Para la Diputación de Sevilla, "algo no está claro" en la adjudicación del proyecto de Feria de Muestras

El recinto permanente para la Feria de Muestras de Sevilla y el lugar previsto para su instalación -el Polígono Aeropuerto- produjo una de las más importantes polémicas urbanísticas en Sevilla, iniciada antes de que comenzaran las gestiones relacionadas con la Exposición Universal, y que continúa sin resolverse.La gestación de este proyecto es aparentemente sencilla: la institución Feria de Muestras (organismo en que participan la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento y la Diputación) encargó un proyecto técnico a Wilke. Previamente habían viajado a la República Federal de Alemania el entonces presidente de la Diputación, Manuel del Valle, y el presidente de la Cámara de Comercio y de la Feria de Muestras, Juan Salas Tornero, a quienes acompañaban Miguel Sánchez Montes de Oca -portavoz de UCD en la Diputación- y Juan Manuel Castillo, director de la Feria. Allí tuvieron ocasión de conocer a Wilke, autor de gran número de recintos feriales y del aeropuerto de Moscú. Este arquitecto aceptó el encargo de proyectar la Feria de Sevilla y se firmó el contrato correspondiente en diciembre de 1981; desde esa fecha se incorporó también al proyecto el estudio del arquitecto cacereño -afincado en Sevilla- Álvaro Navarro.

Con el proyecto ya realizado, la institución que lo había encargado convocó un concurso público al que concurrieron las empresas Huarte, Entrecanales, Hispanoalemana y Dragados. Aunque las bases del concurso disponían que el precio de la adjudicación no podía exceder de los 1.500 millones de pesetas, la apertura de plicas puso de manifiesto que todas las ofertas superaban esa cantidad. En la mesa de contratación estaban, como era preceptivo, el presidente de la institución, Juan Salas Tornero; el alcalde de Sevilla, Luis Uruñuela (PSA), y el presidente de la Diputación, Manuel del Valle (miembro del PSOE y actual alcalde de la capital andaluza), además del propio arquitecto, autor del proyecto, Álvaro Navarro.

Dos meses después se adjudicó la concesión de las obras a la oferta base presentada por Dragados y Construcciones, que ascendía a 2.085 millones de pesetas. El delegado de Huarte en Andalucía, Fernando Ahumada, protestó por esa concesión y visitó personalmente a Manuel del Valle, a quien aseguró -según este último- que poco antes de hacerse pública la adjudicación a Dragados y Construcciones había recibido una llamada del estudio de Álvaro Navarro en la que se aseguraba al delegado de Huarte que la mejor propuesta era la suya; la segunda, la de Entrecanales, y la tercera, la de Dragados, con lo que estimaba que había tenido que producirse alguna novedad de última hora para la concesión a Dragados.

Manuel del Valle dijo desconocer el tema y solicitó un informe técnico al estudio de Álvaro Navarro, quien se responsabilizó -y continúa haciéndolo, según manifestó a este periódico- de la adjudicación de la obra a Dragados. Huarte presentó un recurso por escrito que aún no ha sido contestado, según su delegado en Andalucía.

En consecuencia, las obras para el recinto permanente de la Feria de Muestras fueron adjudicadas provisionalmente a Dragados, a salvo de retoques de última hora. Firmaron la adjudicación provisional Juan Salas Tornero, Luis Uruñuela y Manuel del Valle. A partir de ese momento, y durante nueve meses, el estudio de Navarro y los servicios de Dragados trabajaron juntos para perfilar el proyecto. A finales de 1983 el contrato quedó preparado para la firma definitiva, por un importe final de 1.985 millones de pesetas. Para entonces ya se habían producido cambios de autoridades políticas: tras las elecciones locales de 1983, el titular de la Diputación, Manuel del Valle, pasó a la alcaldía, y a aquélla llegó Miguel Ángel Pino.

La adjudicación fue rubricada por Juan Salas Tornero y por el nuevo alcalde de Sevilla y anterior presidente de la Diputación, Manuel del Valle. Sin embargo, el nuevo presidente de la Diputación, Miguel Ángel Pino, excusó su asistencia al acto de la firma en el último momento. Un mes después, Miguel Ángel Pino continúa sin respaldar ese contrato. Consultado sobre las razones, el titular de la Diputación sevillana se limitó a confirmarlo: "Es cierto. Mi firma no está". Y añadió escuetamente: "No firmé porque había algo que no estaba claro".

El consejero de Comercio, Turismo y Transportes de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Castillo, lamenta los retrasos que están produciéndose. "Ya le he dicho al alcalde que si no se decide pronto el comienzo de las obras, va a terminar adelantándose la Feria de Málaga. Pero no hay manera: ya se ha intentado dos veces la firma y siempre ha faltado alguien".

Freno al Palacio de la Cultura

Miguel Ángel Pino no sólo ha negado su firma a la adjudicación de las obras del recinto permanente de la Feria de Muestras, sino que ha frenado la construcción del Palacio de Congresos y de la Cultura en un solar adquirido tiempo atrás a la Real Maestranza de Artillería, junto a la plaza de toros de Sevilla. Este proyecto nació cuando Manuel del Valle era aún presidente de la Diputación; en calidad de tal convocó directamente un concurso de empresas, sin haber dado el paso previo -más usual- de elegir primero el proyecto de un arquitecto, que sale después a concurso de empresas para la pura ejecución material de la obra.

