Plan de viviendas y autonomías

El Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), ha hecho público en los últimos meses un plan cuatrienal dé viviendas, para el período 1984-1987. Pieza clave de este plan, por su importancia social y el cumplimiento de un mandato constitucional, es el compromiso de. iniciar anualmente 30.000 viviendas de promoción pública, para atender tanto la nueva demanda generada por las capas de población de menor solvencia económica como la sustitución de las infraviviendas existentes en nuestro país.Esta cifra de viviendas de promoción pública requiere una inversión media anual de unos 90.000 millones de pesetas, a los que habría que añadir, al menos en los primeros años, las cuantías necesarias para atender las anualidades pendientes de promociones ya iniciadas y el cumplimiento de compromisos firmes ya contraídos e igualmente iniciados.

En función de las transferencias a las comunidades autónomas, de las competencias y funciones que hasta hoy correspondían al Estado y ejercía el Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda (IPPV), la ejecución del plan cuatrienal va a corresponder, con carácter exclusivo, a las comunidades autónomas.

En las negociaciones entre el Gobierno de la nación y las diversas comunidades autónomas para la concreción de las transferencias de competencias, funciones y recursos en diversas materias, entre ellas las de vivienda, ha podido detectarse la pretensión, por parte del sector económico del Gobierno, de que dicho plan, y en particular la construcción de las citadas 30.000 viviendas de promoción pública, se financie con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

Hay que afirmar rotundamente que tal pretensión es incongruente en términos políticos, financieros y conceptuales. Y, lo que es peor, que tal pretensión, si llegase a consolidarse, equivaldría a negar el propio plan cuatrienal, haciendo imposible tanto la finalización de promociones y programas ya en curso como el inicio de las 30.000 nuevas viviendas de promoción pública, provocando una quiebra de las legítimas expectativas de los sectores sociales menos dotados económicamente.

Tres reflexiones

La afirmación precedente puede evidenciarse en tres breves reflexiones:

-En términos políticos, tal como está configurado constitucionalmente el Estado de las autonomías y ha quedado consolidado con la aprobación de los distintos estatutos, las comunidades autónomas tienen plena competencia para asignar sectorialmente los recursos que les son propios, tales como la participación en el FCI, especialmente en aquellas materias que, como la vivienda, son competencia exclusiva de las mismas.

Por tanto, no puede hablarse de un plan cuatrienal, elaborado y propuesto por el Gobierno de la nación, sin el concurso y aceptación previa de las comunidades autónomas, cuya ejecución es competencia de éstas y para el cual las comunidades deben vincular obligatoriamente un porcentaje de sus recursos para nueva inversión.

Tal pretensión, o quebraría el propio principio de autonomía de gobierno de las comunidades, o, de lo contrario, invalidaría cualquier plan con ámbito nacional. - Desde el punto de vista de la financiación del plan cuatrienal, el compromiso de construcción de 30.000 nuevas viviendas de pro moción pública al año requiere, como ya se ha dicho, un presupuesto de unos 90.000 - millones de pesetas en 1984, además de las anualidades derivadas de promo ciones y programas ya iniciados.Sólo esta cifra supone el 45% del total nacional del FCI. Este porcentaje parece excesivo, si tenemos en cuenta que los 210.000 millones aproximadamente que se supone va a tener el FCI deben cubrir el 40% de todas las nuevas inversiones públicas, atendiendo a sectores tan importantes, en un momento de crisis económica y social, como pueden' ser: enseñanza, sanidad, transportes, infraestructuras básicas, agricultura, etcétera.

Pretender financiar la promoción pública de viviendas con cargo exclusivamente al FCI se hace claramente inviable si analizamos los resultados de tal pretensión desagregadamente en las distintas comunidades autónomas, dada la desigualdad en cuanto a participación de las distintas regiones, que hace imposible una aplicación uniforme de un tanto por ciento vinculado a la promoción pública de viviendas.

Clases de inversión

Los recursos englobados en el FCI, por su cuantía y la finalidad que deben cumplir, son inadecuados globalmente, y su aplicación en las distintas comunidades autónomas, en función de su muy diversa participación en el "mismo, produciría distorsiones invalidadoras de un necesario plan cuatrienal de vivienda.

