La búsqueda del equilibrio hidráulico / y 3
El oficio de ingeniero conduce a un enfrentamiento con la realidad natural, y su práctica profesional, que con tanta frecuencia se traduce en una transformación de las condiciones naturales, le lleva a pensar que en la marcha del progreso la naturaleza es su único antagonista, lo único esencialmente modificable por su intervención. Con la misma frecuencia olvida que existe una segunda naturaleza, la creada por el hombre en su historia, constituida por poblaciones, costumbres, leyes, derechos y creencias, mucho más reacia a toda transformación y mucho más difícil de ser corregida cuanto menos física, y, por así decirlo, más verbal, es. El espíritu es, para el ingeniero, más inerte, conservador e inamovible que la materia. Lo cierto es que no hay ningún ingeniero, por fortuna, que pueda alterar los sentimientos regionales o los derechos de ciertos regantes. Y en contraste con la primera, esta segunda naturaleza crece, se robustece y aherroja cada día que el hombre habita su tierra. Antes hablé de dos circunstancias que, en principio, se oponen al desarrollo de aquellos planes que a largo plazo han de perseguir la consecución de un equilibrio hidráulico para nuestro país; se pueden configurar en paralelismo con las dos naturalezas. Y si, por un lado, he expuesto unos datos de primera magnitud deducidos de la auscultación del primer reino, y que a no dudar insinuarán las direcciones fundamentales que han de seguir aquellos planes, por otro, he de mencionar el conjunto de medidas políticas, legales y administrativas que han de hacer posible la puesta en ejecución de aquéllos. En primer lugar, a lo que entiendo, es necesaria la aprobación y puesta en vigor de una nueva ley de Aguas, en cuya promulgación está empeñado el actual Gobierno; una ley que parta del principio básico que considera el agua como un bien común, y que ha de llevar al ciudadano español a la convicción de que el ordenamiento hidráulico ha de ser una empresa absolutamente colectiva, olvidando de una vez para siempre cualquier particularismo -sea a la escala que sea- y obligando a renunciar a quien lo disfrute a cualquier obsoleto derecho que haga de él un ciudadano hidráulicamente privilegiado, en detrimento de otros imperiosamente necesitados de lo que a él le sobra.Experiencia significativa
La primera experiencia española en cuanto a modificación del estado heredado de las cuencas y sus caudales ha sido muy significativa, más por las polémicas y repercusiones públicas que ha suscitado que por la modificación del balance hidráulico que ha introducido en las tierras que ha afectado. Del trasvase Tajo-Segura se puede decir todo lo que se quiera menos que se trata de una obra gratuita e innecesaria; es, sin más, una de las piezas imprescindibles del complicado mecanismo que es preciso montar si nuestro país aspira un día a tener equilibrado su balance, y si ha suscitado tanta polémica (más a la hora de su explotación que durante su construcción) se debe, en buena medida -y esto es una opinión muy personal-, a su singularidad, a que no ha venido acompailada de otras equivalentes que poco a poco vayan formando ese mecanismo y a la atrasada manera de pensar de mucha gente, que siguie creyendo todavía en la propiedad territorial del agua. Sobre este acueducto -y sobre los que en el futuro se hayan de construir para disponer de ese mecanismo de compensación hidráulica- quiero añadir algo un tanto obvio, pero que no puede dejarse de lado: las críticas que recibe se refieren todas a su explotación, al hecho de que sirve para quitar agua de una cuenca y entregarla a otra, sin que ambos actos -despojo y donación- estén técnica y legalmente justificados. Pero aun suponiendo que así fuera y que la cuenca expoliada fuera tan deficitaria conio la receptora (esto es, que toda la operación no fuera más que el desnudar a un santo para vestir a otro), de lo que no cabe la menor duda es que ese viaducto es el camino más económico y corto para llevar agua a un lugar sediento y que en su día vendrá a formar parte de una red viaria interconectada que permitirá transportar los excedentes hídricos a los puntos donde son necesitados, pues ¿hay alguien en España que dude que hay cuencas deficitarias y cuencas excedentes? Aun suponiendo que una hubiera perfectamente compensada, y con sus límites coincidentes con los de su autonomía política y administrativa, por su vecindad con otras que no gozaran de su misma suerte se vería obligada a entrar en el juego de las compensaciones, entregando la misma agua a la sedienta que recibiera de la excedente y abrir su territorio al paso de los acueductos, pues, de no prestarse a ello, ¿cabría afirmar que seguía formando parte de la comunidad española? La cuenca del Tajo, por su especial situación geográfica y por su ajustado balance hidráulico, puede considerarse como una frontera entre las tierras excedentes y las deficientes, y con independencia de procurarse su propio desarrollo, no podrá sustraerse a su función colectora de aguas septentrionales para su despacho hacia tierras meridionales; una suerte de plataforma de reparto de todas las aguas centrales.
Este estado de cosas lleva, finalmente, a una consideración de la máxima importancia. El mecanismo de compensación hidráulica de que hablé antes será una empresa común que costará un enorme esfuerzo, una enorme cantidad de dinero y tal número de años que probablemente los técnicos de mi generación no llegaremos a verlo. Me atrevo a presumir que, como obra pública, será la más importante del país en toda su historia. Y ahí está el gran problema de las prioridades. Ese mecanismo no se podrá -muy probablemente- ni proyectar ni, por supuesto, llevar a la ejecución sino por partes. A partir de un plan general que perfile y defina los últimos objetivos se deberá comenzar por los elementos más asequibles, como puede ser la regulación total de las cuencas, para de ahí pasar a las conexiones entre cuencas vecinas por sus puntos de paso más favorables, y de ahí saltar a la comunicación recíproca entre todas las cuencas hasta alcanzar la facultad de entregar en cualquier punto del territorio español el agua caída en cualquier otro punto. Nada más fácil de pronosticar que el cúmulo de dificultades políticas, jurídicas y técnicas que se opondrán al segundo paso una vez agotada la regulación global de las cuencas. Sin duda que las mismas reacciones que ha suscitado el trasvase Tajo-Segura se producirán entonces; las mismas quejas, las mismas alegaciones, las mismas acusaciones acerca de la futilidad de la operación, el despojo del necesitado, la necesidad de compensaciones. A mí no me parece una medida de buen gobierno demorar a las calendas griegas la solución de un problema latente que al ser suscitado provoca reacciones casi violentas, más temibles que aquellas a que da lugar la sed. Me parece que el problema está en dotar a los españoles de la cantidad de agua que necesitan, y a la que tienen derecho, y no en procurar no levantar o herir los sentimientos locales o regionales o despertar la nueva suspicacia autonómica contra todo gesto emanado del Gobierno central. Pues, aunque parezca paradójico, es precisamente a causa de las numerosas reacciones que ha levantado el trasvase Tajo-Segura por lo que creo urgente reanudar desde este momento la política de trasvases, al tiempo que se continúa, por parte de la Dirección General de Obras Hidráulicas, la regulación global de las cuencas mediante nuevos embalses. ¿Quién duda de que la nueva generación de políticos y técnicos sabrá sacarla adelante por el camino más convincente y menos emotivo?
escritor, novelista -Volverás a Región, Herrumbrosas lanzas-, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
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