Los municipios piden menores tarifas en el consumo nocturno
Representantes de la Federación de Municipios han mantenido una entrevista con el subdirector general de la Energía para establecer un mecanismo que permita a los ayuntamientos beneficiarse de la reducción del 35% de las tarifas eléctricas por sus consumos nocturnos (horas valle), sin necesidad de instalar los equipos especiales previstos en la orden de 14 de octubre de 1983, que estableció las nuevas tarifas eléctricas.
Según las tarifas vigentes, el alumbrado público, que está sujeto a la tarifa B.O., puede beneficiarse de la reducción del 35% en sus consumos durante horas valle (8 horas nocturnas y 24 horas en sábados y domingos), pero, para ello, se precisa la instalación de un contador de doble integración y un reloj conmutador. El costo de estos equipos de medida es de unas 70.000 pesetas por unidad, lo que significa unos 15.000 millones de pesetas para el conjunto de todo el Estado, es decir, unas 400 pesetas por ciudadano.La propuesta de la Federación de Municipios, que ha sido una iniciativa del Ayuntamiento de Teruel, señala que en el caso del alumbrado público es innecesaria la instalación de unos contadores y relojes especiales, ya que se trata de una demanda perfectamente determinable y constante durante todo el año. Es evidente que, para los municipios, el consumo de alumbrado público está determinado exclusivamente por el horario solar y, por tanto, carece de sentido la obligatoriedad de efectuar mediciones especiales para controlarlo.
Las últimas tarifas persiguen la racionalización del consumo eléctrico mediante la introducción de los principios de estacionalidad (primas a los industriales que trasladen el consumo a épocas de menos actividad como' el verano), interrumpiblidad (mediante primas a los grandes industriales que estén dispuestos a reducir su consumo energético cuando lo soliciten las compañías eléctricas, con el objeto de eliminar una punta de 200 horas anuales) y discriminación horaria (mediante descuentos a los usuarios que trasladen su consumo a las horas valle, es decir, las nocturnas y las de los fines de semana).
La adecuada aplicación de estos criterios podían significar una reducción de la demanda de potencia instalada de 500 a600 megavatios, según la propia Administración, y de hasta 1.500 megavatios, según expertos del sector químico industrial.
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