La construcción ha retrocedido a un nivel de producción igual al de 1968

El sector de la construcción ha retrocedido a niveles semejantes a los registrados en los años sesenta, tanto en lo que se reriere a producción como a población ocupada, según señalaron ayer representantes de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Los citados representantes añadieron que, comparando la inversión producida en 1974 con la de 1983, en el pasado año se ha registrado una reducción de 780.000 millones de pesetas. Las transferencias de competencias a las comunidades autónomas, la deuda con los constructores por parte de la Administración, la clandestinidad y la competencia desleal son, a juicio de la CNC, los principales problemas con los que se enfrenta el sector.

Ignacio Briones, presidente de la CNC, señaló que el sector de la construcción estaba atravesando la crisis más grave de su historia en los últimos 30 años. "El año 1983 fue muy duro", dijo, "pero las perspectivas para 1984 no parecen mejores". Como datos significativos de esta situación, José María López de Letona, presidente del Servicio de Obras Públicas de Ámbito Nacional (SEOPAN), subrayó que la producción del sector en el último año se había situado en los mismos niveles de 1968, con tendencia a la baja, para el presente año. Por otro lado, y también como dato significativo, destacó que la población Ocupada del sector se situaba en 998.900 personas, la misma que existía en 1963, y con un nivel de paro de un 30,8%.La causa de esta situación, según López de Letona, se encuentra en la fuerte caída de la inversión, tanto pública como privada. Y a este respecto manifestó que si en 1974 la inversión en relación con el producto interior bruto (PIB) representaba el 24,7%, en 1983 este procentaje había quedado reducido al 18,6%, loque supone una pérdida de inversión por valor de 1,3 billones de pesetas. Trasladado a la construcción, significa que en 1983, y en comparación con 1974, se han dejado de producir 780.000 millones de pesetas.

La ya tradicional deuda de la Administración con los constructores, se sitúa en estos momentos por encima de los 120.000 millones de pesetas, lo que supone un coste financiero para las empresas de 25.000 millones. Del total de la deuda, 65.000 miIlones corresponden al Ministerio de Obras Públicas, y el resto se reparte entre distintos organismos, corporaciones locales y comunidades autónomas.

Las transferencias que se están produciendo a las comunidades autónomas están creando "una situación de confusionismo y paralización" por la falta de mecanismos adecuados para absorber estas funciones.

La crisis general del sector se refleja tanto en el subsector de la industria de materiales, de la que Pablo Robert señaló su necesidad de reconversión, como en el de vivienda, aunque según Luis Marsá, presidente de la Asociación Nacional de Promotores Constructores (ANPC), el plan cuatrienal supondrá un importante respiro.

Retraso en el programa

Marsá, sin embargo, subrayó que el retraso en la publicación de los módulos aplicables a las viviendas de protección oficial habían supuesto la demora de un trimestre para la puesta en práctica del programa. Y que, referido a empleo y vivienda, significa la pérdida, en el mes de enero, de 12.888 puestos de trabajo y 22.000 viviendas que se habían dejado de construir.Los módulos, publicados en el Boletín Oficial del Estado el pasado jueves, registran un incremento de un 12,88% en los municipios de Madrid y Barcelona, un 7,5%. en las poblaciones de más de 20.000 habitantes, y un 5,5% en el resto. Porcentajes que los constructores consideran "si no suficientes, sí aceptables". El módulo ponderado -referencia para definir el precio máximo de venta de las viviendas calificadas provisionalmente en 1984- se sitúa en el 11%. Marsá subrayó que el número de viviendas construidas había ido descendiendo en los últimos años, cifrándose en 220.000 las terminadas en 1983. A su juicio, el mercado español de la vivienda tiene una capacidad en tomo a las 250.000 viviendas anuales.

Por su parte, en lo que se refiere a la problemática de la pequeña y mediana empresa de la construcción, Francisco Segurado mostró sus quejas por cuanto aún no se habían cumplido ninguna de las promesas que "los últimos Gobiernos habían realizado al respecto". Puso especial énfasis en la clandestinidad y el intrusismo, y afirmó que el 20%. de la economía del sector era subterránea. Por lo que se refiere a condiciones laborales, Manuel Aguirre, presidente de la Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid (AECOM), indicó que la legislación en esta materia no es la más adecuada.