200 familias de Vigo, amenazadas con el pago de hipotecas cuya existencia ignoraban

La Unión General de Consumidores Españoles se ha hecho cargo de la defensa de los intereses de los más de 200 propietarios afectados por la quiebra de la empresa de construcciones Álvaro Loureiro Benavides, SL, de Vigo. La Unión General de Consumidores intenta esclarecer las presuntas implicaciones de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo en el supuesto encubrimiento y ocultación a los propietarios de los pisos adquiridos a Loureiro, de la caótica situación de la empresa y su falta de credibilidad financiera durante los últimos cuatro años. En este sentido se han dirigido a la Xunta de Galicia para que inicie una investigación del funcionamiento de esta entidad financiera mientras Loureiro, tras un incidente en el aeropuerto de Madrid-Barajas con detención momentánea por transportar divisas, ha desaparecido y todo hace suponer que se encuentra en Portugal.

El paradero de Álvaro Loureiro Benavides, uno de los constructores más importantes de Vigo, tenido por hombre de conducta intachable, con gran capacidad económica y ligado a Alianza Popular, sigue sin conocerse oficialmente. Como informó EL PAIS el pasado día 1, Álvaro Loureiro se encontraba en paradero desconocido desde el 20 de enero. Diez días después fue detenido en la zona internacional del aeropuerto de Barajas cuando se disponía a salir del país en el vuelo 32 de Iberia con destino a Londres. La detención se produjo cuando Nieves Rodríguez Estévez, de 50 años, que le acompañaba, intentó huir con un maletín que contenía 4.160.000 pesetas en divisas, al ver que la Guardia Civil requería a Loureiro sobre el dinero en efectivo que llevaba. Nieves Rodríguez, acompañante de Loureiro, no pertenece a su familia, aunque es natural y vecina de Vigo, como el citado constructor.A partir de este momento empieza a crearse la confusión en torno al paradero de Loureiro, ya que la noticia de su detención no fue confirmada oficialmente por la Guardia Civil hasta cuatro días después de haberse producido. Loureiro, tras su detención, fue trasladado a la Audiencia Nacional, donde fue interrogado y puesto en libertad provisional, previo pago de una fianza', con un compromiso de presentarse ante el juez periódicamente, que no llegó a cumplir. Entre tanto, en el Juzgado número 2 de Vigo un magistrado decretó una orden de busca e ingreso en prisión contra el constructor a instancias de sus acreedores. Sin embargo, Loureiro tuvo tiempo para salir del país.

Misterios financieros

La organización de consumidores ha declarado que no entiende como la Caja de Ahorros Municipal de Vigo permitió que el constructor desaparecido no pagase los intereses ni la amortización de las hipotecas concedidas sobre los pisos que Loureiro vendía posteriormente mediante contratos privados. Sobre estos pisos, que los propietarios pagaron directamente al constructor, pesan hipotecas cuyo importe a veces supera el coste del piso y que ahora deben abonar a la Caja, ya que Álvaro Loureiro no lo hizo. Consideran que pudo haber un encubrimiento premeditado por parte de la entidad financiera, al no advertir a los propietarios de la falta de pago de Loureiro.En este sentido, un portavoz de la Caja declaró que la relación crediticia se estableció siempre exclusivamente con el promotor, Loureiro, y que por tanto las relaciones que mantuvieran promotor y compradores están al margen de esta entidad, que las desconocía totalmente. La relación de la Caja con los compradores se produce cuando se subrogan las hipotecas mediante escritura pública. Es entonces cuando la Caja informa al comprador sobre la deuda que falta por pagar. El portavoz de la Caja justificó la flexibilidad que tuvo para con Álvaro Loureiro en la exigencia del pago de intereses de amortización de las hipotecas argumentando que los últimos años habían sido especialmente duros para los constructores y promotores de viviendas.

Los afectados por esta situación son más de 200 familias que se han agrupado en una coordinadora para emprender las acciones legales oportunas. Individualmente presentarán denuncias ante el juzgado por presunta estafa contra Alvaro Loureiro. Los portavoces de esta coordinadora y el presidente de la Unión General de Consumidores de Galicia, Fernando Pérez Poza, se entrevistaron hace más de una semana con el director general de la Caja de Ahorros de Vigo, Julio Gayoso. El director de la Caja les comunicó que a través del MOPU podía negociarse la catalogación de pisos de protección oficial de los que actualmente están considerados como de renta libre, con lo que los intereses pasarían del 18%. actual al 11%. Este ofrecimiento fue contrastado por los interesados ante el director de Arquitectura y Vivienda, Antonio Vázquez de Castro, quien les advirtió de que tal cosa sólo sería viable en los pisos que aún estén en construcción, pues lo contrario sería una ilegalidad evidente.