La fórmula utilizada fue protestada por miembros del Colegio de Arquitectos de Sevilla. Sin embargo, el propio decano de esta corporación, José Luis García López, había amparado, como funcionario de la Diputación, el sistema elegido por el alcalde. Dragados y Construcciones, una de las empresas que pensaba concurrir, tenía un proyecto ya muy avanzado, con maqueta incluida. La inversión calculada para este Palacio de Congresos y de la Cultura ronda los 2.000 millones.

Dragados aparece con frecuencia en los grandes proyectos de construcción de Sevilla. Raúl Celestino, delegado de Dragados y Construcciones para Andalucía, niega que haya existido un trato de favor a su empresa por parte de cualquier institución oficial. Tampoco le parece extraño que esta empresa se haya encargado de construir la nueva residencia privada del presidente de la Junta de Andalucía, realizada en seis meses.

La residencia de Escuredo

Escuredo posee un chalé en la urbanización Simón Verde, a 10 kilómetros del centro de Sevilla, desde el verano de 1983. Hasta hace unos meses la vivido en un piso del polígono de San Pablo -zona de clase media-, pero decidió construirse una residencia que tuviera la dignidad necesaria para el presidente de la comunidad autónoma andaluza, según explicaciones facilitadas por él mismo a este periódico.

La Junta de Andalucía ha estudiado alguna vez la posibilidad de adquirir un buen edificio como residencia oficial de su presidente; se llegó a estudiar la posibilidad de comprar la Casa Rosada, en una de las mejores zonas de la ciudad, pero el elevado precio de la adquisición y de su acondicionamiento -más de 300 millones de pesetas- hizo desistir de la idea al órgano autonómico.

La alternativa a esta iniciativa fue la de encargar una residencia privada en la zona de Simón Verde, que Escuredo paga con el producto de su sueldo y el de su esposa, la diputada socialista Ana María Ruiz Tagle. La empresa propietaria de la urbanización (Prociber) había iniciado la promoción de su quinta fase de parcelas, una de las cuales fue vendida a Rafael Escuredo. Para realizar la compra, este último vendió su anterior piso. La parcela tiene 1.400 metros cuadrados y costó 4,5 millones de pesetas.

El proyecto técnico del chalé le fue regalado por el arquitecto José Luis Palomino, cuyo hermano Francisco es amigo personal de Escuredo desde hace 20 años. José Luis Palomino, que vivía en Granada, se trasladó recientemente a Sevilla como director de servicios del Ayuntamiento y es el candidato con mayores posibilidades para ocupar la nueva Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento sevillano, cuya creación, prevista en función de las necesidades de la Expo 92, se encuentra a falta de un trámite en la Junta de Andalucía. Medios técnicos de Sevilla afirman que el valor del regalo realizado por el arquitecto Palomino al presidente Escuredo- no es inferior a los dos millones de pesetas. (Este periódico trató de ponerse en contacto, sin éxito, con José Luis Palomino, a fin de conocer su versión de estos hechos).

Francisco Palomino, hermano del arquitecto posee un taller de construcciones metálicas y es proveedor de la empresa Dragados y Construcciones desde hace muchos años. A través de dicha relación entraron en contacto el presidente de la Junta de Andalucía y un alto cargo de Dragados, Bartolomé Clavero -gerente de edificación de la empresa para Andalucía Occidental-, quien se comprometió a sacar adelante el proyecto de chalé diseñado por José Luis Palomino en un plazo de seis meses y por un precio de 15 a 17 millones de pesetas. (Finalmente fue fijada la primera de dichas cantidades tras una reducción de calidades).

Rafael Escuredo admitió, en su conversación con este periódico, la posibilidad de que Dragados se hubiera limitado a cobrarle sólo el precio de coste del chalé y de que la velocidad y el esmero de la realización hubieran sido mayores de lo normal; también defendió su derecho a obtener las mejores condiciones posibles para la construcción de la casa. Para financiar la casa, Escuredo obtuvo un crédito del Banco Meridional, vinculado al grupo del Vizcaya.

"Trato preferente" a personajes

Consultado en torno a las circunstancias en que fue realizada la residencia del presidente de la Junta, el delegado de Dragados para Andalucía, Raúl Celestino, admitió que Escuredo podía haber gozado de un "trato preferente, como se hace, dentro del mundo comercial, con cualquier personaje importante e influyente". Señaló que ese trato favorable podía haber consistido en la asignación de los mejores profesionales para el control de todas las fases de la adjudicación, así como en la brevedad del plazo de ejecución de las obras.

Sobre una relación de más de 300 obras de 15 o menos millones de pesetas, realizadas recientemente por Dragados en Andalucía (la mayoría de las chales corresponden a contratos de reparación o mantenimiento para grandes clientes, en general instituciones públicas), sólo aparecen dos chalés: el de Rafael Escuredo en Sevilla y otro en Sotogrande (Cádiz).

La casa de Escuredo tiene algo más de 300 metros cuadrados habitables y está dotada de piscina y jardines. Contando con ello puede decirse que, salvo que los materiales sean absolutamente excepcionales, el chalé tiene un precio normal de mercado.

El delegado de Dragados para Andalucía niega que su trato preferente a Escuredo tenga algo que ver con un tráfico de influencias.