último, la coordinación internacional en la materia.

En la actualidad el problema de la droga en Europa se presenta básicamente como el problema de la heroína. A ello contribuyen diversos factores. En primer lugar, la heroína y demás derivados del opio, en contraste con las restantes drogas ilegales, generan una radical dependencia en el consumidor, que le priva de toda libertad para decidir sobre la continuación o no del consumo, que le lleva a una progresiva destrucción de su personalidad y de su inserción en la sociedad y, no infrecuentemente, a la prostitución y al delito para financiar el consumo, e inclusive a la muerte (90 casos constatados y 200 estimados en España durante 1983). En segundo lugar, la dimensión cuantitativa del consumo, que reviste los caracteres de una epidemia europea: 150.000 en Francia y entre 240.000 y 360.000 en Italia, ambos, datos oficiales. En estimación del doctor Santiago de Torres, el número de consumidores en España puede rondar los 80.000, con núcleos básicos en Barcelona, Madrid y País Vasco.Las dimensiones del problema exigen una nueva reflexión sobre su naturaleza y sobre los instrumentos para hacerle frente, a lo que ha contribuido el reciente congreso convocado por el Partido Comunista italiano en Módena, bajo el lema de Una política de Europa contra la droga, al que han concurrido especialistas, representantes de los grupos de izquierda del Parlamento Europeo y una delegación española.

El problema de la heroína ha sido tomado en consideración hasta ahora únicamente desde el plano puramente represivo, sobre todo contra el traficante final e intermedio y con pocos medios y una deficiente coordinación entre los diversos cuerpos policiales.

Sólo en algunos países se ha tomado en consideración como problema de salud pública, si bien de modo muy limitado. En España la asistencia específica a los toxicómanos es prácticamente inexistente, reducida a unos pocos centros públicos, básicamente municipales, y a algunas instituciones privadas.

Ahora bien, si se atiende a la dimensión económica del tráfico y consumo de heroína, se pone de manifiesto un aspecto nuevo y fundamental: la heroína, como mercado y como poder económico y político.

En efecto, se calcula que si cada uno de los 80.000 heroinómanos requiere, cuando menos, y como dosis mínima, un cuarto de gramo, cotizado a 4.000 pesetas, el consumo de heroína diario en España representa 320 millones de pesetas, lo que supone ¡117.000 millones de pesetas al año! La heroína se trata, pues, no sólo del mayor negocio del mundo, sólo comprable al de las armas, sino también del mayor negocio de España. Es más, es un negocio en expansión, porque para financiar el consumo el usuario se convierte, por obra de su adicción, en el mejor agente distribuidor, y en la ampliación del mercado se juega su propio consumo.

Cuando tal financiación no es posible, el único recurso es la prostitución y el robo, pudiendo entenderse ahora las causas del incremento de la delincuencia violenta contra la propiedad, la proliferación de negocios de compra-venta de oro, etcétera.

La dimensión financiera

La consideración de la droga como mercado nos debe llevar a estimar los efectos de su dimensión económica. Ese gigantesco poder financiero se ve obligado a lavar el dinero sucio y, por ello, a penetrar en la economía honesta, con la que compite de forma desleal, pues sus inversiones no están lastradas por los intereses del 20% y el 25% de la financiación bancaria. Y ante el desequilibrio de capacidad financiera entre las empresas honestas y las ligadas a la droga, los empresarios en dificultades se ven abocados a incorporarse al circuito criminal del tráfico y de la financiación. Los últimos traficantes detenidos en Italia eran, precisamente, empresarios honestos en crisis. La dimensión económica del tráfico de heroína evidencia que la acción represiva debe atender, más que al traficante final, al núcleo del tráfico, al circuito financiero, al control de cuentas y movimientos bancarios, al tráfico legal e ilegal de divisas. Palermo, capital de la droga italiana, es la ciudad con mayor número de bancos nacionales y extranjeros de aquel país.A su vez, la dimensión económica de la heroína nos debe llevar a una reflexión sobre la dimensión política. En primer lugar, porque un poder financiero criminal tan enorme necesita penetrar en el Estado y en las instituciones: políticos, gestores públicos, banca, policías y jueces. La heroína requiere corrupción institucional en gran escala. En segundo lugar, a nadie se le puede ocultar que quien tiene un poder de acumulación de capital tan gigantesco no puede carecer de proyecto político.

La lucha contra la droga requiere, por todo lo expuesto, una estrategia política general, de Estado, que se proyecte en:

1. El ámbito de la sanidad pública, de prevención y asistencia a los toxicómanos.

2. La represión policial, coordinando los cuerpos policiales y dotándoles de los medios técnicos, personales y jurídicos para operar sobre la trama financiera del mercado.

3. El plano político, prestando un interés de primer orden en las manifestaciones de corrupción ligadas a la droga, sin descartar nunca que la corrupción, por ejemplo, de un juez, no sea un hecho aislado, sino, quizá, la punta de un iceberg.

Por último, la lucha contra la droga no puede limitarse a un solo país. Ante la heroína nos movemos entre la indiferencia de los países socialistas y los intereses políticos y económicos de Estados Unidos.

Se requiere, también aquí, una estrategia europea contra la droga, del Parlamento y del Consejo de Europa, que permita la cooperación coordinada de los diversos países, que consolide el espacio judicial europeo y que pueda impulsar una acción directa sobre los países productores de opio, concertando con ellos planes de reconversión de las zonas de cultivo del mismo en zonas de producción de bienes que sirvan a la prosperidad de sus pueblos y no a la de los señores de la droga.

 

Luis Arroyoes profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, presidente de la Comisión de Justicia y Libertades Públicas del PCE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 5 de abril de 1984