La creación del Servicio Nacional de Salud, un reto histórico

Hace unos días se ha hecho pública la ley general de Sanidad, que posteriormente habrá de ser discutida y aprobada por las Cortes. En la misma se arroja el marco legislativo que habrá de permitir la puesta en marcha de un Servicio Nacional de Salud (SNS) en España, pero ello, con ser muy importante, no será suficiente si no se tienen además en cuenta las peculiaridades y dificultades que dicho modelo, el SNS, tiene para su implantación en nuestra realidad concreta.En esencia, puede decirse que el Servicio Nacional de Salud es un sistema que cambia el concepto sanitario actual y hace hincapié precisamente en la salud, en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad, y que aborda este problema desde todos los ángulos posibles (asistencial, laboral, social, ecológico, etcétera), influyendo y actuando sobre los diferentes niveles que determinan la producción de la enfermedad. Para ello hay que cambiar la mentalidad del sistema sanitario y del personal que en él trabaja.

Un SNS que cubra a todos los ciudadanos debería sufragarse a costa de los Presupuestos Generales del Estado y no a partir de la Seguridad Social (SS), por muy extendida que ésta esté; pero es evidente que, durante una larga fase de transición, la SS será una fuente de financiación fundamental para el SNS, y ello entrará en contradicción con la grave crisis financiera que en nuestro país tiene la SS, y las dificultades que entraña una financiación de ésta sin una participación o fiscalización en la gestión de los fondos. Lo mismo puede decirse de la problemática que se va a crear en la medida que las comunidades autónomas empiecen a hacerse cargo de la gestión sanitaria. La posibilidad de que surjan 17 servicios regionales de salud con planteamientos, planificación e incluso coberturas diferenciadas puede suponer un obstáculo que hay que resolver con habilidad legislativa, siendo capaces de unificar lo fundamental, el SNS, y permitir a la vez una gestión descentralizada.

Si se quiere que un SNS funcione, hay que implicar en el mismo a la totalidad de la población e integrar a la comunidad en los problemas de salud. De ahí la importancia que tiene la actitud de la población ante el tema. No creemos descubrir nada nuevo si decimos que la mayoría de la población española no está, aquí y ahora, por un SNS. La desgraciada experiencia que hemos hecho de la actual asistencia sanitaria pública (muy especialmente la del sector ambulatorio) ha creado un fenómeno de rechazo, natural y saludable, por parte de la población. Pero este rechazo se está intentando que se convierta en una mentalidad privatista y liberalizadora de la práctica médica.

Todos sabemos que un sector numeroso de nuestros conciudadanos confía más en el médico de paga que en el del seguro, aunque, curiosamente, son las mismas personas quienes ejercen en la sanidad pública y en las sociedades y medicina privadas. Es esta confianza la que se intenta reforzar con planteamientos que hacen de la "libre elección de médico" y del "pago por acto médico" el centro de la problemática sanitaria, y que son esgrimidos por el Consejo General de Colegios Médicos.

Campaña pública

Este planteamiento es totalmente engañoso. La medicina privada no es de mejor calidad y sí mucho más cara que la sanidad pública, siendo además acompañada, en algunos casos, de una multiplicación de actos médicos y de prescripciones innecesarias. No hay más que comparar países con SNS y otros con sistemas liberalizados para constatar los mejores niveles de salud a más bajo costo que obtienen los primeros.

Pero este debate debe hacerse llegar a la población, y es necesario abrir una amplia campaña pública que permita a los ciudadanos evaluar las ventajas e inconvenientes de los dos sistemas que se propugnan, pero antes aún es urgente mejorar la actual asistencia sanitaria pública, especialmente la ambulatoria, pues de nada valdrán los discursos teóricos si la población no ve que las condiciones en que recibe su asistencia mejoran de una forma sustancial.

Los médicos son, hoy en día, quienes detentan el centro de decisión del sistema sanitario. Incluso los sistemas más alejados de nuestras coordenadas geopolíticas conservan la capacidad de decisión en el terreno sanitario en manos de los médicos. Por ello, independientemente de que esta situación nos guste o no, cualquier tipo de reforma que se quiera abordar en nuestra sanidad no podrá hacerse contra la opinión y la oposición organizada de la mayoría de los médicos.

De ahí que una de las primeras tareas que hay que plantearse si s e quiere poner en marcha y consolidar un SNS es conseguir la adhesión a dicho proyecto de un colectivo numéricamente importante de médicos, y ello además por dos motivos suplementarios: porque se espera de los médicos qué ejerzan un papel de coordinación funcional respecto al conjunto de los demás profesionales y porque se supone que una de las virtudes a corto plazo del SNS será el frenar el consumo excedentario de fármacos y servicios sanitarios, de los cuales el médico es el mayor, por no decir el único, inductor de la demanda.

Este poder médico está hoy representado por el Consejo General de Colegios Médicos y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, y ha logrado arrastrar a sus posiciones a un buen número de médicos que deberían obtener ventajas, económicas y profesionales, con la instauración de un SNS, pero que no ven. clara la política del Ministerio de Sanidad en este terreno.

Muro de contención

Si el ministerio es incapaz de producir un corte entre los intereses de la mayoría de los profesionales médicos y el grupo de elite, elite económica, entendámonos, que hoy hegemoniza su representación colegial, encontrará un muro de contención en cuantos proyectos o reformas pretenda instrumentar en el camino de un SNS.

De todo lo expuesto se puede deducir que la implantación de un SNS en nuestro país va a chocar con numerosas dificultades, pero, a nuestro entender, todas ellas superables.

El primer eslabón de su superación será la clara definición en este sentido de la ley general de Sanidad, que habrá de perfilar las interrelaciones entre los diferentes órganos gestores y sus competencias presupuestarias. Debe además quedar bien establecida cuál va a ser la relación entre salud pública y medicina privada, si se quiere evitar la anómala situación de subsidiariedad que hoy tiene el sector público respecto al privado. Los campo! deben de quedar bien delimitados y separados, sin posibilidades de parasitismos.

Las perspectivas de un SNS no pueden descansar exclusivamente en el Ministerio de Sanidad, dependen de los ciudadanos -y de las instituciones cívicas de que se doten: asociaciones, partidos, sindicatos, etcétera- y de los profesionales que nos movemos en esta dirección, pero todas estas inquietudes tendrán que ser recogidas, elaboradas y políticamente plasmadas por la gestión ministerial.

Creemos honestamente, que hasta ahora no se ha hecho, o no ha sabido hacerse. Quienes así nos expresamos, y la federación de asociaciones a la que representamos, no ocultamos segundas intenciones y, por tanto, nos sentimos moralmente legitimados para pedir a los responsables ministeriales -porque todavía es tiempo de hacerlo- que introduzcan en su política todas las rectificaciones necesarias e impriman a la misma una cohesión y homogeneidad que hasta el momento presente no ha constituido su principal característica. Cuando se está ante el reto de una oportunidad histórica que quizá no se presente nunca más, nadie debe permitirse el lujo de faltar a sus compromisos.