Concejales del PCE de Paracuellos denuncian ilegalidad en la modificación del plan general

Tres concejales comunistas de Paracuellos del Jarama abandonaron el pleno celebrado el martes por la corporación municipal y comenzaron un encierro voluntario de 24 horas para protestar por lo que califican como un caso grave de incumplimiento de ley. Un recurso presentado por los mismos concejales ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y que ha sido admitido a trámite, intenta demostrar que cuatro corporativos de Paracuellos tienen intereses familiares en la aprobación del Plan General de la localidad, por lo que, de acuerdo con la legislación vigente, no deben ni asistir a los debates. Por otra parte, dos concejales del PSOE, uno de los cuales figura también como implicado en el recurso, fueron expulsados del partido en noviembre de 1983, por su sistemático apoyo a la derecha local.

En el pleno celebrado el pasado martes se sometió a aprobación que el arquitecto municipal incluya en el Avance del Plan General las modificaciones aprobadas en un pleno anterior, celebrado en septiembre. En estos seis meses, los arquitectos de la oficina municipal que se encargaron de redactar la versión original del Avance del Plan, se han mostrado reticentes a aceptar las modificaciones, en las que se juega la cesión al ayuntamiento de un millón de metros cuadrados de terreno, según Antonio Gutiérrez Araujo, uno de los concejales comunistas encerrados.Al comenzar el pleno, los con cejales comunistas pidieron que el alcalde, el independiente Pedro Antonio de Mesa, y otros tres concejales, dos independientes y uno expulsado del PSOE, abandonaran la sala mientras se trataba el asunto, que finalmente fue aprobado. Esta petición se basa en el artículo 227 del Regla mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, que establece que no podrán asistir a las deliberaciones ni a las votaciones aquellos concejales, incluido el alcalde, cuando el tema a tratar afecte sus intereses persoriales o los de parientes hasta el tercer grado.

Según Gutiérrez Araujo, el propio alcalde y dos concejales independientes, Dionisio Ramos y Vicente Ramos, y uno de los dos concejales expulsados del PSOE, Francísco García, tienen intereses directos o familiares y se ven beneficiados por las modificaciones al Avance del Plan. Ayer no fue posible localizar al alcalde de Paracuellós ni a ninguno de los concejales implicados. En noviembre del año pasa do, cuando las acusaciones se dieron a conocer por primera vez, tampoco ninguno de ellos se ofreció a dar su opinión sobre el contencioso.

Al no acceder a su petición, los tres concejales comunistas que asistían al pleno, el ex alcalde Ricardo Aresté, el diputado regional Gutiérrez Araujo y Pedro Polo, independiente que se presentó en las listas del PCE, abandonaron el salón de plenos y comenzaron un encierro, que terminó 24 horas después, a las ocho de la tarde de ayer, miércoles.

El Avance del Plan General no pudo ser aprobado por la anterior corporación, presidida por el comunista Ricardo Aresté, por el boicoteo de los dos concejales socialistas, que se ausentaron o votaron a favor de los independientes -candidatura que agrupa a las fuerzas de la derecha local- en los momentos oportunos. Las denuncias presentadas por el comité provincial del PCE a la Federación Socialista Madrileña (FSM) cayeron en saco roto, hasta el punto de que la FSM volvió a presentarlos , encabezando la candidatura socialista en las elecciones de 1983.

Expediente disciplinario

Las elecciones municipales arrojaron un resultado de cinco concejales para la candidatura independiente, cuatro para el PCE y dos para el PSOE. Estos últimos, en contra de las instrucciones del partido, se negaron a apoyar al candidato comunista, por lo que los independientes se alzaron con la alcaldía. Sólo entonces la FSM abrió un expediente disciplinario contra sus dos militantes, que fueron expulsados del partido en noviembre de 1983, aunque no dimitieron de sus puestos como concejales.El pleno de septiembre de 1983 aprobó, con el voto en contra del PCE, varias modíficaciones al Avance del Plan General redactado por la corporación anterior. Estas modificaciones suponen la recalificación de algunas parcelas y la pérdida de importantes cesiones de terreno, por un total de un millón de metros cuadrados, en las riberas del Jarama.