Exposición Universal con intereses particulares

LA CANDIDATURA de Ricardo Bofill, anunciada hace dos semanas por el presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), para el cargo de comisario de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 produjo tal revuelo en algunos medios políticos andaluces que el Consejo de Ministros ha aplazado su decisión. Los intereses de todo tipo implicados en el asunto, incluida la asignación de los cuantiosos recursos económicos (miles de millones de pesetas) que las obras de construcción exigirán a lo largo de los próximos años, están en el trasfondo, sin ninguna duda, de no pocas airadas reacciones. Desde este punto de vista, no es del todo mal criterio entregar la responsabilidad de la Exposición Universal a una persona que, por ser de fuera, esté por encima de cualquier sospecha de hallarse enfeudada por grupos de presión locales. Si tenemos en cuenta la peligrosa tendencia que algunas recien nacidas autonomías tienen a convertirse en la legitimación del caciquismo, esta advertencia no resulta gratuita. Por lo demás, en el caso de Bofill no cabe buscar rastros de sectarismo partidista en la propuesta, ya que el arquitecto y urbanista catalán -sin duda uno de los grandes artistas vivos que tiene este país- es visto con notable recelo por el Partido Socialista de Cataluña (PSC-PSOE) a consecuencia de su colaboración profesional con Ramón Trías Fargas, candidato a la alcaldía de Barcelona por Convergència i Unió (CiU) en las pasadas elecciones locales. Los socialistas españoles han sido acusados muchas veces, con razón, de preferir la disciplina al mérito a la hora de realizar nombramientos. Sería injusto entonces regatearles el elogio cuando Luis Yáñez propone como candidato al cargo de comisario de la Exposición Universal de Sevilla a un hombre que no milita en las filas de su organización y que recibió apoyos para sus anteriores proyectos de la derecha francesa de Giscard y de los nacionalistas catalanes.O sea, que la. candidatura de Bofill no podría recibir otras críticas razonables que las derivadas de la idoneidad de sus conocimientos profesionales y capacidad personal para desempeñar el cargo de comisario de la Exposición Universal de Sevilla. Resulta, por eso, bochornoso que la casi totalidad de las protestas se hayan basado en que Bofill sea de origen catalán y no viva desde hace años en la capital de Andalucía. El artículo 14 de la Constitución garantiza que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Así pues, la justificación localista de la oposición desplegada contra el candidato propuesto por autoridades estatales para un cargo estatal, que tendrá bajo su responsabilidad la organización de una exposición de alcance universal, no sólo revela una mentalidad parroquial y provinciana, que desdice y desdora las tradiciones culturales de Andalucía, sino que también muestra una escasa asimilación de los valores básicos y del espíritu vivo de la Constitución.

Es cierto que no pocas comunidades autónomas han comenzado su andadura bajo el signo de un exacerbado localismo y de una afirmación excluyente de los propios valores. Y que esto ha sido especialmente penoso en la propia Cataluña, donde el nacionalismo oficial tiene preocupantes tendencias localistas. Tanto en el País Vasco como en Cataluña, los Gobiernos autonómicos, en manos de formaciones nacionalistas, han sido justamente criticados por su tendencia a discriminar, a la hora de realizar nombramientos y de repartir cargos, a quienes no fueran militantes o simpatizantes del PNV o de CiU. Si eso nos parece censurable, más debe serlo en todo caso en el tema de la Exposición Universal de Sevilla, al que son ajenos los reflejos partidistas y en el que anda en juego un cargo estatal y no un nombramiento autonómico. Si los agravios comparativos de andaluces contra vascos, catalanes o madrileños fueran utilizados como coartada para agraviar a Ricardo Bofill, nos encontraríamos ante una despreciable demagogia que para nada representa la tradición de tolerancia del pueblo andaluz, fusionado de culturas.

El presidente y el vicepresidente del Gobierno y el presidente del ICI, partidarios del nombramiento de un arquitecto catalán como comisario de la Exposición de Sevilla, son andaluces de pura cepa que no han perdido ni su acento ni sus raíces. No es la categoría de catalán de Bofill lo que interesa, sino el hecho de que es un ciudadano español, y uno de los españoles cuyo talento ni Andalucía, ni Castilla, ni Cataluña, ni nadie en este país puede permitirse el lujo de dilapidar o menospreciar. Los andaluces pueden exhibir un largo pliego de cargos contra el régimen de propiedad agraria que les impidió acometer a tiempo la modernización de su economía y les obligó a emigrar en penosas condiciones que posibilitan su marginación y discriminación en sus nuevos lugares de asentamiento. También tienen derecho a denunciar la insuficiencia de equipamientos colectivos, de escuelas y de centros sanitarios en su propia tierra. Pero faltaría a la verdad quien añadiese fraudulentamente a esa lista de agravios la supuesta discriminación política de los andaluces para ocupar cargos de naturaleza estatal. Si a nadie se le ocurre protestar por que el presidente del. Gobierno es anda luz, tampoco tiene sentido que algunos -entre otros Rafael Escuredo- se mesen los cabellos por que el comisario de la Exposición Universal de Sevilla sea catalán. Pero tiene un sentido muy claro el análisis de qué es lo que está sucediendo verdaderamente en esta historia, y la pregunta de si no es repugnante que en nombre de la autonomía política y el andalucismo se levanten, desde la propia presidencia de la Junta, actitudes demagógicas. Mientras los miles de millones de pesetas que costará la exposición esperan la respuesta de cómo y por quiénes van a ser administrados.