Autopistas y autovías

La legislación que ha permitido la construcción de las autopistas actualmente en servicio consiste en un conjunto de decretos leyes promulgados a partir del 26 de febrero de 1953, y muy especialmente la ley de Autopistas de 1972.Como consecuencia de la misma, el sistema de autopistas en España presenta unas características específicas respecto a las autopistas de otros países que han incidido muy favorablemente tanto en la calidad del servicio como en los resultados económicos obtenidos.

La carencia de estudios y proyecciones económicas, así como las erróneas estimaciones de los tráficos previstos, están en el origen del hecho de que un número importante de nuestras autopistas se hayan realizado en corredores en donde el volumen de tráfico no justifica en ningún caso las cuantiosas inversiones realizadas. Por otra parte, el sistema de financiación elegido, con un reducido volumen de recursos propios y descansando fundamentalmente en la financiación exterior, ha producido una estructura extremadamente frágil de las empresas concesionarias que han conducido en algunos casos a una situación de quiebra de las mismas.

En resumidas cuentas, nos encontramos con unos 1.700 kilómetros de autopistas de peaje, con escasa integración entre ellos, salvo en la zona noreste de España, por lo que puede afirmarse que el país carece de una red básica de autopistas debidamente vertebradas; con la existencia de importantes problemas financieros en varias sociedades, lo que ha determinado la adquisición de algunas de ellas por el Estado, con el fin de evitar graves perjuicios a los intereses generales, y, por último, con el desplazamiento del esfuerzo financiero hacia el Estado, cuya asunción de costos y riesgos en el sector es muy superior a la del capital privado.

Racionalizar el sector

Ante esta situación, radicalmente insatisfactoria, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo se ha planteado dos tipos de actuaciones:

Por un lado, la necesidad inaplazable de racionalizar el sector y abordar soluciones definitivas para sus problemas de fondo, en lugar de continuar con una política de parcheo que si ha revelado del todo ineficaz para, resolver la crisis planteada y que sólo ha servido para acentuar la magnitud de los problemas irresueltos.

A este fin responde el real decreto ley de noviembre del año pasado que autorizó la adquisición de las acciones de las sociedades concesionarias de las autopistas de Asturias-León y del Atlántico, hoy ya realizada.

En el mismo sentido, se ha reordenado lo relativo a la financiación exterior, en la que el Tesoro va a desempeñar un papel mucho más activo, con la consiguiente reducción de costos y absoluta coherencia en la política de endeudamiento externo.

También debe destacarse el proceso de fusión e integración de concesiones de las autopistas de Cataluña y Aragón (ACESA y ACASA), puesto en marcha y propiciado por la Administración, con lo que mejorará su situación y se asegura plenamente su futuro.

Y, finalmente, hay que señalar la creación de la Empresa Nacional de Autopistas, impulsada también por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, con la que se pretende disponer del instrumento adecuado para obtener la máxima eficacia y la mejor gestión de los intereses públicos en el sector, aparte de contar con una estructura que puede ser muy importante de cara al futuro.

Planificación cuidadosaY este mirar a medio y largo plazo, que, como ya he dicho en otras ocasiones, es fundamental en cualquier gestión política, lo es aún más, si cabe, en este ministerio, puesto que si acertamos en el enfoque de los problemas y planificamos bien los objetivos, estaremos asignando correctamente unos recursos, siempre escasos, que nos entregan hoy los ciudadanos y que han de redundar en un mejor servicio a ellos y, lo que es aún más importante, a las generaciones venideras.

Por eso el segundo tipo de actuaciones emprendidas por el ministerio pasa por una cuidadosa planificación. Es, a mi juicio, absurdo que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo funcione sin planificar sus actividades, como había venido sucediendo en los' últimos tiempos. Concretamente, en materia de carreteras, el último plan, aprobado en 1961,terminó su vigencia en 1977, olvidado e incumplido, y lo que es peor, sin ser continuado por ningún otro. De ahí los objetivos que nos hemos trazado y el compromiso asumido en el nuevo plan general, del que forma parte, como pieza esencial, el programa de autovías, junto a los programas ARCE y RECO, de acondicionamiento de 7.000 kilómetros de las carreteras del Estado, y de reposición y conservación de otros 7.500 kilómetros, respectivamente. Plan, por tanto, que, preocupado por el establecimiento de los necesarios equilibrios territoriales, prevé actuaciones adecuadas a las necesidades del tráfico en toda la red estatal.

Programa de autovías

En el programa de autovías, en los próximos ocho años se iniciarán las obras sobré un total de 2.300 nuevos kilómetros, con lo que al final del programa se habrá conseguido duplicar la longitud de carreteras desdobladas en España y se habrán aportado soluciones, entre otros, a itinerarios como Madrid-Zaragoza, Madrid-frontera portuguesa, Madrid-Sevilla, Alicante-Murcia, Burgos-Valladolid-Tordesillas o Málaga-Algeciras.

La autovía, como se sabe, es una vía de circulación similar a la autopista, con doble calzada y mediana de separación, pero con menor nivel de exigencia en sus especificaciones técnicas: radios de curvas, solución de enlaces, accesos, etcétera. Pero, en todo caso, con un importante nivel de seguridad -reduce en un tercio la peligrosidad de la carretera preexistente- y con una notable capacidad de absorción de tráfico. En la construcción de las autovías que el plan prevé se aprovecharán en buena medida los trazados de las carreteras ya en servicio, por lo que el ahorro es considerable, aparte de, disminuirse el plazo de ejecución, lo que también es importante, tanto por razones puramente económicas como porque interesa a todos su pronta materialización.

En definitiva, con esta sustancial transformación de nuestras carreteras se trata no sólo de que los españoles vivan mejor, sino de contribuir además a reforzar su convivencia, porque en ese vivir-con late la idea de proximidad, que es presupuesto indispensable para el mejor conocimiento y la mayor solidaridad entre los pueblos de España.