La actuación fiscal contra la anterior gestion de Banca Catalana será por presunta falsedad en documento público
Con toda probabilidad, varios antiguos consejeros de Banca Catalana serán acusados por el ministerio fiscal, al menos, del delito de falsedad en documento público. Esta actuación fiscal podrá tramitarse bien con unas primeras diligencias previas, bien directamente mediante una querella. La decisión del ministerio fiscal tardará más de una semana en perfilarse, según ha sabido este diario de fuentes solventes, dado que los fiscales designados para el caso tan sólo han iniciado el estudio de la documentación. El fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, manifestó ayer a este diario su convicción de que "hay materia para una investigación judicial" en la anterior gestión de Banca Catalana. La existencia de presuntas falsedades en documentos mercantiles -que tienen el carácter de documento público- es la base de las instrucciones dadas a la fiscalía de la Audiencia de Barcelona para que ésta persiga los delitos presuntamente cometidos.
Burón destacó la existencia de doble contabilidad o contabilidad B en Banca Catalana, antes de junio de 1982. "Esto es lo que está más claro y así lo ha apreciado el mismo banco. De ahí pueden deducirse estafas o fraudes; puede que las fialsedades encubran apropiaciones indebidas, pero no lo podemos determinar todavía y eso es lo que será objeto de la investigación. En principio, iniciaremos las acciones por falsedad, pero si surgieran otros aspectos, se ampliaría la acusación".
Los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena Álvarez han sido designados por el fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona, Alejandro Sanvicente, para culminar las investigaciones y, en su caso, instar las acciones oportunas para la apertura de un procedirniento penal contra los antiguos gestores de Banca Catalana.
Esta designación se ha realizado en el marco del reparto ordinario del trabajo, lo que significa que los fiscales del caso no serán relevados, al menos de momento, de los otros asuntos ordinarios que tienen encomendados. Es decir, por el momento, no se ha conferido fiscalmente al caso un carácter de asunto excepcional.
La designación de estos fiscales se produjo en el marco de una reunión de lajunta de fiscales de Barcelona. En dicha reunión se barajó también el nombre de la fiscal Carme Tagle. Finalmente, se optó por los dos nombres mencionados, dada su preparación profesional para casos de este tipo. Jiménez Villarejo es el fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Barcelona. José María Mena ha actuado ejerciendo el ministerio fiscal en sumarios económicos como el de la Caja de Crédito Popular de Cataluña.
Al menos, una semana
La Fiscalía General del Estado remitió al fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona las oportunas instrucciones para que ésta concluyese la investigación del caso y, en su caso, ejercitase las acciones oportunas para instar un procedimiento penal. El equipo fiscal ha iniciado el estudio de la documentación remitida por la Fiscalía General, consistente fundamentalmente en el informe realizado por la asesoría jurídica del Banco de España y otras informaciones sobre los antiguos gestores de Banca Catalana, hasta el cambio producido en junio de 1982.
Las novedades -probable interposición de querella- no se producirán antes de una semana, según fuentes absolutamente fidedignas. Hasta el momento, no se ha presentado, ni está preparada tampoco, ninguna querella ni acción similar, ni tampoco predeterminados los nombres de los antiguos consejeros afectados.
El informe del Banco de España que está en el origen de estas investigaciones, ha dado lugar a dos tipos diferenciados de actuaciones. Por un lado, las meramente administrativas, que prosigue el banco emisor mediante un expediente disciplinario. En este expediente se reflejaba la existencia de doble contabilidad, el pago de extratipos, la "falta de veracidad" en balances, y la "tenencia de acciones sin autorización". El tipo de sanción previsto en este procedimiento administrativo es, como máximo, la exclusión de los responsables del Registro de Bancos y Banqueros.
Por otro lado, el informe de la asesoría jurídica del Banco de España -que recoge y resume los más de 4.000 folios del expediente disciplinario- es también el primer material básico para la actuación de la fiscalía. Las irregularidades cometidas, además de serlo administrativamente, podrían serlo criminalmente, por cuanto podrían tipificarse como delitos de falsedad en documento público, con las penas consiguientes previstas en el Código Penal. Es ésta la razón de la actuación de la Fiscalía General del Estado, que ha remitido el asunto a la fiscalía barcelonesa.
