El Gobierno no se opone a la reforma agraria de la Junta, afirma Carlos Romero

El ministro de Agricultura, Carlos Romero, negó ayer en Sevilla que el Gobierno central mantenga algún tipo de oposición al proyecto de ley de reforma agraria de la Junta de Andalucía, y aseguró que el traspaso de las competencias correspondientes al Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) y al Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) está prácticamente acordado y sólo quedan pendientes algunos desacuerdos de valoración, "absolutamente menores". La comisión mixta de transferencias ha sido convocada el martes en Madrid.El ministro afirmó que su viaje a Sevilla "estaba programado desde hace muchos días para esta fecha" y que, ante la duda de aplazarlo o no dadas las circunstancias políticas, había optado por acudir para dar un repaso a las cuestiones agrarias con el consejero del departamento, Miguel Manaute, y con el delegado del Gobierno en esta comunidad, Leocadio Marín.

Carlos Romero, ratificando manifestaciones anteriores de Alfonso Guerra, declaró en conferencia de prensa que "no existe ninguna declaración oficial de la Administración Central que suponga divergencias con el proyecto de reforma agraria de la Junta, y les invito a ustedes a intentar encontrar esas diferencias", precisando que la reforma agraria formaba parte del programa de gobierno con el que los socialistas consiguieron ganar las elecciones de octubre de 1982. Pese a esta afirmación, es de hacer notar que hace dos semanas Alianza Popular de Andalucía hizo llegar a algunos informadores un texto de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura sobre la presunta inconstitucionalidad de diversos aspectos del proyecto de reforma agraria del Gobierno andaluz (Ver EL PAIS de 6 de febrero de 1984).

Acerca de las transferencias de Icona e IRYDA, Romero dijo que la negociación con la Junta andaluza está concluída en lo fundamental, tanto en lo relativo al número de funcionarios a traspasar -1.200 y 600, respectivamente- como a los propios textos a aprobar por el Consejo de Ministros, tal y como fue decidido durante la reunión celebrada el 27 de enero pasado entre Felipe González y Escuredo.

Las únicas diferencias se centran "en temas absolutamente menores", como la valoración de los servicios centrales o, en otras palabras, qué parte de los servicios centrales del Ministerio pasarían a manos de Andalucía y de otras comunidades autónomas.

La visita de Carlos Romero coincide con el anuncio ya oficial de que el martes, 21, se reunirá en la sede del Ministerio de Administración Territorial la comisión mixta de transferencias para eliminar esas divergencias sobre ICONA e IRYDA. De esta forma, paradójicamente, el debate parlamentario sobre la reforma agraria -uno de los factores determinantes de la dimisión de Escuredo- se celebrará cuando la Junta disponga de estas controvertidas competencias, ya que la crisis desatada por la dimisión del presidente ha obligado a aplazarlo. De todos modos, Romero no precisé tampoco ayer si la aprobación se hará en el próximo Consejo de Ministros o en el siguiente.