Funcionarios de la región madrileña denuncian la disparidad de salarios para trabajos iguales

Los técnicos superiores, administrativos y demás empleados que prestaban servicio en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana (Coplaco), y que se integraron en la Consejería de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid cuando ésta asumió las transferencias en materia de urbanismo, han denunciado lo que, en su opinión, es una tremenda disparidad de sueldos en el interior de la consejería entre funcionarios que cumplen trabajos iguales.

Según los datos facilitados por la Asociación Sindical de Funcionarios de Coplaco, entre un ordenanza de este organismo y otro proveniente de la Diputación Provincial la diferencia de sueldo bruto anual asciende a 194.080 pesetas. Entre dos abogados o arquitectos, la diferencia asciende a 645.555 pesetas anuales, por citar dos ejemplos.Hasta ahora, las protestas de los ex funcionarios de Coplaco -cerca de 800 personas- no han sido atendidas. Durante la semana del 5 al 11 de marzo desarrollaron paros periódicos de dos horas diarias. Eduardo Mangada, consejero de Ordenación Territorial, se ha dirigido por carta a los funcionarios, según la información facilitada por ellos mismos, notificándoles que está prevista la constitución de una mesa negociadora que aborde las diferencias de salarios y otras cuestiones laborales.

Al mismo tiempo, la carta de Mangada advertía la posibilidad de adoptar sanciones en caso que se mantuvieran los paros. Los funcionarios provenientes de Coplaco, han decidido suspender los paros parciales a la espera de que se constituya dicha mesa negociadora.

Según la tabla comparativa aportada por los denunciantes, entre un ingeniero proveniente de Coplaco y otro de la diputación provincial -ambos integrados ahora en la Consejería de Ordenación Territorial- la diferencia de salario bruto asciende, anualmente, a 332.603 pesetas, diferencias que varían según las categorías, pero que siempre son desfavorables a los primeros.

Las diferencias se originan en que los funcionarios provenientes de la diputación cobran un plus, denominado complemento especial diputación. Estos hechos, se afirma en un escrito enviado por la asociación sindical a todos los grupos parlamentarios, "vulneran el principio de igualdad de trato entre los trabajadores de un mismo centro debido a su origen administrativo, principio que viene protegido por la Constitución".

Asimismo, los denunciantes han mostrado su oposición a la convocatoria de un concurso para contratar dos nuevos arquitectos destinados a la Fundación Provincial de la Vivienda, hecho incomprensible, según la asociación, cuando la consejería cuenta actualmente con 52 técnicos superiores de los que la mayoría son arquitectos.