Los socialistas portugueses conceden a la Iglesia católica un canal de televisión

El monopolio casi total que el Estado portugués ejerce desde 1975 sobre la radio y la televisión parece tener sus días contados. Dentro de unas semanas, la Iglesia católica portuguesa dispondrá, por decisión del Consejo de Ministros que preside el socialista Mario Soares, de un canal privado de televisión.

El anterior Gobierno de centroderecha, presidido por Francisco Pinto Balsemao, había abierto en 1982 una singularidad legal en el monopolio estatal de la televisión en reconocimiento del "papel excepcional que desempeña la Iglesia católica: en la sociedad portuguesa". El Gobierno de Mario Soares acaba de concretar la medida adoptada por su antecesor, a pesar de las críticas del sector republicano, tradicionalmente anticlerical, y del partido socialista contra las excesivas concesiones a la jerarquía católica lusa en materia de enseñanza y comunicación social.La legalización de la televisión del patriarcado no constituyó una sorpresa en Lisboa. Las relaciones entre el Gobierno y la jerarquía católica llegaron al borde de la ruptura con la reciente aprobación, por el Parlamento de Lisboa, de una ley despenalizando parcialmente el aborto, y después de un viaje relámpago de Mario Soares al Vaticano para tratar de resolver el conflicto, la Prensa portuguesa daba como seguro que la televisión católica sería parte del precio a pagar por el líder socialista para hacer las paces con los obispos. El problema de la radio es bastante más complicado, porque la revisión constitucional de 1982, que mantuvo el monopolio estatal en materia de televisión, autoriza la creación de radios privadas.

Más de 300 demandas de autorizaciones legales ya fueron entregadas a la Secretaría de Estado de la Comunicación Social, que depende directamente de la Presidencia del Gobierno, pero la respuesta está condicionada por la aprobación, en el Parlamento, de una ley de radio.

Desde 1975, la emisora católica Radio Renascença, propiedad de la Conferencia Episcopal portuguesa, es la única excepción importante al monopolio estatal de la radio. Su red es actualmente la más completa y poderosa del país, y sus dirigentes afirman que la audiencia media de Radio Renasenga es superior a la de las tres emisoras estatales en su conjunto. Entre tanto, una docena de radios locales empezó a emitir esporádicamente, con las dificultades y los riesgos que implica el estatuto de radio pirata a nivel local y con un radio de difusión generalmente inferior a 10 kilómetros.

Varias cooperativas creadas en Lisboa por profesionales de la radio (TSF, CRAC, etcétera) disponen ya de estudios y de todo el material necesario para producir, realizar y transmitir programas de calidad, pero esperan todavía la autorización legal para empezar sus emisiones.

En febrero, y sin previo aviso, una emisora de las Fuerzas Armadas americanas empezó a emitir en la zona de Lisboa, y el escándalo así provocado encendió una verdadera guerra entre el Gobierno y las llamadas radios libres. En una reunión celebrada en Abrantes el pasado domingo, los reprsentantes de 10 emisoras libres afirmaron que el trato discriminatorio de que son objeto en relación a radios extranjeras y a la Iglesia prueban que el problema de su autorización "no es témico, sino político". "La radio oficial tiene miedo de la voz de la radio libre", dijo en Abrantes un responsable de TSF, actualmente funcionario de la radio estatal.

Las radios libres adoptaron la resolución de "desafiar al Gobierno y continuar emitiendo para que se habitúe el público a una radio diferente, capaz de tratar todos los problemas con total independencia en relación a todas las formas de poder".

Entre el 15 de abril y el 15 de mayo próximos, las emisoras representadas en Abrantes realizarán una emisión conjunta en Lisboa, probablemente a partir de las instalaciones de la cooperativa TSF. Con esta decisión conjunta esperan poder cubrir el horario completo con emisiones variadas que permitan a los oyentes de la capital comprender mejor la lucha en curso para romper la "intolerancia administrativa del Gobierno" y obligar a una toma de decisión.