Los sectores progresista y conservador de la Asociación Profesional de la Magistratura, enfrentados por la reforma de estatutos
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que agrupa a unos 1.200 jueces sobre el total aproximado de 1.700, inicia hoy su IV congreso, en el que se abordará fundamentalmente la reforma de los estatutos, tema este sobre el que se encuentran enfrentados los sectores progresista y conservador.Este último ha planteado una ponencia para que los estatutos prohíban la existencia de corrientes de opinión, mientras que el progresista pretende consolidar la organización de corrientes en la APM. El secretariado de Jueces para la Democracia informó a EL PAIS que, de no respetarse los mínimos pluralistas, se estudiará su escisión.
En el anterior congreso de la APM, la comisión de asociacionismo aprobó por unanimidad, entre otras conclusiones, la conveniencia de mantener una sola asociación profesional, a pesar de lo cual y para reflejar el pluralismo existente en la sociedad española, se estimó "igualmente conveniente el reconocimiento de corrientes de opinión para lograr la revitalización de la asociación y el mejor cumplimiento de sus fines".
Para consolidar esta conclusión, la sección de Asturias de la APM ha presentado una ponencia al IV congreso, fruto de la propuesta del titular del Juzgado de primera instancia e instrucción de Avilés (Asturias) y miembro del secretariado de Jueces para la Democracia, Luciano Varela, para la modificación de los estatutos. Entre otros textos, se pretende incorporar la posibilidad de que los miembros de la APM se agrupen con otros asociados para organizar una corriente de opinión, que "dispondrán de autonomía para regular su funcionamiento siempre de conformidad con los fines de la asociación y acatando los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de esta".
Diametralmente opuesta al contenido de esta ponencia es la presentada por los asociados José María Marín Correa y Carmelo Madrigal García, Miguel Giménez Pericas, Carlos Climent, Durán y Rubén Fernández Sanabria de Pinedo, los dos primeros pertenecientes a la Sección territorial de Madrid, el tercero a la de Valencia, el cuarto a la de Baleares y el quinto a la de Cáceres. Todos ellos pertenecen al sector conservador de la APM, ajeno tanto a la corriente progresista Jueces para la Democracia como a la centrista denominada Francisco de Vitoria.
No a los grupos
La ponencia citada trata de reformar los estatutos en el sentido de incluir textos como el que propone que los asociados de la APM deberán "abstenerse de promover la organización, dentro de la asociación, de grupos, cualquiera que fuera su clase o denominación, que no sean de los previstos en estos estatutos, así como a formar parte de cualquiera que, contraviniendo lo anterior, se hubiera podido organizar de hecho dentro de aquella", así como a abstenerse de dirigirse a los medios de comunicación social, conceder entrevistas o participar en conferencias de prensa sin autorización de los órganos rectores de la APM.Entre otras argumentaciones, la ponencia invoca la unidad asociativa y hace una valoración muy negativa de la existencia de la corriente Jueces para la Democracia, a la que invita a que se organice fuera de la APM. "Si dentro de la asociación se sitúan las ideologías, la politización de la magistratura será insalvable", afirma. Por el contrario, propugna que si no se crean varias asociaciones, es preciso mantener "la asociación única", sin posibilidad de "grupos organizados y autónomos dentro de la misma".
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