El Supremo sentencia que las autonomías no pueden modificar los sueldos a funcionarios

"Las retribuciones de los funcionarios son un concepto básico que corresponde al Estado", ha sentenciado un fallo del Tribunal Supremo difundido ayer por la agencia Efe.Aunque la sentencia se refiere a una vieja polémica suscitada entre la Diputación de Vizcaya y la Abogacía del Estado, puede tener grandes repercusiones sobre la regulación salarial del amplio colectivo de funcionarios de las distintas corporaciones locales y de las demás autonomías.

Las normas salariales que emite actualmente el Estado, a través de los presupuestos anuales, no han sido seguidas en algunos casos por determinados ayuntamientos y autonomías. Unas aplican complementos y otras han promovido diversas modificaciones sustanciales.

El Ministerio de Economía y Hacienda ha intentado últimamente que tengan carácter general, sobre todo para evitar que aumente sustancialmente el déficit de las administraciones públicas periféricas.

Por ello, una de las condiciones impuestas para recibir las ayudas de la ley de Saneamiento de las Haciendas Locales es que los ayuntamientos no superen las subidas salariales de los funcionarios de la Administración central.

Aparte de poder sentar jurisprudencia general, la sentencia del Tribunal Supremo supone un problema complejo para la Diputación de Vizcaya, cuyos funcionarios han recibido durante cuatro años consecutivos unos salarios adicionales por un acuerdo que ahora, con la citada sentencia judicial, queda anulado.

En virtud de dicho acuerdo, al que se acogieron unos 2.000 empleados de la Diputación Foral de Vizcaya, según Efe, hubo en 1979 un aumento salarial superior en un 4% al general.

La decisión fue adoptada con los únicos votos del Partido Nacionalista Vasco, lo que suscitó críticas en los grupos de oposición. El entonces gobernador civil, Fernando Jiménez, decidió suspender el acuerdo, y la Diputación interpuso recurso ante la Audiencia Territorial de Bilbao, que falló a favor de la institución foral.

Tras la apelación del abogado del Estado, el Tribunal Supremo ha dado ahora la razón al Gobierno Civil y ha declarado la nulidad del acuerdo de la Diputación.

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