Los directivos de la Caja solicitaron a los afectados la presentación individualizada de informes en los que consten los pormenores de cada caso pra responderles uno a uno por escrito con las soluciones posibles. La Caja no está dispuesta por el momento a bloquear los intereses de las hipotecas, como pretenden los afectados, aunque ha ofrecido la posibilidad de prolongar el plazo del pago de las mismas en 5 o 10 años más.

Si se consigue la recalificación de algunas viviendas como de protección oficial, los intereses bajarían hasta un 6% o un 11%; además la Caja asegura que lo que se ahorre en intereses será descontado del total de las hipotecas. En cuanto a la petición de que se abra una investigación de sus actividades, la Caja argumenta que sus ejercicios se cierran auditados cada año por Arthur Andersen desde 1979, por lo que considera injustificada tal petición.

El presidente de la UGC y una representación de los afectados han intentado entrevistarse en Madrid con el gabinete jurídico de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, sin conseguir ser recibidos. En el Ministerio del Interior intentaron conseguir alguna información sobre el paradero del constructor desaparecido, y allí les comunicaron que debían dirigirse al Ministerio de Justicia, ya que al haber sido detenido en una ocasión ya no era de su competencia.

Según la Unión General de Consumidores, los afectados por la quiebra de la empresa Loureiro no son los únicos en Vigo. Otros 160 propietarios que adquirieron sus pisos a otro constructor, Américo González, se encuentran en una situación parecida. Américo González pasa por estar huído a Brasil hace unos meses, dejando los pisos que vendía con hipotecas dobles, igual que las de Loureiro. Sin embargo, ayer mismo, un abogado del constructor aseguró a una emisora local que González no está huído, sino que se encuentra de viaje.

Los 120 trabajadores de Construcciones Loureiro que ya aceptaron las cartas de despido no han podido interponer todavía la denuncia contra la misma por presunto delito social, ya que la Seguridad Social no les facilita la documentación donde consta que en los últimos tres años el empresario no pagó la parte de la cuota que se les descuenta a los trabajadores, contrayendo así una deuda de más de 100 millones de pesetas. Para pagar parte del salario adeudado a los trabajadores desde diciembre se ha procedido al embargo y precintado de las herramientas, hormigoneras y grúas que la empresa tiene en las obras, para que sea entregado a cuenta de los 10 millones que la empresa debe en concepto de salarios. Los restantes bienes de la empresa, instalaciones, pisos en construcción o recién terminados, así como oficinas y mobiliario, están ya embargados por los acreedores y por las entidades financieras con las que trabajaba Loureiro.

Presuntas responsabilidades

Lo más llamativo de este caso es el silencio de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo o de algunos funcionarios de la misma, que presuntamente han admitido en documentos públicos, que obran en poder de algunos afectados, que las viviendas no tenían cargas hipotecarias, cuando en algunos casos, como en el del solar donde se construyeron dos bloques de 36 viviendas cada uno, en Travesía de Vigo, 144 y 146, figura una hipoteca anterior sobre el terreno que grava todo lo que se edificó sobre el mismo, hipoteca realizada por la misma entidad, permitiendo que se hiciera efectivo el crédito sin que se cumpliesen las condiciones del documento público suscrito. Los afectados se preguntan quién le dio al constructor los certificados oportunos para pedir la protección oficial de estos pisos cuando había una carga hipotecaria sobre el solar.Por estas y otras cuestiones similares la coordinadora de afectados está estudiando la posibilidad de interponer una querella por presunta acción criminal por encubrimiento o negligencia de algunos funcionarios de entidades financieras y organismos oficiales que favorecieron el presunto fraude cometido por Álvaro Loureiro.

Los afectados se preguntan asimismo cómo pudo desaparecer el constructor y por qué se negó en un primer momento la noticia de su detención y posterior puesta en libertad. Temen que haya oscuros intereses que intentan ocultar toda la verdad sobre este caso por las implicaciones y derivaciones que del mismo pueden derivarse.

Álvaro Loureiro milita en Alianza Popular, y en las últimas elecciones municipales se presentó como candidato a concejal, aunque no llegó a salir elegido.