La Federación Española de Fútbol Sala denuncia las subvenciones al deporte
La Federación Española de Fútbol Sala solicitó ante la Intervención General del Estado la impugnación de las subvenciones concedidas por el Consejo Superior de Deportes (CSD) a las federaciones deportivas, a la vista de que, según la denuncia formulada, dicho organismo, ha incumplido las disposiciones de la ley de presupuestos de 1984 y de la ley general presupuestaria. Por otra parte, dicha federación extendió su reclamación ante Javier Solana, ministro de Cultura, en forma de recurso de alzada, para que "anule todo lo actuado por el consejo en la asignación de ayudas y subvenciones a algunas federaciones españolas".La Federación Española de Fútbol Sala denunció, con anterioridad al reparto de subvenciones, que una disposición adicional de la ley de presupuesto obligaba a que aquellas subvenciones no nominativas, caso de las federaciones deportivas, se repartiesen según criterios de concurrencia, objetividad y publicidad. El CSD, por su parte, realizó dicho reparto según usos anteriores; es decir, se limitó a convocar unilateralmente a las federaciones, escuchar sus propuestas y dar a conocer, posteriormente, cómo repartía el dinero. Para el CSD, por otra parte, la Federación Española de Fútbol Sala organismo constituido legalmente, no existe.
En ningún momento el CSD hizo público un plazo para la recepción de peticiones de subvención y las formalidades que éstas debían cumplir, ni dio ocasión a que se conociese públicamente lo que cada federación solicitaba. Se dio la circunstancia, además, de que el presidente del CSD, Romà Cuyàs, manifestó su intención de declarar como "de interés preferente" a una serie de federacionesen número de cinco o seis. Con sorpresa general, el CSD comunicó, una vez dado a conocer el reparto del dinero, que el número de federaciones de interés preferente se había ampliado a 16, dato que escapó en todo momento al. conocimiento de los implicados. Estos argumentos obligaron a la Federación Española de Fútbol Sala a impugnar las subvenciones federativas.
Dicha federación solicita que la Intervención General del Estado "no autorice pago alguno en relación con los créditos de subvenciones "en tanto no se cumpla la normativa y que "en caso de haber autorizado algún pago, se anule".