- Desde el punto de vista conceptual, vuelve a surgir la incoherencia de la pretensión de financiar el plan cuatrienal con cargo al FCI, ya que las finalidades y funciones que deben sustentar un programa de construcción pública de viviendas no coinciden, y en gran medida son discordantes, con la filosofía, cuantía y mecanismos de distribución regional que sustenta el citado fondo con su configuración actual.

La vivienda de promoción pública no es una "inversión nueva" en el sentido que lo es una carretera, una escuela, un sistema de regadíos, etcétera. Estas últimas son inversiones en capital fijo, no recuperable por el organismo inversor, en términos contables, y sí generadoras de una infraestructura productiva o de unos servicios sociales. Por el contrario, la vivienda pública es una inversión que se amortiza, reintegrando gran parte de su costo por vía de alquiler o pago aplazado, constituyendo, en este sentido, un préstamo, lo que permite y exige un tratamiento presupuestario diferenciado de la cuantificación del FCI.

La vivienda de protección oficial, especialmente la de promoción pública, está justificada por la necesidad de hacer efectivo el mandato constitucional, permitiendo el acceso a este bien insustituible a las capas sociales menos dotadas económicamente, para las que no sirve el mercado libre. No puede entenderse como una actividad más del "sector construcción, que actúe como locomotora económica, generando beneficios y puestos de trabajo permanentes, aunque pueda coadyuvar a paliar el paro coyunturalmente. Algo sustancialmente distinto de la finalidad reequilibradora que pretendería el FCI.

La distribución regional de la promoción pública de viviendas debe establecerse en función de las necesidades y demandas insolventes en el mercado libre, tomando como indicadores básicos: la demanda de nueva vivienda en función de la estructura demográfica y el déficit del parque existente, tanto por la cuantía de infraviviendas como por las situaciones de hacinamiento. Indicadores que no son contemplados en las intrincadas fórmulas de distribución del FCI y, debidamente analizadas, son incluso contradictorias.

Frente a este grave problema, que preocupa en todas las comunidades autónomas, como ha podido comprobarse en las reuniones de todas ellas con el ministro de Obras Públicas y Urbanismo, una actitud responsable nos obliga a todos a buscar soluciones coherentes en términos políticos, financieros y conceptuales.

Puede afirmarse que el conjunto de comunidades autónomas apoyan el plan cuatrienal de vivienda, desean su credibilidad y se comprometen, en una actitud solidaria y concurrente, con el Gobierno de la nación en su ejecución. Para ello son imprescindibles, por parte del Gobierno, las garantías suficientes de financiación, en cuantía y condiciones adecuadas, y el establecimiento de mecanismos mixtos de seguimiento y control del plan.

Esquema operativo

Un esquema operativo, aceptable por las comunidades autónomas y coherente con la necesaria viabilidad del plan cuatrienal, podría enunciarse en los siguientes puntos:

-Las partidas presupuestarias destinadas a cubrir la financiación de la promoción pública de viviendas deben configurarse almargen del FCI y diseñarse como una funcion específica en los Presupuestos Generles del Estado.

-La cuantificación de esta! partidas tendrá en cuenta las anualidades pendientes para las promociones o programas ya iniciados con anterioridad al plan cuatrienal como a las que deban iniciarse a partir de 1984 en desarrollo del mismo.

-Estas partidas deberían configurarse como una caja única de ambito nacional, y se consignarán presupuestariamente como subvención finalista a las comunidades autónomas, que mantendrán la capacidad de decisión y gestión sobre las mismas.

-Para el ejercicio de las competencias autonómicas de forma solidaria y eficaz, los fondos para la promoción pública se distribuirán, como una asignación, entre las diversas comunidades, en función de una fórmula, aceptada por las mismas, basada fundamentalmente en dos grandes indicadores: nueva demanda de viviendas, generada por la población de menores ingresos, y déficit del parque existente en cada comunidad, tanto debido al número de infravivienda como al índice de hacinamiento.

-Constitución de un organismo mixto, Gobierno-comunidades, capaz de garantizar el cumplimiento del plan, así como de corregir las desviaciones del mismo y reasignar los excedentes que puedan producirse en algunas comunidades.

Este, esquema propuesto no sólo está orientado a garantizar la viabilidad del plan cuatrienal, sino que compatibilizaría dos principios políticos básicos en un Estado como el nuestro: la necesidad de políticas sectoriales estatales y el ejercicio pleno del gobierno autonómico en materias que son competencia propia de éstos, tales como la vivienda.