El coste de insularidad, concretado en las transferencias a las islas Canarias

El coste de la insularidad canaria ha sido reconocido formalmente por la comisión mixta de transferencias Estado-comunidad autónoma, que se ha reunido estos dos últimos días en Santa Cruz de Tenerife, como una carga económica adicional que debe ser considerada por el Gobierno central, a fin de incrementar las dotaciones presupuestarias que se asignen en los traspasos a la comunidad autónoma canaria. Dicho acuerdo tiene, además, carácter retroactivo. El coste de insularidad figura recogido ya en el proyecto de ley del Fondo de Compensación Interterritorial, y fue aplicado en los tres repartos de esa dotación fijados estos años en los Presupuestos Generales del Estado.Tal coste, que en opinión del vicepresidente del Ejecutivo canario, Juan Alberto Martín, "a pesar de ser un concepto etéreo está presente en cualquier aspecto de la vida del archipiélago", está reconocido asimismo en la disposición transitoria cuarta en el Estatuto de Autonomía de las islas. La comisión mixta ha emprendido el camino para traducir su contenido teórico en cifras concretas, escogiendo para ello los desequilibrios interinsulares existentes entre las dos islas cabeceras de provincia (Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria) y las restantes, que constituyen la periferia autónoma.

El Gobierno canario considera que los servicios de la Administración autónoma sólo pueden ser equitativos entre los dos citados bloques de islas si se tiene en cuenta el coste de insularidad añadido que entrañan factores como la dispersión insular, la lejanía de la Península y la capitalidad compartida. El Ejecutivo autónomo ha calculado que por tales conceptos se realiza un desembolso extra anual en las cinco islas de la periferia autónoma de alrededor de 500 millones de pesetas, en concepto de personal (88 empleados), dietas y transportes, inmuebles y mobiliario, entre otros.