La Sala Segunda
del Tribunal Supremo ha acordado no admitir la querella presentada contra el magistrado Rafael Gómez Chaparro por los presuntos delitos de prevaricación y falsificación de documentos. El Supremo considera que la sentencia dictada por el magistrado, en noviembre de 1982, fue justa y que no existió falsificación de documentos, dado que los jueces no son los encargados de notificar las sentencias.
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