Los traslados masivos de guardias civiles de Huelva, derivados de amplias investigaciones

Los traslados masivos de miembros de la Guardia Civil de puestos costeros de la provincia de Huelva (véase EL PAÍS de ayer) son el resultado de una exhaustiva investigación llevada a cabo por los mandos de ese cuerpo de seguridad y por el Gobierno Civil de la provincia.Las investigaciones comenzaron a raíz del escándalo suscitado el pasado verano tras la publicacíón de un informe en el que se explicaba el presunto caso de corrupción en el que parece estar implicado medio centenar de guardias civiles adscritos a la comandancia de Huelva. Los agentes, según las denuncias publicadas en la Prensa, habían estado recibiendo dinero de contrabandistas de tabaco por no aprehender alijos. Las autoridades han ordenado ya el traslado de al menos una veintena de guardias.

El Gobierno Civil se muestra sumamente cauteloso a la hora de explicar las razones a las que son debidos estos traslados, y argumenta que están motivados por "una pérdida de confianza de los mandos en determinadas personas, hecho relativamente frecuente en una institución militar". Hasta ahora, las autoridades no han reconocido la existencia de sobornos a miembros de la Guardiá Civil por los contrabandistas de tabaco.

El informe que motivó el escándalo y posteriormente la investigación de las autoridades, y de cuya filtación a los medios de comunicación fueron acusados dos miembros del Cuerpo Superior de Policía, posteriormente sancionados con retirada del servicio, señalaba que numerosos guardias civiles de los puertos de la costa de Huelva reclamaban telefónicamente dinero a los contrabandistas por dejarles pasar sus alijos. Los puestos a los que pertenecían estos guardias civiles son: Ayamonte, Isla Cristina, El Rompido, Huelva (brigadillas fiscal y de información), Punta Umbría y, en Cádiz, Sanlúcar de Barrameda.

El cobro por los guardias civiles se llevaba a efecto incluso cuando eran enviados a otros destinos fuera de la provincia de Huelva. Tras el escándalo levantado y como consecuencia de la múltiple insistencia en la aclaración de los hechos, la comandancia de la Guardia Civil redactó un comunicado en el que argumentaba falta de pruebas de tan graves acusaciones, sin excluir la posibilidad de que "un pequeño número de las escalas inferiores de la Guardia Civil -nunca superior al 0,5% de sus integrantes- haya podido estar involucrado en casos similares al denunciado y sobre los que no se ha podido actuar porque no basta con presunciones de culpabilidad, sino que hay que aportar pruebas y las evidencias necesarias, recurriéndose en casos de duda razonable tan sólo al traslado de los sospechosos fuera del radio de acción".