El titular de Industria sugiere una mayor flexibilidad en la política nuclear
El titular de Industria y Energía, Carlos Solchaga, sugirió ayer la posibilidad de que el Gobierno sea más flexible en su política nuclear, al matizar que la entrada en funcionamiento de algunas de las centrales no previstas en el Plan Energético Nacional (PEN) dependerá, en último extremo, de la evolución de la demanda energética. Solchaga insistió en que será el Parlamento el que decidirá, de manera formal, sobre el parón nuclear propuesto por el Gobierno en el PEN.Asimismo, el ministro anunció que las obras en curso realizadas en centrales nucleares afectadas por la moratoria nuclear -cuyas inversiones, incluidos intereses, se elevan a 477.000 millones de pesetas- se amortizarán en 25 años mediante la parte correspondiente de incremento de tarifas que se ha previsto a tal fin.
En su largo discurso ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, el responsable de la política gubernamental en el campo energético ratificó las previsiones del PEN en materia nuclear: se conectarán a la red cuatro centrales más de aquí a 1992 (además de las seis en funcionamiento) y no se conectarán cinco grupos autorizados en la anterior legislatura. Bajo esa perspectiva, si el Parlamento ratifica esta propuesta, quedarán sin enchufar a la red los dos grupos de Lemóniz y uno más a seleccionar entre Trillo I, Valdecaballeros I y Vandellós II. La flexibilidad hipotética sugerida por Solchaga se cifraría en que los tres grupos últimos entrarían en servicio.
El ministro anunció que el Consejo de Ministros aprobará el próximo 28 de marzo el Plan Energético Nacional que ha sido elaborado por su ministerio y anticipó que en unas semanas más estarán listas las nuevas sociedades contempladas en los dos protocolos firmados en mayo y en julio con el sector eléctrico y el de hidrocarburos. Se trata de la sociedad gestora de la red de alta tensión y la denominada Nueva Campsa.
En el pleno del Congreso de ayer, concluido el debate sobre la LODE, se aprobó una proposición de ley de la Minoría Catalana sobre política científica y de innovación teconológica. La proposición de ley pide sobre todo que se realice un debate en profundidad en la Cámara sobre las líneas básicas a seguir en política científica e innovación tecnológica.
