Rumasa era un caballo a parar en 1983, según Fernando Abril

La comisión investigadora de Rumasa del Congreso de los Diputados escuchó ayer a Eduardo Carriles, ministro de Hacienda en 1977; Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente del Gobierno en el momento de los pactos de la Moncloa; Fernando Abril, ministro de Economía hasta la celebración de las primeras elecciones de 1979; José Luis Leal, ministro de Economía del primer Gobierno constitucional, y Juan Antonio García Díez, que fue ministro de Economía desde septiembre de 1980 hasta la formación del Gobierno presidido por Felipe González. Todos los altos cargos, a excepción de Fuentes Quintana, que escudó su silencio en la necesidad de "mantener la liturgia de la democracia", señalaron que en su momento tenían preocupaciones más graves por solucionar que Rumasa, aunque no dudaron en señalar que fueron poniendo las bases para un mejor conocimiento de la situación patrimonial real del holding de la abeja.Fernando Abril no dudó en afirmar que Rumasa "era un caballo al que había que detener en 1983, mientras que Juan Antonio García Díez señaló que "durante su permanencia en el Gobierno él no vio ningún papel referido a la venta de la participación que el Banco Urquijo tenía en Galerías Preciados a Rumasa" (realizada en septiembre de 1981) y que Fidecaya no fue vendida al holding de Ruiz-Mateos, "sino que éste se comprometió a pagar los depósitos que los ahorradores habían colocado en Fidecaya, después de que fracasaran intentos de la Administración por llegar a acuerdos con otras entidades financieras", principalmente algunas cajas de ahorro.

Abril señaló que el Gobierno en que participó, hubo de hacer frente, entre otros problemas, a una crisis bancaria y financiera que tenía casos concretos mucho más urgentes, como la quiebra del Banco de Navarra, los problemas derivados del Banco Coca o el Valladolid, que requerían acciones prioritarias.

Fernando Abril y José Luis Leal manifestaron que, además de todo eso, proporcionaron. los instrumentos legales al Banco de España para poder inspeccionar al grupo de empresas Rumasa mediante la obligatoriedad de que el holding se sometiera a auditorías externas bajo la amenaza de que, de no hacerlo, los bancos del grupo podrían ser expulsados del Fondo de Garantía de Depósitos.

Juan Antonio García Díez, que fue el máximo responsable económico desde septiembre de 1980 hasta noviembre de 1982 -años en los que se producen las compras más sonadas por parte de Rumasa-, señaló que hizo entrega de un informe sobre Rumasa a Miguel Boyer en el período de transferencia de poderes y que la preocupación sobre el holding existía, ya que, de otra forma, no habría existido dicho informe.

No obstante, afirmó que la compra de Galerías -venta del paquete de acciones que poseía el Banco Urquijo a Rumasa a cambio de inmuebles- no se realizó durante su mandato; tuvo lugar en septiembre de 1981, cuando ya era vicepresidente económico, y que en cualquier caso no se debe prohibir a ninguna empresa adquirir otras, porque ello va contra la esencia de la economía de mercado. García Díez manifestó a los periodistas que Rumasa no compró Fidecaya, sino que simplemente se comprometió a devolver los depósitos de ahorradores confiados a Fídecaya "después de que fracasaran otros intentos" dirigidos a que las cajas de ahorro se hicieran cargo de estos pasivos.