Hasta ocho años de cárcel para los soviéticos que revelen secretos
Los ciudadanos soviéticos que faciliten información económica, técnica, científica o de cualquier otro tipo considerado secreto, a "organizaciones extranjeras o a sus representantes", pueden ser condenados hasta a ocho años de cárcel, según una disposición aparecida en el último boletín oficial del Soviet Supremo.La disposición, que se agrega a una ley ya vigente, fue aprobada el pasado enero, y ha entrado en vigor a principios de este mes. Aunque el texto publicado no especifica el tipo de organización extranjera afectada por la medida, fuentes occidentales en Moscú creen que esta ley tiene por objeto cortar el acceso de diplomáticos y periodistas occidentales a cualquier tipo de información soviética.
La norma Iegal hace referencia a todo tipo de informaciones, accesibles en virtud del trabajo o "de otras formas que no se especifican".
La transgresión de la norma puede costar tres años de cárcel o dos de trabajos forzados. Si el daño se considera grave, la pena puede subir hasta a ocho años de cárcel. Observadores occidentales en Moscú creen que esta medida hará aún más difícil en la Unión Soviética el acceso a las fuentes de información, más allá de los documentos oficiales y los papeles impresos.
Algunas fuentes inscriben la medida en el marco de una creciente cerrazón soviética ante los representantes de países capitalistas en Moscú, tanto diplomáticos como periodistas. En este sentido, Viktor Grishin, miembro del Politburó del Partido Comunista soviético, manifestó la semana pasada que se necesitan medidas eficaces contra la propaganda occidental. Grishin subrayó la necesidad de mantener una "lucha decidida" contra los rumores enemigos.
Los contactos entre ciudadanos soviéticos y extranjeros se han visto dificultados en los últimos tiempos con medidas de tipo diverso que se extienden a distintos ámbitos de relación, según afirman en Moscú fuentes dignas de crédito. Entre los datos económicos que permanecen en se creto figuran los resultados de la cosecha de cereales de 1982 y 1983, pese a que, en teoría, estos datos no son confidenciales.
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