Las declaraciones de dos 'ultras' acusan al comisario Conesa de haber armado a un comando nazi, para luchar contra ETA

Dos de los 17 ultras juzgados en la Audiencia Provincial de Barcelona -ocho por tenencia ilícita de armas, y nueve por desórdenes públicos- manifestaron ayer durante la vista oral que en 1974 el comisario Roberto Conesa organizó en Valencia un comando parapolicial, integrado por militantes del Partido Español Nacional Sindicalista (PENS) -de ideología nazi-, que tenía como, objetivo declarar la guerra sacia al FRAP y a ETA. Conesa, ya jubilado, era entonces el máximo responsable de la Brigada de Información.

Según la versión de los dos ultras, el comando actuó en el País Vasco español y en el francés, donde efectuaron la voladura de numerosos chalés de etarras, a cambio de armas e impunidad.Los hechos juzgados ayer en la Audiencia de Barcelona se remontan al 18 de junio de 1980, cuando un grupo de simpatizantes de la extrema derecha decidió manifestarse por las calles de la ciudad, con ocasión del que denominaron Día de la Patria Española, en protesta por el reciente incendio de camiones españoles en Francia y el apresamiento de pesqueros por Marruecos.

La manifestación, que fue calificada de ilegal por el Gobierno Civil, acabó con un atentado contra la sede de Unión de Centro Democrático y con la detención de varios jóvenes a los que se les imputaban delitos de desórdenes públicos. Se iniciaba de esta manera la instrucción de una voluminosa causa en la que, además del incidente de Barcelona, se investigó un supuesto tráfico de armas.

La historia judicial de esta causa se inició en la Audiencia Nacional, se prolongó posteriormente a lo largo de cuatro juzgados y finalizó en el mes de enero de 1983, cuando Ernesto Milá fue detenido en Barcelona después de haber permanecido durante tres años acosado por una orden de búsqueda y captura. Con la detención de Ernesto Milá concluía la instrucción del sumario, que desembocó en el juicio oral que se vio ayer finalmente en la sección primera de lo penal.

A lo largo de las 12 horas que duró ayer el juicio oral, la fiscal María Teresa Compte intentó insistentemente localizar el origen y el complejo recorrido que, entre las filas de la extrema derecha, efectuaron dos ametralladoras marca Ingram M-10 -más vulgarmente conocidas como mariettas, fabricadas en Estados Unidos-, cinco pistolas Astra y -una Llama, así como abundante munición. Todo ello fue localizado en los domicilios de ocho de los acusados.

El ministerio público llevó hasta la sala las declaraciones efectuadas ante la policía por Juan Carlos Castillón Martín y Ernesto González Asensio, que ayer estaban en paradero desconocido. Éstos aseguraban que el armamento citado anteriormente procedía de servicios de seguridad de la Presidencia y que había sido facilitado a militantes del PENSI para que pudieran llevar a cabo una guerra sucia contra ETA y el FRAP. Los dos detenidos señalaban que el organizador de este comando había sido el comisario Conesa y que uno de los responsables del grupo era Ernesto Milá.

La fiscal Teresa Compte interrogó también a los procesados sobre la implicación del ultra italiano Stefano della Chiae en este tráfico ilegal de armas. Della Chiae, bajo el nombre de Claudio, trabajaba como camarero en una pizzería de Madrid y está relacionado con la ultraderecha internacional. Uno de los acusados, Alfredo Blas Alemany, aseguró haber recibido las dos mariettas de manos del italiano, en Madrid, con orden de guardarlas.

El confuso recorrido de estas armas finalizó en una finca de Valdepeñas (Ciudad Real), donde las escondió el procesado Antonio Valero Sánchez Cantalejo. Con anterioridad, alguien había vuelto a referirse a Ernesto Milá, para asegurar que en Montserrat el ultra había enseñado a los alumnos el manejo de las armas.

Milá, para quien el fiscal pidió en principio tres años de cárcel, negó todas las acusaciones.

El fiscal llegó a la conclusión de que las acusaciones de tenencia ilícita de armas vertidas contra Milá carecían de base, y retiró esta última acusación y mantuvo sólo la de desórdenes públicos. Para los demás acusados, reclamó un total de 67 años y cuatro meses de prisión.