La Administración pública ha gastado 15.702 millones de pesetas en teléfono en menos de un año

El Ministerio de la Presidencia y la dirección de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) van a iniciar conversaciones en breve para limitar las llamadas de los funcionarios y contratados de la Administración pública, debido al espectacular aumento de los gastos por este concepto registrado en los últimos meses. En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1983 y el 30 de septiembre del mismo año, los gastos telefónicos en los organismos públicos sobrepasaron en más de 2.500 millones de pesetas lo consignado en los Presupuestos Generales del Estado, cantidad que asciende a 13.202 millones de pesetas, lo que significa que, en menos de un año, la Administración del Estado ha gastado 15.702 millones de pesetas en teléfono.

En concreto, la deuda actual de los organismos oficiales por servicios telefónicos asciende a más de 10.000 millones de pesetas, exactamente, 10.839.326.818 pesetas, 3.000 millones más de lo que perdió Altos Hornos del Mediterráneo durante 1982. Este espectacular incremento del consumo de teléfono entra en total contradicción con la política de austeridad y de control del gasto público preconizada por el nuevo Gobierno.Según el presidente de la Telefónica, Luis Solana, esta deuda viene de años atrás -el 1 de enero de 1983 la Administración central y la periférica debían a la compañía cerca de 8.000 millones de pesetas-, pero el incremento desde esa fecha hasta el último cómputo oficial -el 30 de septiembre del pasado año- ha sido tan espectacular, que desde la propia dirección de la CTNE se ha instado al ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, para que se inicien conversaciones con representantes de los funcionarios a fin de poner coto a la situación.

"Limitar el consumo de llamadas telefónicas va en contra de los intereses de la CTNE. Es como tirar piedras sobre nuestro tejado", asegura Luis Solana, "pero cuando un país está sumido en una crisis económica tan acusada y el Gobierno aconseja subidas salariales del 6,5%, el gasto público debe contenerse. Las cifras mencionadas son demasiado escandalosas".

Asimismo, el presidente de la CTNE ha iremitido cartas a todos los ministerios para que abonen la deuda y, de cara al futuro, para que se busque alguna forma de control. "Estamos todavía recibiendo respuestas", añade Solana, "pero las cartas que ya han llegado, firmadas por los ministros correspondientes, son todas favorables a ambas propuestas". Sólo falta, enconsecuencia, iniciar conversaciones desde Presidencia con los sindicatos y con los representantes de los funcionarios para que se busque la mejor manera de proceder a este control de llamadas telefónicas.

Dos sistemnas de control

En un principio, la Compañía Telefónica. Nacional de España ha propuesto la utilización de dos posibles sistemas de control: o bien aplicar a las centralitas modernas de los ministerios y demás organismos públicos una fórmula de nominada "discriminador de llamadas", y modernizar las centralitas desfasadas, o bien instalar limitadores telefónicos, es decir, dotar a cada aparato de una especie de candado, cuya llave estaría en poder del responsable del departamento ministerial afectado.

"Este segundo sistema tal vez sea menos, aconsejable, porque aunque sea muy económico, puede resultar algo humillante para los funcionarios, que tendrían que pedir a su jefe correspondiente que les permitiese utilizar el teléfono, salvo para llamadas interiores", comenta el presidente de la compañía. Otro de los inconvenientes que encuentra Luis Solana a esta fórmula es que podría dar lugar a la picaresca, "a la que somos tan proclíves los españoles. Seguro que alguien encontraría el truco para tener acceso al teléfono sin utilizar la llave reglamentaria", añade.

El primero de los sistemas mencionados, el de dotar a los organismos públicos de centralitas discriminadoras, es el que parece contar con la aprobación de los directivos de la Compañía Telefónica. Consiste en limitar el número de cifras según las necesidades de cada sección ministerial o a tenor de la categoría laboral de los empleados. Así, los funcionarios de mayor escala o de máxima responsabilidad tendrían aparatos telefónicos con capacidad para marcar más de nueve cifras (llamadas internacionales); los intermedios, hasta nueve cifras (llamadas interurbanas); los del escalón inferior, hasta siete cifras (llamadas locales), y, finalmente, los de menor categoría, hasta tres cifras (llamadas interiores).

Inversión rentable

La inversión que supondría para la Administración dotar a los organismos públicos de centralitas discriminadoras sería "relativamente pequeña". Luis Solana señala que no se ha efectuado todavía un cálculo detallado de costes, "porque antes hay que negociar con los funcionarios", pero que, en cualquier caso, hay centralitas tecnológicamente dotadas para que se programen las limitaciones, en tanto que otras, más antiguas, habría que renovarlas por completo. En opinión del presidente de Telefónica, "en un año, la inversión estaría amortizada".

Actualmente, el único sistema de control de llamadas se efectúa en algunos organismos públicos mediante la petición a centralita de comunicaciones internacionales y facilitando el nombre de quién pide la llamada y el del destinatario, según fuentes de la Administración.

Por ministerios, el que se sitúa en cabeza de los deudores a la CTNE es el de Transportes, Turismo y Comunicaciones, con más de 2.000 millones de pesetas (siempre con fecha de 30 de septiembre de 1983), seguido de los de Interior, 1.867 millones; Justicia, 873 millones, y Economía y Hacienda, 543 millones. Los más austeros han sido el de Administración Territorial, con una deuda de 4 millones de pesetas, y el de Asuntos Exteriores, con algo más de 14 millones. El que en los nueve meses computados ha utilizado más el teléfono ha sido el ministerio que dirige el hermano del presidente de Telefónica, el de Cultura, con Javier Solana al frente: 143.491.094 pesetas.

El total de lo gastado por los organismos públicos en Madrid asciende a algo más de 7.963 millones de pesetas, en tanto que el total correspondiente a la Administración periférica es de más de 2.150 millones de pesetas. A estas cifras hay que añadir otras partidas, consignadas como "facturas de cuenta ajena", que suman, entre "Madrid y provincias", 724.963.671 pesetas, lo que, unido a los 10.014.363.147 pesetas contabilizadas por partidas concretas según los ministerios, resulta un total de deuda muy próximo a los 11.000 millones de pesetas.

Los otros organismos públicos no ministeriales asimismo deudores de la Compañía Telefónica son, entre otros, los siguientes: Renfe, con más de 565 millones de pesetas; el Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE), con más de 309 millones de pesetas; el Ayuntamiento de Madrid, con más de 158 millones, y el Tribunal de Cuentas, con una cantidad más modesta, cerca de medio millón de pesetas.